LA SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. DECLARACIÓN CONJUNTA PARA LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIAL POR LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, comúnmente conocida como Ley de Dependencia, ha supuesto un avance importantísimo en la consolidación del Estado Social, en cuanto reconoce un nuevo derecho de ciudadanía, enriqueciendo, así, la cohesión social. Estamos, en definitiva, ante uno de los principales retos de la política social de nuestro país, y en concreto de nuestra Comunidad de Madrid.
Por otra parte, el Sistema de Atención a la Dependencia tiene su anclaje en el Sistema de Servicios Sociales aportando un derecho de carácter subjetivo y, por tanto, reclamable, poco habitual en el ámbito de los servicios sociales. La incorporación de este nuevo derecho debe favorecer el desarrollo de los sistemas de servicios sociales no sólo en términos cuantitativos sino que debe aportar un cambio imprescindible en la concepción de los mismos, rompiendo definitivamente con su carácter asistencial.
Sin embargo, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, miles de personas están esperando que su derecho les sea reconocido. Una lenta y desesperante espera que en la Comunidad de Madrid sobrepasa, de media, los 18 meses. Estamos hablando de un derecho, un derecho que no se está aplicando a multitud de ciudadanas y ciudadanos.
La aplicación de la Ley está siendo desigual entre las Comunidades Autónomas. Recordemos que el Estado de las autonomías implica, entre otras cosas, que gran parte de las competencias de carácter social se encuentren en el ámbito de las Comunidades Autónomas y que el destino de estos recursos públicos sea decisión, en buena medida, de la Comunidad Autónoma. Según datos del IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, publicado en diciembre de 2009,: “una tercera parte de la población española vive en comunidades autónomas en las que existe una falta de voluntad institucional de implantar el Sistema, por lo que muchos de sus ciudadanos en situación de dependencia no pueden beneficiarse aún de las prestaciones y servicios que ya son una realidad en otras comunidades”, en concreto la Comunidad de Madrid ocupa los últimos puestos en todos los indicadores en relación con la implantación y desarrollo de la Ley en nuestra región. De esta forma y según los últimos datos disponibles, en términos de solicitudes registradas, Madrid representa el 1% frente al 2,48% de la media nacional. Si tenemos en cuenta el volumen de personas dictaminadas, la región registra un 1% y España el 2,24%. La situación es igualmente preocupante si analizamos el indicador de personas beneficiarias con derecho a prestación donde la media nacional supone 1,08% y la Comunidad de Madrid alcanza el 0,43%.
Por otro lado hay que destacar que la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia no sólo supone un derecho para las personas en situación de dependencia y sus familias, sino que, la implantación de dicha Ley tiene su impacto en materia de empleo. Su desarrollo debería suponer una mejora sustancial de la calidad del empleo de los sectores de atención a la dependencia (en torno a 40.000 trabajadores y trabajadoras), empleos caracterizados por un alto grado de precariedad laboral, baja cualificación, ratios excesivas y salarios bajos. Es indudable que esta mejora redundaría en mejora de la calidad asistencial. Además, el desarrollo efectivo de la Ley debería suponer la creación de al menos 50.000 nuevos puestos de trabajo convirtiéndose en un sector estratégico para la salida de la crisis y un elemento esencial en la articulación de un nuevo modelo productivo en la región.
La Ley de Atención a la Dependencia no puede ser objeto de confrontación política sino de cooperación y su aplicación es una obligación y una necesidad. El consenso y apoyo que alcanzó la Ley en el marco parlamentario debe ser el elemento que caracterice su desarrollo en Madrid sobre la base de la colaboración y la lealtad entre las Administraciones implicadas.
Para CCOO de Madrid, la UGT de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y CECUMadrid, que, desde distintas perspectivas, venimos asistiendo a la trayectoria, desarrollo e implantación que la Ley de Dependencia está teniendo en todo el ámbito de nuestra Comunidad, vemos imprescindible la creación de este OBSERVATORIO SOCIAL POR LA DEPENDENCIA cuyo objetivo será informar a la ciudadanía madrileña, analizar y reflexionar sobre la realidad regional, recoger y realizar las propuestas y denuncias sociales necesarias ante el reiterado incumplimiento de la Ley de Dependencia. El OBSERVATORIO SOCIAL POR LA DEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID nace con una vocación positiva, abierta a la participación de otras organizaciones, entidades y personas interesadas en que este derecho sea una realidad en nuestra región.
Para una eficaz y efectiva aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad de Madrid
PROPONEMOS:
• Negociación y desarrollo de un Plan Director para la implementación de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, en el marco del Consejo de Madrid. Plan de choque para la construcción de residencias y centros de Día públicos para atender a las nuevas necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia con dotación presupuestaria necesaria para disponer de los servicios y prestaciones de carácter público que contempla la Ley.
• Modificar la normativa regional reguladora del procedimiento para la atención a la dependencia. La normativa deberá atender a la legalidad vigente y situar la protección de las personas como eje central de su contenido. Desde el Observatorio se instará a la reclamación y demanda jurídica en los casos de incumplimiento de la Ley.
• Constitución del Comité Consultivo Regional con participación de los agentes económicos y sociales. Y creación de un Observatorio Permanente de la Dependencia que permita la elaboración de mapas de necesidades de cara a la previsión y adecuación de recursos y dispositivos de atención.
• Constitución de un Organismo Público de control e inspección de los servicios y centros de atención a la dependencia que operen en el territorio de la Comunidad de Madrid independientemente de la titularidad y modelo de gestión. Este organismo deberá estar dotado de los recursos humanos y técnicos suficientes.
• Compromiso para la articulación de un Sistema Regional de Atención a la Dependencia de titularidad pública, gestión directa y suficiente, dotándole de mecanismos que garanticen la calidad de los servicios y los centros en términos de ratios de personal, estabilidad en el empleo y formación y cualificación, entre otros. La participación de la iniciativa privada se entenderá como complementaria y subsidiaria de la gestión directa. Desarrollo de la Ley atendiendo a los criterios establecidos en la norma respetando los criterios de excepcionalidad y no generalizando los mismos, especialmente en lo referido a la cartera de prestaciones y servicios.
• Garantizar una gestión del sistema en la Comunidad de Madrid, transparente, informado y participado. Desarrollo de campañas de información y difusión de carácter general y accesible.
• Garantizar la participación de las Administraciones Locales en el desarrollo y gestión de la Ley en la Comunidad de Madrid articulando los mecanismos de colaboración, cooperación y financiación necesarios respetando en todo momento, los principios y criterios establecidos en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
• Negociación y aprobación de una normativa en materia de acreditación de empresas y entidades prestadoras de servicios, en la que se garantice la calidad del empleo como elemento imprescindible de calidad del servicio.
• Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia.
La atención a la dependencia
y el empleo
Potencial de creación de empleo y otros efectos económicos
de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
Ángel Rodríguez Castedo
Antonio Jiménez Lara
Documento de trabajo 159/2010
Ángel Rodríguez Castedo
Funcionario de carrera del cuerpo técnico de la Administración, ha sido director general del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), responsable de la elaboración del
Plan Gerontológico Nacional, secretario general del Consejo Económico y Social, responsable
de la elaboración del Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de
dependencia en España, miembro y secretario del Consejo Territorial del SAAD y presidente
de su Comisión Delegada, miembro del Comité Consultivo del SAAD y presidente de su
Comisión Permanente. Docente en diversos másteres universitarios y autor de diversos estudios
y publicaciones. En la actualidad es director adjunto de Promoción y Análisis de
Proyectos de SEPIDES, empresa del grupo SEPI.
Antonio Jiménez Lara
Sociólogo y antropólogo social, se ha especializado en el análisis de políticas sociales en los
ámbitos de la discapacidad, el envejecimiento y la atención a la dependencia. Con amplia
experiencia docente e investigadora, colabora, entre otras instituciones, con la Fundación
ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Observatorio Estatal de la
Discapacidad. Participó en la elaboración del Libro Blanco sobre la atención a las personas
en situación de dependencia en España.
Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida,
grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento,
ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro,
sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas.
© Fundación Alternativas
© Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
ISBN: 978-84-92957-12-5
Depósito Legal: M-14144-2010 Impreso en papel ecológico
Contenido
Resumen ejecutivo .............................................................................................................................................................................................................................................................. .. . 5
Introducción............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
1 Las nuevas necesidades sociales y el empleo ............................................................................................................................................. 14
1.1 El proceso acelerado de envejecimiento de la población................................................................................................ 14
1.2 Las discapacidades generan dependencia en todas las edades.............................................................................. 17
1.3 Los cambios en el modelo de familia y la incorporación de la mujer al trabajo
reducen la disponibilidad de apoyo informal......................................................................................................................................... 18
1.4 Incidencia sobre el gasto público..................................................................................................................................................................................... 18
1.5 La protección de la dependencia y el empleo ....................................................................................................................................... 20
2 El impacto real de la implantación del SAAD en el empleo en los tres primeros
años de aplicación ................................................................................................................................................................................................................................................... 25
2.1 Nivel de implantación del SAAD al finalizar 2009.................................................................................................................... 25
2.2 Impacto constatable sobre el empleo....................................................................................................................................................................... 26
3 Potencial de generación de empleo del SAAD ....................................................................................................................................... 31
3.1 Estimación del número de personas en situación de dependencia a 31/12/2011 y
31/12/2015.............................................................................................................................................................................................................................................................. 31
3.2 Criterios de asignación de recursos............................................................................................................................................................................. 34
3.3 Ratios de personal por usuario atendido........................................................................................................................................................... 36
3.4 Estimación de la potencialidad de creación de empleo ...................................................................................................... 38
4 Impactos sobre el empleo y el crecimiento económico derivados de factores
asociados a una adecuada implantación del SAAD ...................................................................................................................... 42
4.1 Coordinación entre el SNS y el SAAD............................................................................................................................................................... 42
4.2 Integración del SAAD en el Sistema de Servicios Sociales...................................................................................... 46
4.3 Nuevas tecnologías en la atención a la dependencia................................................................................................................ 49
4.4 Servicios de atención a la dependencia para extranjeros mayores de 65 años
residentes en España................................................................................................................................................................................................................................. 51
4.5 Otros efectos sobre el empleo................................................................................................................................................................................................. 56
4.6 Retornos económicos y sociales......................................................................................................................................................................................... 58
5 Conclusiones............................................................................................................................................................................................................................................................................ 61
3
La atención a la dependencia y el empleo
4
6 Propuestas.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 66
6.1 Carácter prioritario de los servicios ........................................................................................................................................................................... 68
6.2 Suficiencia y sostenibilidad financiera................................................................................................................................................................. 71
6.3 Marco claro y estable de colaboración público-privada.................................................................................................... 73
6.4 Reequilibrio de prestaciones ante el excesivo peso de la prestación económica
de cuidados familiares........................................................................................................................................................................................................................... 74
6.5 Mayor desarrollo del servicio de ayuda a domicilio ................................................................................................................ 76
6.6 Calidad y SAAD................................................................................................................................................................................................................................................. 77
6.7 Mejora de la cualificación y de la calidad de empleo............................................................................................................ 78
6.8 Necesaria y urgente coordinación sociosanitaria............................................................................................................................. 79
6.9 SAAD y medio rural ................................................................................................................................................................................................................................. 80
6.10 Promoción de la innovación tecnológica..................................................................................................................................................... 82
6.11 Debate social sobre las cuestiones vinculadas a la edad avanzada ........................................................ 82
Bibliografía.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 84
Índice de Gráficos y Tablas................................................................................................................................................................................................................................. 86
Siglas y abreviaturas
AEVAL Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
BOE Boletín oficial del Estado
CNAE Clasificación nacional de actividades económicas
EDAD Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia 2008
EDDES Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999
EPA Encuesta de Población Activa
EUROSTAT Oficina Estadística de la Unión Europea
FEDEA Fundación de Estudios de Economía Aplicada
ICO Instituto de Crédito Oficial
IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios Sociales
INE Instituto Nacional de Estadística
IPC Índice de precios al consumo
IRPF Impuesto sobre la renta de las personas físicas
IVA Impuesto sobre el valor añadido
LAPAD Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia
LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
MEPSYD Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PIA Programa individual de atención
PIB Producto interior bruto
PROCARE Proyecto Providing integrated health and social care for older persons. Issues, problems
and Solutions
SAAD Sistema de autonomía y atención a la dependencia
SAD Servicio de Ayuda a Domicilio
SEPI Sociedad Española de participaciones Industriales
SISAAD Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
SNS Sistema Nacional de Salud
UE Unión Europea
resumen ejecutivo 5
La atención a la dependencia y el empleo
Ángel Rodríguez Castedo
Ex director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO)
Antonio Jiménez Lara
Sociólogo
La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia (LAPAD), ha creado un nuevo derecho de ciudadanía que da
respuesta a las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyo para
desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía
personal y poder ejercer plenamente sus derechos.
Además de responder a una urgente necesidad social, la LAPAD supone una importante
oportunidad para crear actividad económica sostenible y generar empleo, pues la atención
a la dependencia se concreta, fundamentalmente, en actividades de cuidados personales,
muy intensivas en trabajo. En un momento en el que el empleo debe convertirse
en la gran prioridad, dedicar recursos al desarrollo e implantación de las infraestructuras
y servicios que garantiza la LAPAD es una de las mejores formas de contribuir a conseguir
un modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible de creación de empleo estable
y cualificado.
En este informe se analizan las transformaciones sociales que han convertido la dependencia
en una de las necesidades sociales más importantes de nuestro tiempo; se constata
el impacto real que la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD) ha tenido sobre el empleo en sus tres primeros años de aplicación;
se analiza el potencial de generación de empleo derivado de su implantación; se describen
el impacto sobre el empleo y el crecimiento económico derivados de diversos factores
asociados a una adecuada implantación del SAAD y se ofrecen una serie de propuestas
concretas dirigidas a hacer posible el aprovechamiento del enorme potencial de creación
de empleo y de riqueza que tiene la atención a la dependencia. Las propuestas se
articulan en torno a los siguientes ejes:
• Recuperar el carácter prioritario de los servicios, que es uno de los principios
inspiradores de la LAPAD.
• Garantizar la suficiencia y sostenibilidad financiera del SAAD.
• Establecer un marco claro y estable de colaboración público-privada en la provisión
y desarrollo de servicios de atención a la dependencia.
• Reequilibrar las prestaciones ante el excesivo peso de la prestación económica
de cuidados familiares.
• Impulsar un mayor desarrollo del servicio de ayuda a domicilio.
• Mejorar la calidad de atención del SAAD, la cualificación de los profesionales
y la calidad de empleo.
• Impulsar la coordinación socio-sanitaria.
• Mejorar la aplicación de la LAPAD en el medio rural, bajo la premisa de desplazar
servicios en vez de personas.
• Fomentar la innovación tecnológica en el sector de la atención a la dependencia.
• Promover un debate social sobre las cuestiones vinculadas a la edad avanzada
que permita definir el lugar que han de tener las personas de esta edad en nuestra
sociedad.
6
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
7
La atención a la dependencia y el empleo
Introducción
La atención de las necesidades de las personas en situación de dependencia es uno de los
grandes retos de la política social y económica de los países desarrollados y lo seguirá
siendo en los próximos años.
La demanda de cuidados para estas personas se ha venido incrementando de forma notable
en los últimos años y va a seguir aumentando a un fuerte ritmo durante las próximas
décadas como consecuencia de una combinación de factores de carácter demográfico,
médico y social, entre los que podemos destacar: el proceso acelerado de envejecimiento
de la población (en especial de los mayores de 80 años), las mayores tasas de supervivencia
de las personas afectadas por enfermedades crónicas y por alteraciones congénitas, y
las consecuencias derivadas de los altos índices de siniestralidad vial y laboral.
Este elevado crecimiento de la demanda coincide en el tiempo con la crisis de los sistemas
de apoyo informal que tradicionalmente han venido dando respuesta a las necesidades
de cuidados. Una crisis motivada, fundamentalmente, por los cambios en el modelo
de familia y la creciente incorporación de las mujeres al mundo laboral, que pone de
relieve la necesidad de revisar el sistema tradicional de atención (cuidados a cargo de
familiares) y asegurar una prestación de servicios profesionalizada.
La inmensa mayoría de los ciudadanos europeos (como ponen de manifiesto una y otra
vez los eurobarómetros) considera que la protección social es uno de los grandes logros
del modelo europeo de sociedad. La aparición de nuevas necesidades sociales ha de suponer
en este contexto la consolidación de nuevos derechos sociales y al igual que ha ocurrido
con el derecho a las pensiones, a la educación y a la sanidad, la universalización del
derecho a los servicios sociales ante las situaciones de dependencia. Y así como se ha desarrollado
el Sistema de Pensiones, el Sistema Educativo y el Sistema de Salud, debe desarrollarse
el Sistema de Servicios Sociales, como cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Así lo ha entendido también la sociedad española. El gran acuerdo social y político existente
en nuestra sociedad sobre esta cuestión tuvo como fruto la aprobación, en diciembre
de 2006, de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que supone la puesta en marcha de
un nuevo sistema de protección y la aplicación de un nuevo derecho de los ciudadanos.
Afrontar el problema de la atención a las personas en situación de dependencia, además
de ser una responsabilidad social y política ineludible, es una oportunidad económica que
España tiene que aprovechar. La LAPAD es, por ello, una ley de primer orden no sólo
de política social, sino también de política económica.
A partir de la aprobación de la Ley y de la puesta en marcha del proceso de implantación
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se abre en nuestro país
un nuevo escenario económico y social, mediante la creación de infraestructuras y servicios,
que supondrá la asignación de un importante volumen de recursos presupuestarios
adicionales de las administraciones públicas, una importante inversión por parte del sector
privado, la contribución por parte del beneficiario en el coste del servicio, decenas de miles
de nuevos empleos directos... Todo ello conlleva la aparición de expectativas que afectarán
a las decisiones de inversión, y el surgimiento de un importante mercado de servicios de
provisión pública y privada ante la fuerte demanda que se generará y la insuficiente oferta
existente. Supone, además, la consolidación de un nuevo sector de actividad que será motor
de crecimiento económico, mejorará la competitividad de nuestro tejido productivo y tendrá
un importante impacto económico y social. Destacamos algunos de sus efectos:
• La creación de empleo es, a medio y largo plazo, uno de los elementos fundamentales
de la puesta en marcha de la Ley, pues, por un lado, la atención a las personas en
situación de dependencia se concreta fundamentalmente en actividades de cuidados
personales y, por otro, en servicios sociales, como reiteradamente señalan la Comisión
Europea y otros organismos internacionales, son uno de los sectores más intensivos en
trabajo y constituyen uno de los yacimientos de empleo más importantes.
• La inversión en servicios sociales genera importantes retornos económicos (ahorro en prestaciones
de desempleo, incremento de la recaudación por cotizaciones sociales y de los ingresos
fiscales, vía IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades) y confirma que el gasto social
contribuye de forma importante a la generación de actividad económica y de empleo.
• La optimización de recursos que se opera en la prestación de servicios. Por citar un
ejemplo, una cama/día en el Sistema Nacional de Salud (cure) tiene un coste medio
aproximado de quinientos euros. En el SAAD (care) este está entre sesenta y noventa
euros según tipología y necesidades de atención. Se produce, pues, una importante
mejora de la eficiencia del gasto, al reducir o hacer innecesarias las estancias de
pacientes que podrían ser tratados mediante recursos alternativos.
• Los servicios sociales españoles tienen con esta Ley una magnífica oportunidad para
su indispensable transformación general en un auténtico sistema de protección, además
de una ocasión inmejorable para elevar sus estándares de calidad, sus equipamientos
y la formación y condiciones de trabajo de sus profesionales.
• El desarrollo e implantación del SAAD nos va a exigir caminar hacia la convergencia
con los países de la Unión Europea más desarrollados en términos de protección social
y en la equiparación de tasas de actividad y de empleo.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
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La LAPAD afecta a una gran cantidad de ámbitos sociales, y tiene importantes implicaciones
jurídicas, políticas, sociales y económicas. Entre sus señas de identidad más relevantes,
cabe destacar:
• Establece un nuevo derecho social. En sus artículos 1.1, 4.1 y 4.2.j) garantiza un
nuevo derecho subjetivo en nuestro ordenamiento jurídico y por primera vez en el
ámbito de los servicios sociales, en la línea de cómo se garantizan los servicios educativos,
las prestaciones sanitarias y las pensiones en nuestro país.
• La Ley ofrece a las personas en situación de dependencia las garantías propias de un
derecho subjetivo perfecto: los requisitos están definidos, los servicios y prestaciones
a los que se tiene derecho están determinados, existe un procedimiento formalizado de
valoración y reconocimiento del derecho que termina en una resolución susceptible de
ser recurrida. De la misma manera, la Ley genera un marco de seguridad jurídica a los
prestadores de servicios sociales que ya operan dentro del sector o desean incorporarse
al mismo.
• Para hacer efectivo este nuevo derecho, la LAPAD crea el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD), que sirve de cauce para la colaboración y participación
de todas las administraciones públicas y de los demás agentes implicados,
optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y se configura como una red de
utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos y
privados. La coordinación y cooperación entre unos y otros va a ser un elemento fundamental
en su proceso de desarrollo e implantación. Para la articulación del Sistema,
la Ley crea el Consejo Territorial del SAAD, en la línea del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
• Homogeneiza el procedimiento y las técnicas de valoración. Todas las personas tienen
la misma puerta de entrada en el Sistema. El procedimiento de valoración está
orientado a lograr la mayor objetividad y a garantizar la equidad en el acceso a los servicios
y prestaciones en todos los territorios del Estado. Debe ajustarse a unos criterios
básicos de actuación, a unas características comunes de composición de los
órganos de valoración y a un baremo único. La legislación relativa al baremo es competencia
del Estado.
• Implanta un catálogo de servicios y prestaciones. Las prestaciones que establece la
LAPAD pueden ser servicios o prestaciones económicas. Regula que los servicios tienen
carácter prioritario frente a las prestaciones. Además, establece ayudas económicas
para facilitar la autonomía personal (ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar)
y determina un tratamiento específico para los menores de tres años.
• Enfatiza la calidad y fomenta la mejora continua de los recursos del Sistema. Son instrumentos
de mejora y eficacia, pero también de cohesión y garantía de la equidad
La atención a la dependencia y el empleo
9
interterritorial. Plantea, para ello, tres grandes líneas de actuación: la tecnificación del
SAAD, a través de la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión y a los cuidados
de las personas en situación de dependencia; su profesionalización, mediante la
cualificación profesional y la mejora de las condiciones laborales; la acreditación y
normalización de los recursos de la Red (indicadores, estándares, guías de buenas
prácticas, cartas de servicio, etc.).
En suma, estamos ante una Ley que mejora sustancialmente la atención a las personas en
situación de dependencia, aumentando su calidad de vida y la de sus familiares, dando
respuesta a una de las demandas más importantes de nuestra sociedad, que amplía los
derechos de los ciudadanos fortaleciendo las redes y las estructuras de protección social
y económica y que ha logrado en torno a ella un acuerdo parlamentario y social ampliamente
mayoritario que la convierte en un proyecto de todos, en un proyecto de país.
Ante el ingente proyecto de país (para cuyo desarrollo la propia Ley establece un período
de 8 años) que hay detrás de la puesta en marcha de las infraestructuras y los servicios previstos
en la LAPAD, es necesario sumar esfuerzos en la enorme labor necesaria para afrontar
este reto de la sociedad española que requiere la movilización de importantes recursos
económicos y humanos y del empeño y compromiso de múltiples agentes económicos y
sociales que están llamados a coincidir en el desarrollo y consolidación del nuevo sector.
Los efectos esperados de una aplicación eficaz de la LAPAD trascienden el ámbito de la
política social. Esta medida, no lo olvidemos, forma parte de la agenda de reformas
estructurales a favor de un mayor crecimiento económico y mejores niveles de empleo a
medio y largo plazo en nuestro país. En concreto, la medida se incluye dentro del
Programa Nacional de Reformas presentado por España en el año 2005 en el marco de la
agenda renovada de Lisboa, en el que se establece que la LAPAD “contribuirá a promover
la conciliación de la vida personal y profesional, desarrollará nuevas fuentes de
empleo y contribuirá a un incremento sustancial del nivel de ocupación, al elevar el
empleo y la tasa de actividad femenina” (Ministerio de la Presidencia, 2005:127).
Igualmente, es necesario tener en cuenta que el proceso de implantación de la LAPAD está
coincidiendo con una etapa especialmente difícil derivada de la profunda crisis financiera
iniciada en el verano de 2007 en Estados Unidos que, inmediatamente, se convirtió en crisis
financiera global con unas consecuencias bien conocidas. Esta crisis ha tenido un gran
impacto en todas las economías del mundo y, consecuentemente, en los niveles de empleo.
En España, a mediados de 2008, los efectos de la crisis comenzaron a sentirse claramente
en el mercado laboral. Desde entonces, en sólo seis trimestres, la ocupación ha bajado en
1.756.400 personas, un descenso del 8,6%. El número de desempleados EPA se ha incrementado
en 1.945.400 personas entre el segundo trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de
2009, situándose en los 4.326.6001, lo que supone una tasa de desempleo del 18,8%.
1 Ésta es la cifra de desempleados estimada por la EPA. El paro registrado en diciembre de 2009
ascendía a 3.923.603 desempleados.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
10
Afortunadamente, los gobiernos y los bancos centrales de las economías más avanzadas
se han empleado a fondo en la lucha contra la crisis, pues la magnitud de los fallos del
mercado financiero y de las entidades de supervisión así lo exigía. España contaba en
2007 con un superávit en sus cuentas públicas superior al 2% y una deuda del 38% del
PIB. En 2009, las finanzas públicas han registrado un déficit del 11,4%, y la deuda pública
se ha situado en el 55,2% del PIB. Estos datos permiten apreciar el gigantesco esfuerzo
fiscal realizado estos dos últimos años, empleado en sacar a nuestro país de la
profunda recesión mundial (planes de estímulo) y en sostener el sistema financiero (planes
de rescate).
No es fácil conjeturar cuál habría sido la situación de la economía mundial si los gobiernos
no hubiesen tomado cartas en el asunto. ¿Qué tipo de desastre hubiese ocurrido en
nuestro país si no se hubieran utilizado en torno a 13 puntos de déficit y más de 17 puntos
de deuda en apuntalar la situación?
No debemos olvidar lo que ha sucedido. Esta crisis debería servir para desterrar definitivamente,
entre otras cosas, el fundamentalismo del mercado como paradigma y la fe
ciega en la bondad de la autorregulación y en la eficiencia de los mercados financieros.
Las zonas de sombra en las que se ha movido la actividad bancaria han de desaparecer
para dejar paso a una estricta supervisión.
Es urgente, por tanto, cambiar de valores y de modelos de crecimiento y de asignación
de recursos y no sólo tomar medidas coyunturales, si no queremos estar condenados a
repetir cíclicamente situaciones de profundas crisis cada vez más destructivas.
La exigencia de la lucha contra la inflación presidió el modelo económico de los últimos
años. Hoy, la lucha contra el paro debería, por el contrario, dar lugar a un nuevo modelo
económico. Hay muchos expertos y responsables políticos y sociales que están convencidos
de que no es justo que un incremento de la productividad y de la riqueza como
el que se ha producido en España entre 1998 y 2008 conviva con la persistencia del alto
diferencial del porcentaje del PIB destinado a protección social y de una tasa de desempleo
tan elevada sin que haya habido un proceso paralelo de creación de más empleo
estable, cualificado y mejor retribuido acorde con la productividad y riqueza generadas
(Gráfico 1 y véase Tabla 2).
Para ello es urgente hacer del empleo la gran prioridad, desde la convicción de que sí podemos
hacerlo. Si concentramos nuestro esfuerzo en los sectores con mayor potencial de
generación de empleo, si orientamos los recursos hacia los sectores más intensivos en trabajo,
si cambiamos el actualmodelo de crecimiento que crea con gran facilidad empleo precario,
temporal y poco cualificado y que lo expulsa del mercado con la misma facilidad y
rapidez, podremos luchar eficazmente contra el desempleo y, consecuentemente, contra el
malestar y el desencanto ante una sociedad que nos niega lo que nos exige: un trabajo.
La atención a la dependencia y el empleo
11
En este contexto, es necesario que las proclamas de los responsables políticos y de los
representantes de intereses económicos y sociales y las manifestaciones de medios y
expertos cuando declaran: “que el paro es nuestro problema más acuciante”, “que todas
las medidas y todos los instrumentos se deberían juzgar en función de si aseguran el trabajo
existente y crean nuevo trabajo”, “que es más importante financiar el trabajo que
tener que pagar el desempleo”, se concreten en medidas verificables. La realidad
demuestra más bien que hay mucha retórica y que las auténticas prioridades son, para
unos, salir de la crisis sin afrontar las causas, para otros, seguir incrementando su excedente
y, para la mayoría, contribuir lo menos posible a soportar las cargas generales, aunque
sin renunciar a exigir que este problema sea resuelto… por otros, sin que suponga la
mínima reducción de su estándar particular de vida.
Si de verdad se quiere profundizar en el núcleo del problema, y no solamente corregir
parcialmente los resultados, forzosamente ha de incidirse en las formas del crecimiento
económico y en el reparto de los beneficios de la productividad.
Gráfico 1. Evolución del paro registrado y porcentaje de variación anual del PIB
en España entre enero de 1996 y diciembre de 2009
Fuentes: Paro registrado: Movimiento Laboral Registrado. Ministerio de Trabajo e Inmigración..
Variación PIB: Contabilidad Nacional Trimestral de España, base 2000. INE. Banco de datos TEMPUS.
Número de parados
Porcentaje de variación
interanual PIB
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
Enero
1996
Enero
1997
Enero
1998
Enero
1999
Enero
2000
Enero
2001
Enero
2002
Enero
2003
Enero
2004
Enero
2005
Enero
2006
Enero
2007
Enero
2008
Enero
2009
Paro registrado Incremento interanual PIB
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
12
En esta dirección de conseguir un modelo de crecimiento más equilibrado, más sostenible
y más intensivo en creación de empleo estable, más cualificado y no deslocalizable
está el desarrollo e implantación de las infraestructuras y servicios que garantiza la
LAPAD. Además de cumplir con el mandato de la Ley de atender las necesidades de las
personas en situación de dependencia y de sus familias, se conseguiría, dada su potencialidad
de generación de empleo, la creación de decenas de miles de puestos de trabajo.
Sobre ello vamos a tratar en el presente informe.
La atención a la dependencia y el empleo
13
1. Las nuevas necesidades sociales y el empleo
La atención a la dependencia demanda respuestas urgentes y sostenibles económicamente.
La LAPAD constituye, dentro de un Estado de derecho, la mejor respuesta a las nuevas
necesidades que surgen de las transformaciones sociales que se están produciendo en
las últimas décadas y, en particular, del proceso acelerado de envejecimiento de la población,
de los cambios en la estructura familiar y de la incorporación de la mujer al trabajo,
determinando, mediante la consolidación de nuevos derechos sociales, la creación de nuevas
infraestructuras y servicios que generarán decenas de miles de puestos de trabajo.
La atención a la dependencia es, sin duda, la necesidad social más importante que se ha
generado como resultado de esas transformaciones. Desde la década de los noventa del
siglo XX, la dependencia y su protección pública han ido adquiriendo cada vez más relevancia
en la agenda social y política de todos los países de la Unión Europea, como prueban
los numerosos estudios e investigaciones que se han realizado sobre la materia. A este
respecto, es referencia obligada el estudio encargado por la Comisión Europea en 1996 y
coordinado por la Universidad de Lovaina para analizar los sistemas de protección social
de las personas en situación de dependencia en los Estados miembros y en Noruega
(Pacolet et al., 2000). Asimismo, hay que destacar como prueba del interés por el tema el
hecho de que, desde 1998, los informes anuales de la Comisión sobre la protección social
en Europa dedican un capítulo específico al análisis de los cuidados de larga duración.
Como señala el Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de dependencia
en España (IMSERSO, 2005), en el debate existente en todos los países desarrollados
sobre la atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias, pueden destacarse
dos variables fundamentales; por un lado, la necesidad de responder al reto que
plantean el progresivo envejecimiento de la población y los cambios y transformaciones
en las estructuras familiares y sociales, y, por otro, las consecuencias que la protección de
las situaciones de dependencia tienen sobre el gasto público y sobre la creación de empleo
y de riqueza. A continuación analizaremos brevemente ambos aspectos.
1.1 El proceso acelerado de envejecimiento de la población
La prolongación de la expectativa de vida, una de las mayores conquistas sociales del
pasado siglo, se ha traducido en un aumento del número de personas mayores y, como
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
14
consecuencia, en un envejecimiento acelerado de la población. En España, la esperanza de
vida al nacer es actualmente de 81 años (77,8 años para los varones y 84,1 para las mujeres);
la esperanza de vida adicional a los 65 años es de casi 20 años (17,7 años para los
varones y 21,7 años para las mujeres), y a las personas que han alcanzado los 80 años les
restan todavía por vivir, como media, 9 años (7,9 años a los varones y 9,6 a las mujeres).
Para hacernos una idea de lo que se han incrementado las expectativas de vida en el último
siglo, baste decir que en 1900 la esperanza de vida al nacer era de 35 años (34 para los
varones y 36 para las mujeres); en 1950 de 62 años (60 los varones y 64 las mujeres), y
en 1975, de 74 años (70 los varones y 76 las mujeres).
Como resultado de ese incremento en las expectativas de vida, la población mayor española
ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento muy considerable. El número
de personas mayores de 65 años casi se ha duplicado en los últimos treinta años,
pasando de 4,2 millones de personas en 1970 (un 11,2% de la población total) a 7,8 millones
en 2009 (16,7% de la población total) (Tabla 1). Este aumento se ha debido, entre
otros factores, al mayor control de las enfermedades, a unas condiciones de vida más saludables
y, en general, al mayor bienestar económico y social alcanzado.
El envejecimiento de la población española va a continuar en los próximos años, en los
que la población mayor seguirá incrementándose de manera notable, a la vez que disminuirá
la proporción de jóvenes, como muestran las diferencias que se muestran en el
Gráfico 2 entre la pirámide de la población española en el año 2000 con la proyectada para
el año 2050.
Este proceso de envejecimiento está haciendo que aumente el número de personas que
necesitan cuidados de larga duración y recursos de atención adecuados a su nivel de
dependencia y su situación sociofamiliar. De hecho, todos los expertos que estudian las
Tabla 1. Evolución de la población mayor de 65, 75 y 80 años en España en el período
1981-2009 (datos absolutos y porcentajes sobre la población total)
1981
1991
2001
2009
4.236.724
5.370.252
6.958.516
7.780.830
11,2
13,8
17,0
16,7
1.577.311
2.200.571
3.021.083
3.951.758
4,2
5,7
7,4
8,5
1,9
3,0
3,9
4,7
725.131
1.147.868
1.580.322
2.213.955
Fuente: Elaboración propia a partir de los censos 1981, 1991 y 2001 y del avance de resultados del
padrón municipal para 1 de enero de 2009.
65 y más 75 y más 80 y más
Total personas % Total personas % Total personas %
La atención a la dependencia y el empleo
15
consecuencias del envejecimiento demográfico para las sociedades desarrolladas coinciden
en afirmar que uno de los problemas fundamentales es cubrir adecuadamente las necesidades
de cuidados y atención a las personas dependientes, cuyo número se está viendo
incrementado de forma muy notable como consecuencia del aumento de la población de
avanzada edad.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que este intenso proceso de envejecimiento no
debe ser considerado sólo como un problema, sino también como una oportunidad social
que es necesario aprovechar. El envejecimiento de la población es la expresión de un logro
humano: vivimos más y vivimos mejor. Constituye una de las transformaciones sociales
más importantes producidas en las últimas décadas. Pero es también un reto al que es
necesario dar respuesta desde las administraciones y desde el conjunto de los agentes económicos
y sociales. Se trata de un reto complejo, pues el incremento del número de personas
mayores y las necesidades crecientes de atención derivadas de ese crecimiento
coinciden en el tiempo con una crisis de los sistemas de apoyo informal que han venido
dando respuesta a esas necesidades, crisis motivada por otras dos grandes transformaciones
sociales producidas en el último tercio del siglo pasado: el cambio en el modelo de
familia y la creciente incorporación de las mujeres al mundo laboral.
Gráfico 2. Pirámides de población en España en 2000 y 2050
Fuente: INE. Proyecciones de población en base al censo de 2001. Escenario 1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
%
Edad
HOMBRES MUJERES
Edad
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 %
de población
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
2050 2000
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
16
1.2 Las discapacidades generan dependencia en todas las edades
Según la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia
2008 (EDAD, 2008), en España hay más de 4,1 millones de personas con diversos niveles
de discapacidad (un 9% de la población), de las que en torno a 3,8 millones viven en
domicilios familiares y el resto en centros residenciales de distintos tipos. La encuesta
muestra que la prevalencia de las situaciones de discapacidad está fuertemente relacionada
con la edad, pues se mantiene por debajo del 5% hasta los 40 años, supera el 10% a los
60 y se sitúa en torno al 40% a los 80. Como resultado, seis de cada diez personas con discapacidad
tienen más de 65 años (Gráfico 3).
El 74% de las personas con discapacidad afirma tener dificultades de diverso grado para
realizar las actividades básicas de la vida diaria. Cuando estas dificultades son severas
impiden que la persona pueda resolver por sí misma sus necesidades cotidianas y hacen
que necesite la ayuda de otras personas para poder llevar una vida digna. Casi 1,4 millones
de personas residentes en domicilios particulares tienen, de acuerdo con la EDAD
2008, dificultades que les impiden realizar alguna actividad básica de la vida diaria sin
ayuda. Aunque esas situaciones se dan en todas las edades, el número de personas con discapacidad
se incrementa con los años: dos tercios de las personas con algún grado de discapacidad
para actividades de la vida diaria tienen más de 65 años.
La atención a la dependencia y el empleo
17
Gráfico 3. Pirámide de la población española total y con discapacidad
Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008.
80-84
70-74
60-64
50-54
40-54
30-34
20-24
10-14
0-4
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Varones con discapacidad
Mujeres con discapacidad
Varones (Pobl. Total)
Mujeres (Pobl. Total)
1.3 Los cambios en el modelo de familia y la incorporación de la mujer
al trabajo reducen la disponibilidad de apoyo informal
Tradicionalmente, han sido las familias las que han asumido el cuidado de las personas
dependientes, a través de lo que ha dado en llamarse “apoyo informal”. Para ser más exactos,
habría que puntualizar que esa función ha recaído y recae, casi en exclusiva, en las
mujeres del núcleo familiar, en las madres, cónyuges, hijas o hermanas de las personas
dependientes y, entre éstas, en las mujeres de mediana edad, sobre todo en el grupo comprendido
entre los 45 y los 69 años.
El incremento cuantitativo de las situaciones de dependencia, motivado por el envejecimiento
de la población y por los cambios en el perfil de morbilidad, coincide en el tiempo
con cambios importantes en el modelo de familia y con la incorporación progresiva de
la mujer al mercado de trabajo, fenómenos ambos que están haciendo disminuir sensiblemente
la capacidad de prestación de cuidados informales, haciendo que el modelo de
apoyo informal, que ya ha empezado a entrar en crisis, sea insostenible a medio plazo,
pues cada vez existen menos mujeres en edad de cuidar y más personas que precisan cuidados
de larga duración, y esta brecha se está incrementando con el paso de los años.
La atención de las situaciones de dependencia no es sólo una necesidad real, sino que además,
es percibida como apremiante por un número creciente de ciudadanos. La mayor
parte de los mayores dependientes vive con sus familias, que experimentan grandes dificultades
para proporcionarles la atención que necesitan. Como ya se ha indicado, en la
mayor parte de los casos, los cuidados los prestan las mujeres de la familia en edad laboral,
que encuentran con ello un obstáculo más para su acceso al empleo.
1.4 Incidencia sobre el gasto público
Uno de los temas centrales en el debate europeo en torno a la protección de las situaciones
de dependencia, como una ampliación del Estado de Bienestar, es la incidencia que
tendrían las nuevas prestaciones y servicios en el gasto público, máxime en los momentos
de profunda crisis en que estamos, que podrían servir a algunos para cuestionar la ampliación,
o los márgenes de la ampliación, de los servicios y prestaciones que supone el desarrollo
de la LAPAD. Es precisamente en momentos como el presente cuando los
poderes públicos y todos los agentes económicos y sociales deben plantearse qué asignación
de recursos se realiza a corto y especialmente a medio y largo plazo en función del
nuevo modelo de crecimiento que se pretende conseguir.
El objetivo de construir el SAAD constituye un compromiso esencial de la LAPAD a
medio y largo plazo. En este sentido, los debates en torno a la sostenibilidad económica
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
18
Gráfico 4. Gasto social, por funciones, en porcentaje del PIB UE-15, UE-27 y España, 2007
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos en línea de Eurostat. Consultada en diciembre 2009.
7,4
7,6
6,4
10,0
10,2
6,5
2,0
2,1
1,6
1,7
1,7
1,9
1,3
1,3 2,4
2,0
2,1
1,2
0,6
0,6
0,2
0,3
0,3
0,3
Unión Europea (27)
Unión Europea (15)
España
Tabla 2. Gasto social, por funciones, en porcentaje del PIB, en la Unión Europea, 2007
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos en línea de Eurostat. Consultada en diciembre 2009.
Unión Europea (27)
Unión Europea (15)
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Luxemburgo
Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Enfermedad
7,4
7,6
7,4
6,5
8,0
7,2
6,7
6,4
8,7
6,7
4,9
8,7
7,1
6,6
6,5
7,6
7,6
Vejez
10,0
10,2
9,9
10,7
9,5
4,0
10,4
6,5
11,2
13,1
5,2
9,4
11,3
10,1
8,6
11,3
10,4
Discapacidad
2,0
2,1
1,8
4,2
2,0
1,0
1,2
1,6
1,8
1,5
2,3
2,5
2,2
2,3
3,1
4,4
2,4
Supervivencia
1,7
1,7
2,8
0,0
2,1
0,8
2,0
1,9
1,9
2,5
1,9
1,4
2,0
1,7
0,9
0,6
0,8
Desempleo
1,3
1,3
3,3
1,6
1,5
1,4
1,1
2,4
1,8
0,5
0,9
1,2
1,4
1,2
1,9
1,1
0,5
Familia e
infancia
2,0
2,1
2,0
3,7
2,8
2,6
1,5
1,2
2,5
1,2
3,2
1,6
2,8
1,2
2,9
3,0
1,5
Alojamiento
0,6
0,6
0,1
0,7
0,6
0,3
0,5
0,2
0,8
0,0
0,1
0,4
0,1
0,0
0,2
0,5
1,4
Exclusión
social
0,3
0,3
0,7
0,7
0,2
0,4
0,6
0,3
0,5
0,1
0,4
1,7
0,3
0,3
0,5
0,6
0,2
Total
25,2
25,9
28,0
28,1
26,7
17,6
23,8
20,5
29,0
25,5
19,0
26,8
27,1
23,4
24,6
29,0
24,8
La atención a la dependencia y el empleo
19
Enfermedad
Vejez
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Discapacidad
Supervivencia
Desempleo
Familia e infancia
Alojamiento
Exclusión social
del SAAD son recurrentes, como sucedió en su día con el Sistema Nacional de Salud, ante
las claras tendencias demográficas que van a provocar presiones crecientes sobre los sistemas
de protección social (pensiones, salud y cuidados de larga duración).
La asignación de recursos que se realice determinará el impacto sobre el crecimiento y la
actividad económica, sobre el empleo y el tipo de empleo y sobre el bienestar de la población.
Por ello, puede resultar clarificador tener en cuenta la asignación de recursos y el
peso sobre el PIB de los gastos sociales en la Unión Europea.
La Tabla 2 y el Gráfico 4 reflejan los datos relativos a los gastos en prestaciones sociales
por tipo de función en el año 2007. Se constata el gran diferencial existente entre España
y la media de la Unión Europea, tanto si se tienen en cuenta los 15 países que formaban
parte de la Unión antes de la ampliación como si la comparación se realiza con la media
de los 27 países que actualmente la componen. Si se quiere converger con la UE no sólo
hay que hacerlo en los indicadores económicos (déficit público, tasa de inflación, etc.),
sino también en los indicadores de gasto social.
1.5 La protección de la dependencia y el empleo
A) Situación del empleo
Desde que se inició la profunda crisis económica que estamos viviendo, la tasa de desempleo
en España se ha duplicado. Ese crecimiento del desempleo no responde sólo
a una situación coyuntural, sino que es reflejo de una debilidad estructural. Nuestra
economía, que fue una de las más dinámicas a la hora de crear empleo en la etapa
expansiva que se desarrolló hasta finales de 2007, ha sido también, con mucha diferencia,
la que más empleo ha destruido en los dos últimos años (básicamente, empleo temporal,
precario y poco cualificado).
El mantenimiento durante muchos años de cifras de paro elevadas, incluso en períodos
de importante crecimiento del PIB (véase Gráfico 1) es, sin duda, uno de los mayores
problemas estructurales de nuestro país. Resulta relevante, de cara al futuro, constatar
como el impacto sobre la destrucción de empleo afectó de distinta manera a unos u
otros países en función del modelo prioritario de crecimiento económico que tenían y
del modelo de asignación y distribución de recursos que practicaban. Este segundo
aspecto es muy importante para el objeto del presente informe (Gráfico 5).
De acuerdo con los últimos resultados de la Encuesta de Población Activa (cuarto trimestre
de 2009), la tasa de empleo para la población de entre 16 y 64 años (59,9%) se
sitúa cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea (el 64,8% en el segundo
trimestre de 2009), y más de 15 puntos por debajo de países como Holanda,
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
20
Noruega y Dinamarca. La tasa de temporalidad, a pesar de haber descendido significativamente
por la destrucción de empleo temporal, es todavía del 25,1%, casi el doble
que la media de la Unión Europea (el 13,8% en el tercer trimestre de 2009). Sólo un
13,3% de los ocupados en España trabaja a tiempo parcial, mientras que la media de
ocupados a tiempo parcial en la Unión Europea fue del 18,7% en el tercer trimestre de
2009, en algunos países, como Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia y el Reino
Unido supera el 25%, y en Holanda se registran tasas todavía superiores. El número de
parados EPA asciende a 4.326.500 (1.118.600 más que en el mismo trimestre del año
anterior y 2.152.400 más que en el primer trimestre de 2008), y el paro registrado supera
los 3,9 millones. La tasa de desempleo se sitúa en el 18,8% (frente a un 8,9% en la
Unión Europea en el tercer trimestre de 2009). En los menores de 25 años, la tasa de
desempleo alcanza el 39,1%.
Ante este escenario es esencial poner al empleo en el centro de la agenda política y
social. La decidida voluntad colectiva de asegurar unas mayores tasas de empleo es primordial
para generar riqueza e ingresos suficientes para mantener y poder ampliar los
actuales niveles de protección y para permitir la integración de la mayoría de los ciudadanos
en la actividad productiva y en la sociedad. Por eso se debe dar prioridad al
empleo y, a su vez, compatibilizar las políticas activas de empleo con las de protección
social, ya que son dos caras de una misma moneda. Como afirmó hace ya algunos años
Gráfico 5. Evolución de las tasas de desempleo en la Unión Europea y en España durante la
década del 2000 (datos referidos al segundo trimestre de cada año)
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos en línea de Eurostat. Consultada en diciembre 2009.
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,0
2000 (2T) 2001 (2T) 2002 (2T) 2003 (2T) 2004 (2T) 2005 (2T) 2006 (2T) 2007 (2T) 2008 (2T) 2009 (2T)
Unión Europea (27)
Unión Europea (15)
España
La atención a la dependencia y el empleo
21
el Libro Blanco sobre la Política Social Europea, si la creación de riqueza es esencial
para el progreso social, el entorno social también es un factor esencial para el desarrollo
económico.
B) Orientar los recursos y concentrar el esfuerzo en los sectores con mayor potencial
de generación de empleo
Todos los estudios y la realidad de los países que los han implantado constatan que el
desarrollo de los servicios ligados al cuidado de las personas dependientes supone un
importante potencial de generación de empleo.
En contra de lo que se suele pensar, las mayores diferencias en las tasas de empleo por
sectores de actividad entre España y la UE no se encuentran en los sectores industriales,
sino en el sector servicios y básicamente en los servicios de carácter comunitario.
Se trata de actividades muy intensivas en mano de obra y, por lo tanto, con un importante
impacto en la evolución del empleo.
Está muy extendida la consideración de que el futuro del empleo en España pivotará fundamentalmente
sobre las potencialidades que tiene el sector de los servicios en relación
con las nuevas necesidades y demandas sociales, máxime teniendo en cuenta los importantes
diferenciales en la prestación de estos servicios que tenemos como país en relación
con la media de los países más desarrollados de la Unión Europea (Tabla 3 y Gráfico 6).
Tabla 3. Empleo total en cada rama de actividad como porcentaje de la población en edad
de trabajar. UE-15, UE-27 y España. Segundo trimestre de 2009
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos en línea de Eurostat. Consultada en diciembre 2009.
Rama de actividad
Agricultura, silvicultura y pesca
Minería
Manufactura
Electricidad, gas y agua
Construcción
Distribución, transporte y almacenamiento
Hoteles y restaurantes
Información y comunicaciones
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias
Servicios empresariales
Servicios de carácter comunitario (Administración
pública, educación, salud y servicios sociales)
Cultura, entretenimiento y otros servicios
Otros y no consta
Total
UE-27
3,4%
0,3%
10,6%
1,0%
5,2%
12,7%
2,9%
1,9%
2,5%
5,7%
16,1%
3,4%
0,6%
66,1%
UE-15
2,0%
0,2%
10,1%
0,9%
5,2%
12,8%
3,2%
2,0%
2,7%
6,4%
17,3%
3,8%
0,8%
67,3%
España
2,5%
0,2%
8,1%
0,7%
6,2%
12,4%
4,6%
1,7%
1,8%
5,6%
12,3%
4,6%
0,0%
60,6%
Diferencia
España-UE-15
0,5%
0,0%
-2,0%
-0,2%
0,9%
-0,4%
1,5%
-0,4%
-0,9%
-0,8%
-5,0%
0,8%
-0,8%
-6,7%
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
22
La potencialidad de generación de empleo en España es, como vemos, muy visible respecto
a las nuevas demandas que han surgido como consecuencia de los cambios
demográficos, jurídicos, económicos y sociales, que demandan, por parte de la sociedad
española, más y mejores respuestas.
El sector de los servicios de proximidad es uno de los que ha contado y cuenta con
mayor potencial de generación de empleo en la Unión Europea. La Comisión Europea
ha afirmado reiteradamente que el incremento del empleo tendrá que conseguirse fundamentalmente
en el sector servicios, en concreto en los servicios de carácter comunitario
(sanidad y servicios sociales, educación, Administración pública…).
Dentro de estos servicios comunitarios, la tasa de empleo en España en el sector de la
sanidad y los servicios sociales (4,2%), en el que se incluyen los trabajadores ocupados
en la atención a la dependencia, está muy lejos no sólo de Dinamarca, que es el
país de la UE con mayor tasa (14,0%), sino también de la media de la UE-15 (7,4%) e
incluso de la media de la UE-27 (6,5%). Para homologarse a la media de la UE-15,
España necesitaría crear más de un millón de empleos en este subsector de sanidad y
servicios sociales. La mayoría de ellos correspondería al desarrollo e implantación
plena del SAAD, como luego veremos. El resto del Sistema de Servicios Sociales
Gráfico 6. Empleo total en cada sector como porcentaje de la población en edad de trabajar.
UE-15, UE-27 y España. Segundo trimestre de 2009
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos en línea de Eurostat. Consultada en diciembre 2009.
UE 15
UE 27
España
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Agricultura
Industria
servicios
2,2 %
3,6 %
2,7 % 15,0 % 43,0 %
16,8 % 45,6 %
16,2 % 48,9 %
La atención a la dependencia y el empleo
23
debería incrementar sustancialmente sus estructuras y su red de prestación de servicios
para que se pueda desarrollar adecuadamente el propio SAAD y para responder a las
demandas de servicios (atención a domicilio principalmente) de los ciudadanos que no
tengan derecho a las prestaciones y servicios del SAAD (Tabla 4).
Es evidente, por tanto, que el desarrollo de los servicios ligados a la respuesta a las nuevas
demandas sociales comporta enormes posibilidades en materia de creación de empleo.
La apuesta por ampliar el Estado de Bienestar es también una apuesta por el
empleo. Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo
sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del sector
de los servicios sociales, en el que el diferencial en relación con los países más
desarrollados es mayor.
Los recursos financieros que se dediquen a esta ampliación mediante la creación de
infraestructuras y servicios se estarán empleando en crear actividad económica y
empleo. Además, los retornos económicos que se consiguen con este tipo de actuaciones,
como han demostrado programas como el de Vacaciones para la Tercera Edad y
el de Termalismo Social, suficientemente consolidados y validados, confirman que la
inversión realizada para su puesta en marcha es productiva, porque han conjugado
varios objetivos simultáneamente (mayor calidad de vida para las personas, mayor
generación o mantenimiento de empleo y de actividad económica). Se crea empleo y,
con ello, se ahorran prestaciones de desempleo, se incrementa la recaudación de la
Seguridad Social y se ingresan nuevos recursos por la vía impositiva, haciendo visible
que la política económica y la política social son dos caras (crecimiento económico y
progreso social) de una misma moneda (el modelo europeo de sociedad).
Tabla 4. Empleo en los servicios de carácter comunitario, como porcentaje de la población
en edad de trabajar. (UE-27, UE-15, España y países de la UE con mayor tasa.
Segundo trimestre de 2009)
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos en línea de Eurostat. Consultada en diciembre 2009.
Sector
Sanidad y servicios sociales
Educación
Administración Pública
UE-27
6,5%
4,8%
6,0%
UE-15
7,4%
5,0%
4,9%
España
4,2%
3,8%
4,3%
14,0%
12,4%
7,9%
7,2%
8,3%
6,4%
(Dinamarca)
(Holanda)
(Suecia)
(Reino Unido)
(Luxemburgo)
(Francia)
Países de la UE con mayor tasa
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
24
2. El impacto real de la implantación del SAAD en el
empleo en los tres primeros años de aplicación
2.1 Nivel de implantación del SAAD al finalizar 2009
Finalizado 2009, de acuerdo con la información estadística facilitada por el SAAD, se
han presentado ya más de 1.275.000 solicitudes de valoración de las situaciones de
dependencia y se han emitido más de un 1.100.000 dictámenes, de los que 1.021.830
corresponden a personas que, a la fecha de referencia de los datos, continúan registradas
en el sistema (el resto son personas que han fallecido o causado baja por otras causas).
Alrededor de 745.000 de las personas con dictamen de valoración tienen una dependencia
de grado II o III, que son los que, en 2009, dan acceso a las prestaciones y servicios
del SAAD. 485.000 de estas personas ya están recibiendo alguna de esas prestaciones o
servicios (Tabla 5).
Las prestaciones de la LAPAD en vigor a 1 de enero de 2010 ascendían a 560.350. La
prestación reconocida a un mayor número de personas (280.013 beneficiarios) es la económica
para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, que,
a pesar de su carácter excepcional, se ha convertido, con diferencia, en la prestación más
“popular” del SAAD. Le siguen en importancia cuantitativa, de acuerdo con el número
de personas a las que se les ha reconocido, el servicio de atención residencial (98.941
beneficiarios, la mayoría de los cuales ya venían recibiendo dicha atención), el servicio
Tabla 5. Estado de implantación de la Ley de Dependencia a 1 de enero de 2010. Solicitudes,
dictámenes, prestaciones reconocidas y personas que las reciben
Fuente: Información Estadística del SAAD. Situación a 1 de enero de 2010.
Solicitudes
Dictámenes emitidos
Personas con derecho a prestación
Prestaciones reconocidas
Personas con prestaciones
Datos históricos acumulados
(desde el 1 de enero de 2007)
1.277.806
1.127.062
841.803
614.528
Personas registradas en el
Sistema a 1 de enero de 2010
1.141.608
1.021.830
743.596
560.350
485.526
La atención a la dependencia y el empleo
25
de ayuda a domicilio (59.576 beneficiarios), el de teleasistencia (51.450 beneficiarios),
la prestación económica vinculada al servicio (38.158 beneficiarios) y los centros de día
y noche (28.479 beneficiarios). El derecho a recibir los servicios de prevención de la
dependencia y de promoción de la autonomía personal o la prestación económica de asistencia
personal solo se ha reconocido a unas pocas personas en algunas comunidades
autónomas. La posibilidad de compatibilizar prestaciones hace que la media de prestaciones
recibidas por beneficiario ascienda a 1,15.
Llama la atención la escasa asignación de la prestación de ayuda a domicilio, que estaba
llamada a ser la prestación más importante en un sistema que apuesta por la permanencia
de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno
en el que desarrollan su vida (art. 3.i de la LAPAD), y de la teleasistencia, indicada en
principio para las personas que no reciban servicios de atención residencial (art. 22.2 de
la LAPAD). A 1 de enero de 2010, cinco comunidades autónomas no han asignado ninguna
prestación de ayuda a domicilio y cuatro ninguna prestación de teleasistencia en el
marco del SAAD.
2.2 Impacto constatable sobre el empleo
A los tres años de vigencia de la LAPAD, ¿está respondiendo la realidad a las expectativas
que la puesta en marcha de esta Ley ha despertado en materia de creación de empleo?
Aunque aún es pronto para responder a esta pregunta, algunos de los datos disponibles
Tabla 6. Prestaciones reconocidas, según tipo de prestación, y personas que las reciben a 1
de enero de 2010
Fuente: Información Estadística del SAAD. Situación a 1 de enero de 2010.
Prestaciones
Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal
Teleasistencia
Ayuda a domicilio
Centros de día/noche
Atención residencial
Prestación económica vinculada al servicio
Prestación económica por cuidados familiares
Prestación económica de asistencia personal
Total prestaciones
Personas beneficiarias con prestaciones
Media de prestaciones por persona
Situación a 1 de enero de 2010
3.018
51.480
59.576
28.479
98.941
38.158
280.013
685
560.350
485.526
1,15
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
26
apuntan a que, a pesar de la difícil coyuntura económica por la que estamos atravesando,
el efecto de la puesta en marcha del SAAD se ha dejado sentir nítidamente en el empleo.
En el Gráfico 7 se recoge la evolución, desde la entrada en vigor de la LAPAD (entre
enero de 2007 y diciembre de 2009), del número de afiliados a la Seguridad Social en
situación de alta laboral, tanto en el conjunto de nuestra economía como en el sector de
actividades de servicios sociales (código 853 de la versión de 1993 de la Clasificación
nacional de actividades económicas, CNAE 93, y códigos 87 y 88 de la versión de 2009,
CNAE 09).
Puede observarse el importante crecimiento experimentado por el empleo en este sector
de actividad, incluso en el segundo semestre de 2008 y el primero de 2009, en un
momento en el que el empleo global ha estado en España en fuerte descenso. Este crecimiento
se mantiene incluso si se dejan de computar los cuidadores no profesionales que
han causado alta en la Seguridad Social en virtud de las previsiones de la Ley 39/2006,
que se reflejan en esta estadística desde enero de 2008.
Gráfico 7. Evolución de los afiliados a la SS en situación de alta (enero 2007-diciembre 2009.
Datos para el último día de cada mes)
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Afiliación y alta de trabajadores de la
Seguridad Social, diciembre 2009.
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
19.500.000
19.250.000
19.000.000
18.750.000
18.500.000
18.250.000
18.000.000
17.750.000
17.500.000
500.000
475.000
450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
Total
Servicios
sociales
Total
Actividades de servicios sociales
(CNAE-93 B53; CNAE-09-87
Actividades de servicios sociales
sin cuidadores profesionales
La atención a la dependencia y el empleo
27
De acuerdo con estos datos, el número de afiliados dados de alta en el sector de los servicios
sociales se ha incrementado desde enero de 2007 hasta diciembre de 2009 en
184.815 personas (83.625 si no se computan los 101.190 cuidadores no profesionales que
desde enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009 han causado alta en el Sistema de la
Seguridad Social).
La Encuesta de Población Activa (EPA) ofrece también datos de gran interés para conocer
la evolución reciente de la ocupación en el sector de los servicios sociales y aproximarse
así a una estimación del efecto real sobre el empleo que se deriva de la aplicación
de la LAPAD. La EPA ha incorporado en 2008 la versión 2009 de la Clasificación nacional
de actividades económicas (CNAE-09), que incluye las actividades de servicios
sociales en los códigos 87 (asistencia en establecimientos residenciales) y 88 (actividades
de servicios sociales sin alojamiento).
De acuerdo con la EPA, la ocupación en el sector de los servicios sociales ha crecido
entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto de 2009 en un 26,7%, pasando de 342.000
a 433.400 empleos, con un crecimiento total de 91.400 empleos (Gráfico 8). Mientras
Gráfico 8. Evolución del empleo total y del empleo en actividades de servicios sociales
(primer trimestre de 2008-cuarto trimestre de 2009) según la EPA
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa.
21.000.000
20.500.000
20.000.000
19.500.000
19.000.000
18.500.000
450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
2008TI 2008TII 2008TIII 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV
Empleo total Empleo en actividades de
servicios sociales
Total
87 + 88 Actividades de servicios sociales
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
28
29
que la tasa de paro en el conjunto de la economía prácticamente se ha duplicado entre el
primer trimestre de 2008 y el cuarto de 2009, pasando del 9,6% al 18,8%, en el sector de
los servicios sociales la tasa de paro sólo ha aumentado en una décima, pasando del 7,9%
al 8,0% (Gráfico 9).
Hay que tener en cuenta que la EPA no identifica a los cuidadores familiares como ocupados,
aunque muchos de ellos sí aparecen en los datos de afiliados en situación de alta,
en virtud de las previsiones de la Ley 39/2006.
Aunque el impacto sobre el empleo derivado de la puesta en marcha del SAAD es, como
se ve, indiscutible, los empleos asociados a la atención de los beneficiarios de la LAPAD
se están generando a un ritmo más lento de lo esperado, debido básicamente a dos importantes
factores: la profunda crisis económica y la proliferación de las prestaciones económicas
para cuidados en el medio familiar, excepcionales según el art. 14.4 de la
LAPAD, lo que a todas luces es negativo para el crecimiento del empleo y para garantizar
un servicio profesional y de calidad. También hay que tener en cuenta que una buena
parte de las personas cuya situación de dependencia ha sido valorada en los primeros
años de aplicación de la LAPAD ya estaban recibiendo atención, especialmente en cen-
Gráfico 9. Evolución de la tasa de paro total y en actividades de servicios sociales
(primer trimestre de 2008-cuarto trimestre de 2009) según la EPA
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa.
20,0 %
17,5 %
15,0 %
12,5 %
10 %
7,5 %
5,0%
2008TI 2008TII 2008TIII 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII
Tasa de desempleo
Total
87 + 88 Actividades de servicios sociales
La atención a la dependencia y el empleo
30
tros residenciales. Obviamente, todos esos casos de personas valoradas que contaban con
un servicio anterior (residencia, servicio de ayuda a domicilio, centro de día…) no se traducen
apenas en nuevos puestos de trabajo dentro del sector.
Aunque la prestación económica para cuidados en el medio familiar no genera por sí
misma empleo, puede tener algunos efectos indirectos sobre el nivel de actividad económica
y laboral, por cuanto supone una transferencia de renta a la persona dependiente y
a su familia, que en parte se trasladará al consumo.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral,
incluye una vía de acreditación de la práctica como cuidador no profesional a mayores y
niños pequeños, que puede contribuir a que un número importante de personas sin experiencia
profesional previa puedan incorporarse, en el futuro, al mercado laboral de atención
a la dependencia. Por otra parte, las acciones de apoyo a los cuidadores no
profesionales (programas de formación, información y medidas para atender a las personas
dependientes en los periodos de descanso de sus cuidadores familiares) van a contribuir
también a la generación de empleo en el sector.
El escaso ritmo de generación de empleo en el sector de la atención a la dependencia,
más allá de responder a un problema estructural (el insuficiente desarrollo de los servicios
sociales en España) o coyuntural (la profunda crisis económica), deriva también de
una serie de factores que podrían denominarse culturales o simbólicos, que siguen teniendo
un importante protagonismo en el seno de las familias.
Si bien es verdad que se está generalizando la prestación económica para cuidados familiares,
debido a la falta de recursos y a la desinformación inicial (muchos usuarios potenciales
del SAAD o sus familiares instaban la valoración de la dependencia para “solicitar
la paga de la dependencia”), también es cierto que es difícil en tan corto plazo propiciar
un cambio de mentalidad que pase de la generalización de los cuidados dentro del núcleo
familiar a la generalización de la prestación de servicios profesionalizados de atención a
las personas dependientes. Es necesario, por ello, no sólo dotarse de mayores recursos
presupuestarios, sino también que se vaya consolidando un cambio social y cultural en
torno a las pautas y formas de los cuidados que genere la confianza de las familias en la
labor de los profesionales que desarrollan las funciones de atención a las personas en
situación de dependencia.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
31
3. Potencial de generación de empleo del SAAD
En el capítulo anterior se han analizado los datos que permiten constatar el efecto real que está
teniendo la implantación del SAAD sobre el empleo. En este se aborda una estimación del
potencial de generación de empleo que se podría desarrollar si se cumple con el mandato de
la LAPAD sobre la prioridad de los servicios, desarrollando una red suficiente para cubrir la
demanda actual y de futuro.
Es importante destacar que las cifras que se ofrecen a continuación reflejan el potencial bruto
de generación de empleo derivado de la atención a las personas en situación de dependencia,
sin descontar el empleo que ya existía en el sector con anterioridad a la puesta en marcha del
SAAD (una parte de los beneficiarios de sus servicios y prestaciones ya estaban recibiendo
atención con anterioridad), es decir, se incluye el empleo que ya existe, al que se van sumando
los nuevos empleos derivados de la implantación de la Ley y sin tener en cuenta la gradualidad
en la implantación (los cálculos toman como base la población total en situación de
dependencia estimada en cadamomento, no las personas con derecho efectivo a prestaciones),
es decir, los cálculos se hacen (incluso los de 2011) en un escenario en el que todas las personas
dependientes, cualquiera que fuera su grado, estarían atendidas por algún tipo de servicio.
3.1 Estimación del número de personas en situación de dependencia a
31/12/2011 y 31/12/2015
Para la estimación del número de personas dependientes a 31 de diciembre de 2011 y 31
de diciembre de 2015 y su distribución por grados de dependencia, que sirven de base al
cálculo del potencial de generación de empleo del SAAD, se ha partido de las tasas específicas
de dependencia por grupo quinquenal de edad y sexo que se utilizaron en las estimaciones
del Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de dependencia
en España, a partir de la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud de
1999 (EDDES, 99), dado que los datos de la Encuesta sobre discapacidad, autonomía
personal y situaciones de dependencia (EDAD, 2008), cuyos datos definitivos han sido
recientemente publicados, presentan unas variaciones mínimas en lo que a tasas de prevalencia
de la discapacidad se refiere (Gráfico 10).
Las tasas de dependencia por edad utilizadas en las estimaciones del Libro Blanco se han
aplicado a la población española calculada por el INE para cada una de las dos fechas de
La atención a la dependencia y el empleo
32
referencia en las proyecciones a corto plazo (serie 2008-2018), cuyo tamaño y estructura
por edades difieren del escenario demográfico utilizado en el Libro Blanco (proyecciones
del INE en base al censo de 2001), al incorporar el efecto del importante aporte
migratorio recibido por nuestro país entre 2001 y 2008. En concreto, la población estimada
para 31 de diciembre de 2011 en dichas proyecciones (46,95 millones de personas)
supera en 900.000 personas a la población prevista a partir del censo de 2001 (46,06
millones), aunque presenta un perfil algo más joven, pues las diferencias entre ambas
previsiones se deben sobre todo a la afluencia de inmigrantes y al aumento de la natalidad,
que han hecho que se incrementen sobre todo los grupos de niños y adultos jóvenes,
mientras que las cifras de población de edad más avanzada son algo inferiores en las nuevas
proyecciones a las calculadas en las proyecciones basadas en el censo de 2001.
En la distribución por grados de dependencia, y dada la finalidad del presente informe,
se ha tenido en cuenta el hecho de que actualmente según el SISAAD el número de personas
con dependencia reconocida de grado III prácticamente duplica las previsiones del
Libro Blanco. Una de las razones fundamentales es que se han realizado reconocimientos
de grado muy permisivos, mediante “pasarela” y en ocasiones sin aplicación expresa
y adecuada del baremo, de muchas personas que ya estaban recibiendo atención (sobre
Gráfico 10. Proporción de personas con discapacidad, por edad (tantos por mil)
EDAD 2008 y EDDES 1999
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
de 1999 (EDDES 1999) y de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia (EDAD 2008).
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
EDDES 1999
EDAD 2008
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
33
todo en centros residenciales), inflando su nivel de gravedad y logrando así mayores
recursos provenientes de la Administración General del Estado a través del nivel mínimo
de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado
y nivel de su dependencia.
Es deseable y previsible que poco a poco se vaya avanzando, mediante la aplicación adecuada
del baremo, una vez que se realicen los ajustes que se pacten en el instrumento de
valoración y en los criterios comunes de aplicación, hacia una distribución por grados
más lógica y acorde con la experiencia de los países de nuestro entorno que usan desde
hace varios años instrumentos de valoración similares al nuestro y que establecen el
umbral de entrada en función de la cantidad y/o del tipo de ayuda que precisan las personas
dependientes. Es importante que se apliquen con rigor los criterios que definen la
“puerta de entrada” al SAAD, pues una excesiva generosidad en esta aplicación puede
hacer que una ley que ha nacido para garantizar derechos termine siendo meramente
declarativa por problemas de sostenibilidad económica.
A este respecto es oportuno mencionar un estudio publicado en la Revista Española de
Salud Pública (Albarrán Lozano et al., 2009), que muestra cómo la aplicación del baremo
para medir la dependencia de tres países, Alemania3, Francia y España, en una misma
población, obtienen resultados distintos, tanto en el número de personas consideradas
dependientes como en la distribución de éstas en diferentes grados de dependencia. El
resultado es que el baremo más generoso es el español: 163.000 personas que serían valoradas
como dependientes con el baremo español no lo serían con el baremo alemán, y
463.000 no lo serían con el francés (en este caso, hay que tener en cuenta que el baremo
francés excluye a las personas de menos de 60 años).
También parece oportuno señalar (Cervera et al., 2009) que, frente a tanta diversidad en
la aplicación del baremo y en los resultados obtenidos, es necesario adoptar mecanismos
ex ante (formulación de criterios comunes) y mecanismos ex post (control de calidad de
las valoraciones). Es la única manera de asegurar la equidad.
Por ello, y aunque a corto plazo, una vez que se ha reconocido el grado y nivel, es difícil
que se produzca una reducción significativa del número de personas con dependencia
de grado III, los escenarios estimados contemplan un progresivo avance desde la situación
actual hacia una distribución más en línea con las previsiones del Libro Blanco y
con la experiencia contrastada y validada en los países de nuestro entorno que aplican
desde hace años leyes similares a la nuestra: más personas en grado I que en grado II, y
más en grado II que en grado III.
3 En Alemania, con casi el doble de población que España y más de una década de implantación de su
ley de dependencia, el número de beneficiarios se encuentra en torno a 300.000 en el grado III, 800.000
en el grado II y 1.155.000 en el grado I, según datos de la Oficina Federal de Estadística para 2008.
La atención a la dependencia y el empleo
34
Los resultados de aplicar esos criterios dan lugar a un nuevo escenario hipotético, sobre
el que puede fundamentarse la estimación del potencial de generación de empleo. Ese escenario,
concretado en dos momentos (31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2015) se
recoge en las Tablas 7 y 8.
3.2 Criterios de asignación de recursos
Una vez formuladas las proyecciones de la población dependiente que hay que proteger,
se establecen, siguiendo la metodología empleada en el Libro Blanco y la experiencia en
la estructura de atención de servicios a personas en situación de dependencia en los países
más desarrollados de nuestro entorno, unos parámetros de asignación óptima de
recursos para las personas dependientes que quedarían cubiertas por el SAAD, fijando
para cada grupo de edad y grado de dependencia los porcentajes de población dependiente
que será atendida por los diferentes recursos en cada uno de los dos escenarios temporales
tomados en consideración.
Tabla 7. Estimación de la población dependiente, por grados, a 31 de diciembre de 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones del Libro Blanco, las proyecciones a corto plazo de
la población española del INE e hipótesis complementarias.
Hasta 64 años
65 a 79 años
80 años y más
Total
Grado III
53.593
76.284
235.894
365.771
Grado II
86.279
111.370
232.158
429.806
Grado I
187.168
186.676
105.136
478.981
Total
327.040
374.330
573.189
1.274.558
Tabla 8. Estimación de la población dependiente, por grados, a 31 de diciembre de 2015
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones del Libro Blanco, las proyecciones a corto plazo de
la población española del INE e hipótesis complementarias.
Hasta 64 años
65 a 79 años
80 años y más
Total
Grado III
42.861
59.719
214.577
317.157
Grado II
90.092
113.429
271.863
475.383
Grado I
210.449
209.125
179.185
598.760
Total
343.402
382.273
665.625
1.391.300
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
35
Para calcular dicha asignación se han considerado los siguientes recursos: centros residenciales,
centros de día, ayuda a domicilio y asistente personal para la autonomía. También se ha tenido
en cuenta que un determinado porcentaje de personas dependientes, decreciente conforme avanza
la edad, el grado de dependencia y la implantación del SAAD, va a optar porque sea la propia
familia la que se haga cargo de su atención sin recurrir a servicios profesionales. Asimismo,
se ha considerado que todas las personas que estén atendidas en centros de día, ayuda a domicilio
y servicio de autonomía personal, además de todas las personas que opten por que sea su
propia familia la que se haga cargo de su atención, podrán ser usuarios del servicio de teleasistencia
(Tablas 9 y 10).
La suma total de los porcentajes resultantes (excluyendo la teleasistencia) es del 110%, debido
a la compatibilidad de servicios de atención a domicilio y de centro de día, que se estima en un
moderado 10%.
Tabla 9. Hipótesis de asignación de recursos, año 2011
Gran dependencia
Cuidado informal
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia severa
Cuidado informal
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia moderada
Cuidado informal
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Hasta 64 años
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
30,0%
70,0%
30,0%
30,0%
0,0%
25,0%
25,0%
75,0%
40,0%
40,0%
0,0%
20,0%
10,0%
90,0%
65 a 79
20,0%
20,0%
0,0%
10,0%
60,0%
40,0%
30,0%
30,0%
0,0%
20,0%
30,0%
70,0%
45,0%
45,0%
0,0%
10,0%
10,0%
90,0%
80 y más
20,0%
15,0%
0,0%
10,0%
65,0%
35,0%
30,0%
30,0%
0,0%
20,0%
30,0%
70,0%
40,0%
45,0%
0,0%
10,0%
15,0%
85,0%
Fuente: Elaboración propia.
La atención a la dependencia y el empleo
36
3.3 Ratios de personal por usuario atendido
Se fijan según el Acuerdo aprobado por el Consejo Territorial del SAAD sobre criterios
comunes de acreditación que han de ser entendidos como mínimos y exigibles con vistas
al 31/12/2011, para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD4 y las
ratios actuales exigidas por las comunidades autónomas que las han regulado para los
centros concertados (Tabla 11).
Para el cálculo del servicio de ayuda a domicilio, cuya ratio no se incluye en el acuerdo, se han
utilizado las previsiones del Libro Blanco y la ratio derivada del máximo de atención prescrita
para cada uno de los grados de dependencia5, y la jornada máxima regulada en el art. 37 del V
Tabla 10. Hipótesis de asignación de recursos, año 2015
Gran dependencia
Cuidado informal
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia severa
Cuidado informal
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia moderada
Cuidado informal
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Hasta 64 años
15,0%
15,0%
25,0%
25,0%
30,0%
70,0%
25,0%
30,0%
0,0%
25,0%
30,0%
70,0%
35,0%
35,0%
0,0%
25,0%
10,0%
90,0%
65 a 79
15,0%
20,0%
0,0%
15,0%
60,0%
40,0%
25,0%
30,0%
0,0%
25,0%
30,0%
70,0%
40,0%
45,0%
0,0%
10,0%
15,0%
85,0%
80 y más
15,0%
20,0%
0,0%
10,0%
65,0%
35,0%
25,0%
25,0%
0,0%
25,0%
35,0%
65,0%
40,0%
40,0%
0,0%
15,0%
15,0%
85,0%
Fuente: Elaboración propia.
4 Acuerdo publicado por resolución de 2 de diciembre de 2008 del MEPSYD (BOE 17/12/2008).
5 Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección
de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
37
Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas en situación de dependencia
(1.755 horas anuales).
En el caso del servicio de teleasistencia, se ha utilizado la ratio media usada habitualmente en
el sector.
Para el escenario de 31/12/2015, se han tenido en cuenta, además, algunos aspectos que conforme
se va consolidando la implantación del Sistema, tenderán previsiblemente a generar más y
mejor empleo. Cabe citar, entre ellos, mayor intensidad en la prestación del servicio de ayuda a
domicilio, mayor compatibilidad de servicios, mayor crecimiento de los servicios profesionales
frente a los informales, más centros y servicios sociosanitarios (unidades especializadas en
demencia, atención a grandes discapacitados, cuidados paliativos...) derivados de una mayor
coordinación SNS-SAAD (Tabla 12).
Tabla 11. Ratios de personal por usuario atendido, año 2011
Gran dependencia
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia severa
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia moderada
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Hasta 64 años
0,70
0,70
0,50
0,75
0,01
0,50
0,00
0,40
0,60
0,01
0,25
0,00
0,35
0,50
0,01
65 a 79
0,65
0,00
0,45
0,65
0,01
0,50
0,00
0,35
0,50
0,01
0,25
0,00
0,30
0,40
0,01
80 y más
0,70
0,00
0,45
0,75
0,01
0,50
0,00
0,35
0,55
0,01
0,25
0,00
0,30
0,45
0,01
Fuente: Elaboración propia.
La atención a la dependencia y el empleo
38
3.4 Estimación de la potencialidad de creación de empleo
El análisis del potencial de generación de empleo derivado de la implantación del SAADse basa
en el desarrollo de un modelo de distribución interna de la población dependiente según grado
de dependencia, edad de las personas dependientes, tipo de servicio asignado y aplicación de
ratios de empleo dentro de cada tipo de recurso aplicado a cada grado de dependencia. Es un
modelo que opta, conforme almandato de la Ley, por la profesionalización de los servicios, aunque
contempla también los cuidados informales en función del grado y nivel de dependencia y
del previsible ejercicio de la libre elección de la persona dependiente y, en su caso, de su familia.
Si dicho mandato no se cumple a medio y largo plazo, la creación de empleo y las presentes
estimaciones se verán seriamente afectadas.
Es necesario aunar esfuerzos para hacer de la atención a la dependencia un sector productivo,
dinamizador de la economía y creador de empleo de calidad. La LAPAD es la primera norma
que, de una forma explícita (art. 35), pone en relación directa la calidad de los servicios con la
calidad del empleo.
Tabla 12. Ratios de personal por usuario atendido. Año 2015
Gran dependencia
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia severa
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Dependencia moderada
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Hasta 64 años
0,80
0,80
0,60
0,85
0,01
0,60
0,00
0,45
0,65
0,01
0,40
0,00
0,40
0,55
0,01
65 a 79
0,70
0,00
0,50
0,75
0,01
0,60
0,00
0,40
0,60
0,01
0,35
0,00
0,35
0,50
0,01
80 y más
0,80
0,00
0,50
0,85
0,01
0,60
0,00
0,45
0,60
0,01
0,35
0,00
0,40
0,50
0,01
Fuente: Elaboración propia.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
39
En la construcción del escenario se estima que la población no atendida actualmente mediante
centros y servicios acabará siéndolo por algún tipo de recurso. De esta manera se generan nuevos
empleos en el sector y se libera en los hogares capacidad para el empleo en otros sectores
de la economía de aquellas personas ocupadas en el cuidado informal (Tablas 13 y 14).
Los resultados de la estimación (casi 500.000 puestos de trabajo en 2011 y por encima de
635.000 en 2015) se expresan en términos de empleo equivalentes a jornada completa y tienen
Tabla 13. Estimación del potencial de generación de empleo, año 2011
Gran dependencia
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Dependencia severa
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Dependencia moderada
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Todos los grados de dependencia
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Hasta 64 años
7.503
7.503
5.359
12.058
375
32.799
12.942
0
8.628
12.942
647
35.159
18.717
0
13.102
9.358
1.685
42.862
39.162
7.503
27.089
34.359
2.707
110.819
65 a 79
9.917
0
3.433
29.751
305
43.405
16.705
0
7.796
16.705
780
41.986
21.001
0
5.600
7.467
1.680
35.749
47.623
0
16.829
53.923
2.765
121.140
80 y más
24.769
0
10.615
114.999
826
151.208
34.824
0
16.251
38.306
1.625
91.006
11.828
0
3.154
7.097
894
22.972
71.420
0
30.020
160.401
3.344
265.186
Total
42.189
7.503
19.407
156.808
1.506
227.413
64.471
0
32.675
67.953
3.052
168.151
51.546
0
21.856
23.922
4.258
101.582
158.205
7.503
73.938
248.683
8.816
497.146
Fuente: Elaboración propia.
La atención a la dependencia y el empleo
40
en cuenta las diferentes necesidades de jornada y horario de cada servicio (turnos de mañana,
tarde y noche, cobertura de sábados, domingos y festivos, sustituciones en vacaciones, etc.).
Una parte importante de estos empleos beneficiarán a colectivos que tienen especiales dificultades
de inserción laboral (mujeres, personas con discapacidad, trabajadores con escasa cualificación,
desempleados de larga duración, jóvenes en busca de su primer empleo y trabajadores
demás de 45 años) y contribuirán a bajar la tasa de desempleo, subir la de actividad, luchar contra
la temporalidad y disminuir el número de hogares en los que todos los miembros activos
están en situación de desempleo.
Tabla 14. Estimación del potencial de generación de empleo, año 2015
Gran dependencia
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Dependencia severa
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Dependencia moderada
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Todos los grados de dependencia
Ayuda a domicilio
Asistencia personal
Centros de día y noche
Centros residenciales
Teleasistencia
Total
Hasta 64 años
5.143
8.572
6.429
10.929
300
31.374
16.217
0
10.135
17.568
631
44.550
29.463
0
21.045
11.575
1.894
63.977
50.823
8.572
37.609
40.072
2.825
139.901
65 a 79
8.361
0
4.479
26.874
239
39.952
20.417
0
11.343
20.417
794
52.971
32.937
0
7.319
15.684
1.778
57.719
61.715
0
23.141
62.975
2.810
150.642
80 y más
34.332
0
10.729
118.554
751
164.366
40.779
0
30.585
57.091
1.767
130.222
25.086
0
10.751
13.439
1.523
50.799
100.198
0
52.064
189.084
4.041
345.387
Total
47.836
8.572
21.637
156.357
1.290
235.692
77.413
0
52.063
95.076
3.192
227.744
87.486
0
39.115
40.698
5.195
172.494
212.735
8.572
112.815
292.131
9.676
635.930
Fuente: Elaboración propia.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
41
Algunos de estos puestos de trabajo podrían ser desempeñados a tiempo parcial, lo que, además
de traducirse en un número mayor de puestos de trabajo generados, favorecería el acceso al
empleo de trabajadores con cargas familiares y de otros colectivos con dificultades de inserción
en el mercado laboral. La tasa de ocupados a tiempo parcial en España, como se indicó en el
capítulo anterior, es bastante más baja que la media en la Unión Europea y la mitad que en los
países nórdicos, Alemania y Austria (el 12,3% frente al 25%).
Siempre que se habla de la creación de empleo derivada de la implantación del SAAD se tiene
una tendencia inercial desde algunos sectores a considerar voluntaristas aquellas previsiones
que, a su juicio, superen lo razonable desde el punto de vista de las políticas de gasto.
Si bien es cierto que cualquier cálculo de previsión sobre la evolución amedio y largo plazo está
sujeto a importantes riesgos de incertidumbre y afectado por lametodología y los criterios adoptados,
por lo que siempre hay que tomar las previsiones con cierto distanciamiento, también es
cierto, como ocurrió en el caso del Sistema Nacional de Salud, que si se quiere de verdad (y
parece existir en España una amplia voluntad política y social al respecto) desarrollar e implantar
el SAAD de acuerdo con los mandatos de la Ley y con su normativa de desarrollo6 y con la
voluntad de lograr una auténtica calidad de atención7, las previsiones que se plantean en este
informe resultan razonables, moderadas y coherentes, por una parte, con el necesario desarrollo
de una infraestructura de centros y serviciosmás amplia y de calidad, innovadora y equilibrada,
que dé respuesta a la demanda real actual y de los próximos años y, por otra, con el esperable
descenso, conforme se vaya consolidando el sistema, de la proporción de familias que optan por
los cuidados informales.
Dichas previsiones son también abordables y sostenibles económicamente (España tiene el octavo
PIB del mundo) y contribuirán, además, a reducir el diferencial (casi seis puntos del PIB) de
nuestro gasto social respecto a la media de la UE.
6 A este respecto, son especialmente relevantes: el artículo 14.2 de la LAPAD, que establece el carácter
prioritario de los servicios; el artículo 14.3, que señala que de no ser posible la atención mediante
alguno de ellos se utilizará la prestación vinculada prevista en el artículo 17; el artículo 14.4, que declara
excepcional la prestación económica por cuidados no profesionales en el medio familiar; los criterios
de acreditación de centros y servicios del SAAD, aprobados por Resolución de 2/12/2008 (BOE
de 17/12/08) y las normativas de las comunidades autónomas que han regulado ratios para los centros
concertados y que marcan tendencias de ratios y de perfiles profesionales.
7 Una calidad que tiene que tener en cuenta los referentes de los países más desarrollados de nuestro
entorno en cuanto a estructuras de prestación de servicios y a ratios y perfiles profesionales, el aumento
de la población mayor de 80 años, las enormes carencias en la prestación de servicios a personas
con discapacidades severas, la necesidad de profesionalización del sistema, el incremento de la intensidad
en las prestaciones (especialmente en las de atención domiciliaría), y la esperable e inaplazable
coordinación del Sistema Nacional de Salud y el SAAD.
La atención a la dependencia y el empleo
42
4. Impactos sobre el empleo y el crecimiento económico
derivados de factores asociados a una adecuada
implantación del SAAD
4.1 Coordinación entre el SNS y el SAAD
La coordinación entre servicios sociales y servicios sanitarios es inaplazable. La sociedad
española no puede permitirse perder la oportunidad que se presenta con la puesta
en marcha e implantación del SAAD para establecer la imprescindible coordinación
sociosanitaria.
Hasta el momento, el nivel de coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales
ha sido bajo y complejo, debido quizá a la diferencia que existe entre ambos sistemas en
materia jurídica, financiera, organizativa y profesional.
La aprobación de la LAPAD y la puesta en marcha del SAAD no han supuesto apenas
ningún avance relevante en este campo, salvo algunas experiencias aisladas y meritorias
(exitosas tanto por su eficiencia como por su valoración por parte de los usuarios) puestas
en funcionamiento por profesionales y/o responsables públicos concretos.
La LAPAD, en el art. 11.1.c), señala, como función de las comunidades autónomas, establecer
los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos
de coordinación que procedan para garantizar una atención efectiva. No llega a
definir las relaciones con el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el ámbito de la dependencia
y contempla un catálogo de servicios de marcado perfil social. No obstante, en el
art. 15.2 hace referencia expresa al art. 14 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, que
incluye la prestación sociosanitaria en el ámbito de la salud dentro del catálogo de prestaciones
del SNS (según el art. 10 de esta Ley, las prestaciones que establece en su catálogo
son responsabilidad financiera de las comunidades autónomas). Asimismo, es
importante señalar a este respecto de coordinación entre sistemas el art. 21 de la LAPAD.
El proceso acelerado de demanda de cuidados profesionales sociales y sanitarios para
hacer frente a las necesidades de atención de las personas en situación de dependencia ha
generado desde hace años (demasiados) la necesidad de reformular los sistemas de financiación,
gestión y distribución de recursos destinados a estas personas.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
43
No es éste un problema que se circunscriba solamente a España, sino que en la actualidad
ocupa el primer plano de los debates sobre el tema en toda Europa. De hecho, la
necesidad de derribar esa especie de “muro de Berlín” entre los sistemas sanitario (cure)
y social (care) ha llevado a países con larga tradición en la atención a las personas en
situación de dependencia a plantearse una revisión en profundidad de sus sistemas de cuidados.
Es el caso de países como Holanda, Dinamarca y Suecia, que, con sólidos sistemas
de atención a la dependencia, están actualmente abordando reformas en
profundidad, dirigidas a distribuir de forma más racional y eficiente las responsabilidades
de los sistemas social y sanitario en la respuesta a las situaciones de dependencia.
También el Reino Unido, que en 1998 creó la Royal Commision on Long Term Care, que
ha emitido recomendaciones inequívocas al respecto. Más recientemente (Leichsenring,
2005), el proyecto de investigación PROCARE, cofinanciado por el V programa marco
de la UE con el objetivo de promover un nuevo concepto de atención social y sanitaria
integral para las personas mayores, ha ofrecido una idea del camino a seguir para alcanzar
una adecuada coordinación sociosanitaria.
En el caso de las personas de edad muy avanzada, el objetivo de los cuidados no puede
ser sólo curar y no resulta válida una concepción exclusivamente organicista. Se trata de
favorecer lo más posible la comodidad y calidad de vida, lo que remite a un enfoque global
de la situación que integre los aspectos médicos, psicológicos y sociales
(Commissariat General du Plan, 2005).
La característica más sobresaliente de este periodo vital es la fragilidad de la salud, que
implica necesidades específicas de cuidados, lo que coloca a las personas de edad muy
avanzada en una situación de especial dependencia. La atención más conveniente que se
les ha de ofrecer no parece que sea la mera curación de sus afecciones físicas y/o psicológicas,
a menudo irreversibles, sino que es preciso proporcionarles unos cuidados integrales,
desde un enfoque más completo y global que parta del respeto a los deseos de
cada uno, permitiéndoles la permanencia en su domicilio el mayor tiempo posible.
Este enfoque está centrado en la persona más que en la enfermedad, buscando proporcionarle
una vida más agradable, evitando tratamientos que le produzcan más dolor que alivio
de sus afecciones. Con frecuencia, el desconocimiento de este modelo de cuidados
provoca recelos entre las familias y también en algunos profesionales, al concebirlos
como una ausencia de tratamiento y no como la aplicación de un tipo diferente de medidas
concretas.
La atención integral actuaría como una cadena de servicios ininterrumpidos, es decir,
como un modelo operativo en el que los servicios de atención social y de asistencia sanitaria
que recibe el ciudadano se integren en una organización flexible que satisfaga sus
necesidades con independencia de cuál sea la unidad operativa que los proporcione o
lleve a cabo.
La atención a la dependencia y el empleo
44
Así, tanto en la teoría como en la elaboración de las políticas, se tiende a la construcción
de sistemas asistenciales regidos por la demanda8. Desde la perspectiva del ciudadano, la
prestación coordinada e integral tiene lugar cuando puede disponer de los recursos necesarios,
del tipo adecuado y le son entregados en el orden apropiado y en el momento
correcto.
Aunque existe acuerdo sobre la necesidad de que se implanten estrategias estables de
coordinación, éste no ha conseguido traducirse en realizaciones prácticas generalizables.
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, del importante incremento de
recursos sanitarios y sociales y de haber logrado algunos acuerdos conceptuales, se ha
avanzado poco en el establecimiento de medidas que no suponen incrementos presupuestarios,
sino la puesta en marcha de una metodología de trabajo más eficaz y eficiente que
evitaría la fragmentación, la duplicidad y la falta de equidad en el acceso a los recursos
disponibles y que garantizaría la continuidad en los cuidados a las personas dependientes.
Entre ellas cabría destacar: la sectorización en áreas sociosanitarias, al hacer coincidir las
áreas de salud y de servicios sociales; la elaboración de protocolos y circuitos de derivación
entre los sistemas que hagan posible la automatización de los procesos; la descentralización
en la toma de decisiones de derivación; la utilización de sistemas de
información e instrumentos de valoración comunes; el establecimiento de estándares de
calidad para la acreditación y la evaluación de los servicios públicos y privados...
El sistema sanitario no se ha adaptado a los cambios sociales derivados del envejecimiento
de la población. Está orientado principalmente a atender procesos agudos y no tanto al
perfil del paciente con una o varias patologías de larga evolución. El aumento de la
población mayor tiene un importante impacto en la asistencia sanitaria en general y en la
medicina de urgencias en particular. El perfil del enfermo crónico se ha modificado.
Suelen ser pluripatológicos, padecer insuficiencia cardiaca, bronquitis crónica y alguna
otra patología como diabetes o hipertensión. Es un paciente más activo, más demandante,
que quiere participar en el proceso asistencial e incluso, en algunos casos, consulta por
internet y está al día de todo lo relacionado con sus patologías. El modelo sanitario actual
es muy eficiente para el paciente agudo, pero no tanto para el paciente con varias patologías
crónicas. A la vista de todos los cambios producidos, hay que cambiar el modelo
de atención y hacerlo más sostenible. El reto de la cronicidad tiene que ser compartido
por el SNS y el SAAD.
Uno de los primeros problemas que se deben abordar para iniciar este camino es conectar
el hogar del paciente, la atención primaria (centros de salud y centros de servicios socia-
8 La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud publicó en 2008 “Los cuidados
a domicilio en Europa”. Señala que en las próximas décadas veremos cambios drásticos en las
necesidades de las personas de edad avanzada con condiciones crónicas que permanecen en casa con
dificultades de movilidad o con trastornos mentales. Estos cambios requieren un enfoque sociosanitario,
ya que un enfoque exclusivamente sanitario no resulta apropiado.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
45
les) y la especializada (hospitales y centros residenciales sociosanitarios integrados en el
SAAD y que tienen unidades especializadas para personas con pluripatologías, demencias,
cuidados paliativos, etc.). Dichas unidades funcionarían en estrecha colaboración con
los centros de atención primaria, los hospitales y con sus servicios de urgencias (o adscritas
a ellos). Se evitarían desplazamientos e ingresos hospitalarios innecesarios, exploraciones
y pruebas duplicadas, e incluso la polifarmacia que se da en algunos casos,
contribuyendo a aliviar la presión creciente sobre los centros hospitalarios.
Supondría también una importante optimización del gasto, ya que el coste medio de una
plaza hospitalaria es de unos 500 euros/día, mientras que la estancia/día en un centro residencial
sociosanitario supone entre 60 y 90 euros, según el grado de dependencia y el tipo
de unidad especializada en el que se ingrese a la persona dependiente. En el caso de grandes
discapacidades físicas y/o psíquicas, los costes de la estancia/día son un poco mayores
y varían según tipología y necesidades de atención. Se produce, pues, una importante
eficiencia en el gasto, al reducir las estancias de pacientes que pueden ser atendidos
mediante recursos alternativos.
Se evitaría así seguir atendiendo en centros hospitalarios a personas dependientes crónicas
o en procesos de larga estancia, lo que no sólo es inadecuado en términos de política
social, sino que conlleva, además, unos costes muy superiores a lo que supondría la atención
domiciliaria con apoyo sanitario, social y tecnológico o la atención en centros residenciales
sociosanitarios. Obviamente el proceso no puede realizarse externalizando los
costes hacia el sector de cuidados de larga duración, que no podría hacer frente a los mismos
sin los cambios correspondientes en cuanto a financiación.
La estimación del impacto sobre la creación de empleo derivado de la necesaria coordinación
entre el SNS y el SAAD es de varias decenas de miles de nuevos puestos de
trabajo, en función de la intensidad de las actuaciones que se realicen, calculados según
los criterios siguientes:
• Derivar determinado perfil de personas que ocupan plazas hospitalarias hacia servicios
alternativos de atención, partiendo del total actual de camas hospitalarias
(160.000), del porcentaje de dichas camas ocupadas por mayores de 65 años y del porcentaje
de dichos mayores de 65 años cuyo perfil de paciente le hace susceptible de
ser derivado a dichos servicios, bien de atención domiciliaria e intermedia con apoyo
sanitario, social y tecnológico, bien a unidades especializadas de centros residenciales
sociosanitarios del SAAD en condición de plazas temporales o permanentes.
• Evitar ingresos hospitalarios innecesarios desde atención primaria y/o desde los servicios
de urgencias mediante la derivación a los servicios señalados anteriormente,
previa valoración del paciente, especialmente el geriátrico.
• Mejorar la atención domiciliaria de salud. Debe lograrse a través del impulso de planes
de acción de atención domiciliaria ejecutados desde la atención primaria y coor-
La atención a la dependencia y el empleo
46
dinados con otros dispositivos sanitarios (hospitalización a domicilio) y con los servicios
sociales.
• Crear para las personas con graves discapacidades físicas y/o psíquicas y para enfermos
mentales crónicos una red suficiente de infraestructuras y servicios de atención
en domicilio con los apoyos necesarios de los dos sistemas, de atención intermedia y
de atención residencial con unidades especializadas en función de tipología y necesidades
de cuidados.
• Hacer frente al reto de los cuidados paliativos (unas 200.000 personas cada año necesitan
estos cuidados según la Sociedad española de cuidados paliativos). Este ámbito,
que inicialmente se construyó en torno a la problemática de la fase terminal de los
pacientes afectados por cáncer, debe ahora también hacer frente al reto de las situaciones
de cronicidad y dependencia importante, cuya duración es muy variable –de varios
meses a varios años– cuando el tratamiento médico curativo muestra sus límites y ya
no puede ser la única solución a los problemas del paciente. Los cuidados sanitarios y
los cuidados sociales de apoyo deben complementarse, agilizando y flexibilizando los
procedimientos de solicitud y concesión de los cuidados domiciliarios o residenciales
adecuados.
• Innovar en los procesos de aplicación de los programas de rehabilitación o recuperación
funcional, coordinando mejor los recursos de los dos sistemas y acercando la
aplicación del servicio al domicilio del usuario a través de medios propios o de contratos
con entidades externas especializadas y debidamente acreditadas.
4.2 Integración del SAAD en el Sistema de Servicios Sociales
Si en el apartado anterior se planteaba la necesidad y la urgencia de una estrecha coordinación
del SAAD y del SNS, con mayor motivo es necesario y urgente que se actúe dentro
del Sistema de Servicios Sociales, inequívoco cuarto pilar del Estado del Bienestar,
con una plena coordinación e integración de todas sus infraestructuras y servicios. Es
necesario recordar, a este respecto, que la integración de las prestaciones establecidas en
la LAPAD en las redes de servicios sociales de las comunidades autónomas, en el ámbito
de competencias que tienen asumidas, es uno de los principios de la LAPAD (art. 3.o).
Dado que el SAAD está dentro del Sistema de Servicios Sociales (su catálogo de servicios
asume y amplía los mismos servicios sociales que ya se venían prestando), el
Sistema de Servicios Sociales y su red de infraestructuras y servicios deben actuar de una
manera integrada para atender a todas las personas que necesiten su asistencia, sean
dependientes o no, evitando la creación de redes paralelas y la dispersión de recursos
humanos y económicos. Las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas y
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
47
su normativa de desarrollo deben regular de forma clara y sistemática esta integración de
infraestructuras y servicios.
Los servicios sociales españoles tienen con esta Ley una magnífica oportunidad para su
indispensable transformación general en un auténtico sistema de protección. Igualmente,
ofrece una ocasión inmejorable para elevar sus estándares de calidad, sus equipamientos,
la formación y las condiciones de trabajo de sus profesionales.
Este nuevo escenario de protección que hace posible la puesta en marcha de la LAPAD
supone sin duda, un muy significativo avance en la protección social en España, al consolidar
derechos subjetivos y universalizar su cobertura a todos los ciudadanos, y tiene
que servir de revulsivo para consolidar y ampliar el Sistema Público de Servicios
Sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar. En esa línea van las leyes de servicios
sociales de nueva generación ya aprobadas o en fase de elaboración en la mayor
parte de las comunidades autónomas.
Desde el punto de vista institucional, la implantación del SAAD obliga al Sistema de
Servicios Sociales no sólo a integrar las nuevas prestaciones, sino también a redefinir el
conjunto del sistema, lo que provoca inevitables y variadas tensiones organizativas. En
este contexto de complejidad, la intervención de prestadores privados de servicios sociales,
sociedades mercantiles y organizaciones del tercer sector es otro importante factor
que se debe considerar en la medida en que su papel en la oferta y gestión de servicios
profesionalizados de calidad es relevante en el desarrollo e implantación del SAAD.
Este escenario, por una parte, potencia el desarrollo conjunto de los servicios sociales por
otra, puede provocar una no deseable absorción de recursos de otros ámbitos de los servicios
sociales distintos de los de la dependencia. No se puede ni debe vaciar el Sistema
de Servicios Sociales únicamente para atender a las situaciones de dependencia.
La implantación del SAAD como red de utilización pública que integra la oferta pública
y la privada no debe suponer la creación de una red nueva de servicios sociales, sino el
crecimiento en cantidad y calidad de las prestaciones dentro de la trama de los servicios
sociales preexistentes. En este sentido, la coordinación e integración de redes y servicios
en sus aspectos administrativos y territoriales es un elemento destacable que presenta
múltiples facetas. Esto requiere, entre otras acciones, un conjunto de medidas de ordenación
normativa y de reorganización funcional y territorial.
Cada comunidad autónoma, a través de su capacidad normativa, tiene la obligación de
articular un sistema coherente en el que se unifiquen las formas de acceso, los sistemas
de provisión de plazas y servicios, los criterios de calidad y acreditación y la aportación
económica del usuario. Esto sólo será posible desde el acuerdo entre las administraciones
autónoma y local de forma que desde ambos niveles se aporten sus recursos, propios
y concertados, se homogeneice el sistema y se acuerde el modo de su financiación para
el conjunto del sistema de servicios sociales a nivel de comunidad autónoma.
La atención a la dependencia y el empleo
48
Las comunidades autónomas han de desarrollar normativas que deleguen competencias
y corresponsabilidad a los ayuntamientos que son responsables, de hecho, de buena parte
de los procesos de gestión de la demanda (información y solicitud de acceso al sistema,
programa individual de atención, identificación de recursos a asignar) y de la oferta
(prestación de determinados servicios, seguimiento).
Igualmente, es preciso desarrollar el contenido de los servicios y prestaciones que forman
parte del catálogo del art. 15 de la LAPAD (se trata básicamente de los mismos servicios
sociales que ya se venían prestando dentro del sistema de servicios sociales),
definiendo con más claridad y precisión su alcance (v.g. regular no genéricamente el servicio
de ayuda a domicilio, sino concretando los servicios que debe incluir), intensidad
y las compatibilidades o incompatibilidades entre servicios.
El modelo organizativo y de provisión de servicios que adopte cada comunidad autónoma
a la hora de regular los distintos procesos enunciados, resulta muy relevante y tendrá
unas repercusiones directas sobre el volumen de creación de puestos de trabajo en el sector.
Es evidente que, por muy reconocido que esté el derecho en el ordenamiento público
y por mucho amparo y tutela judicial que posea su ejercicio, el modelo organizativo
y de gestión determinará la efectividad y eficacia reales del mismo.
Obviamente, el hecho de que se establezca un umbral de entrada para tener derecho a las
prestaciones del SAAD no implica que las personas que no superen ese umbral, pero tengan
necesidades de ayuda para realizar tareas domésticas o presenten una discapacidad leve
para alguna actividad básica y/o para alguna actividad instrumental de la vida diaria9 o
vivan solas (la tasa de personas mayores de 65 años que viven solas en España es del 20%
[IMSERSO, 2009]), vayan a quedar sin protección desde el sistema de servicios sociales.
Por el contrario, es razonable esperar que, al garantizar el SAAD la cobertura de las necesidades
de atención de las personas dependientes, las administraciones públicas, y en
especial las comunidades autónomas y las corporaciones locales, podrán, al existir más
recursos, ampliar el número y la calidad de los servicios (especialmente el servicio de
ayuda a domicilio y la teleasistencia) que actualmente vienen dedicando a la atención de
este otro segmento de población.
Ante este escenario, parece lógico que las comunidades autónomas, en el contexto de la
elaboración y/o puesta en marcha de las nuevas leyes de servicios sociales, refuercen los
servicios sociales de proximidad en el ámbito local y extiendan gradualmente, a los servicios
sociales de atención primaria, las pautas de actuación que se están implantando en
el SAAD en cuanto a ratios de personal de atención, intensidades, calidad, profesionalidad,
etc.
9 De acuerdo con los datos de la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situación de
dependencia (EDAD, 2008), puede estimarse esta población en torno a 1,5 millones de personas.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
49
Todo ello tendría como resultado la generación de un importante volumen de actividad
económica y de empleo que se puede estimar en el horizonte de 2015 en varias decenas
de miles de puestos de trabajo en función de la intensidad de las medidas y recursos
adoptados.
4.3 Nuevas tecnologías en la atención a la dependencia
El desarrollo de la Sociedad de la Información está teniendo y tendrá en los próximos
años un enorme impacto en todos los ámbitos de la vida de las personas. Está cambiando
no sólo la forma de trabajar y de hacer negocios, sino también las formas de estudiar,
de acceder a los conocimientos, de interactuar con otras personas, de divertirse, de desarrollar
las propias aficiones, e, incluso, de recibir atención y cuidados. Para las personas
en situación de dependencia, como para los demás ciudadanos, el desarrollo de la
Sociedad de la Información supone una formidable oportunidad para mejorar la calidad
de vida y la participación social.
Uno de los campos en los que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones está generando innovaciones promisorias para las personas en situación
de dependencia es la domótica, nombre con el que solemos referirnos al conjunto de
sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. La domótica implica
la aplicación de diversas tecnologías, como la electricidad, la electrónica, la informática,
la robótica y las telecomunicaciones, que convergen y se integran en un sistema con
objeto de proveer aplicaciones y servicios de utilidad para los habitantes del hogar.
Para las personas en situación de dependencia, el desarrollo de la domótica y su adecuada
integración con un diseño arquitectónico y un equipamiento mobiliario adecuado
suponen una importante ampliación de sus niveles de autonomía personal y de sus posibilidades
de participación, pues lo que para la mayoría de la gente puede suponer una
simple mejora del confort o de la seguridad, para una persona con limitaciones funcionales
severas puede marcar la diferencia entre poder o no poder realizar una determinada
tarea doméstica o una actividad esencial de la vida cotidiana, y, en definitiva, entre poder
o no poder seguir viviendo en su ambiente habitual. Por ello, la incorporación de diseños
ergonómicos y de innovaciones tecnológicas en las viviendas en las que residen personas
dependientes es cada vez más usual.
Esta incorporación de elementos accesibles debería impulsarse utilizando la vía que abre
la disposición adicional tercera de la LAPAD, que prevé que la Administración General
del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas podrán, de conformidad
con sus disponibilidades presupuestarias, establecer acuerdos específicos para la
concesión de ayudas económicas con el fin de facilitar la autonomía personal. Estas ayudas
podrán ir destinadas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o con los instrumen-
La atención a la dependencia y el empleo
50
tos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria y a facilitar la accesibilidad
con adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento
en la vivienda.
La confluencia de la domótica y las telecomunicaciones (el nuevo ámbito ya bautizado
como “teledomótica”) es especialmente prometedora para las personas en situación de
dependencia. No se trataría ya sólo de hacer de la casa un lugar más habitable, confortable
y seguro, sino también un lugar en el que se pueda continuar viviendo (porque se facilita la
realización de las actividades de la vida cotidiana con el máximo grado posible de autonomía)
y, además, un lugar interconectado, abierto al mundo, integrado en la comunidad.
Las nuevas tecnologías están cambiando el perfil de servicios como el de teleasistencia,
que, aunque apoyados en la tecnología, hasta ahora se han venido prestando con el soporte
de la red de telefonía fija y sin un alto grado de sofisticación tecnológica. Además de
las prestaciones tradicionales de este servicio (atención y apoyo ante emergencias, crisis
de soledad o cualquier otra circunstancia que precise de atención), en la actualidad el
usuario puede disponer de dispositivos de localización y emergencia, de detección de caídas
o de medida de constantes vitales, y la comunicación con el centro de atención, además
de la transmisión de voz, permite la transferencia de datos y la videollamada,
utilizando una webcam y la pantalla del televisor del hogar.
Los sistemas de teleasistencia pueden ya, además, funcionar de manera proactiva, y no
sólo reactiva, pues además de asegurar la respuesta ante la activación de las alertas por
parte del usuario (a través del pulsador de su unidad de control remoto), pueden detectar,
mediante sensores que monitorizan los hábitos de vida del usuario (por ejemplo, el tiempo
que permanece en la cama, las veces que va al baño o si toma o no los medicamentos)
y sus constantes (por ejemplo, el peso, la frecuencia cardíaca o la tensión arterial)
anomalías o cambios que pueden ser indicativos de posibles problemas de salud. Sin
embargo, los servicios de teleasistencia avanzada están todavía poco extendidos, pues los
diversos proyectos piloto realizados (que responden frecuentemente a compromisos
adquiridos por los operadores por mejoras ofertadas en las licitaciones para la prestación
del servicio), aunque han permitido confirmar su viabilidad técnica, no han cristalizado
en una implantación a gran escala, pues su costo, aunque no es elevado, está por encima
de los precios de contratación de estos servicios.
La tecnología ha hecho posible también la incorporación de la telemedicina a los dispositivos
de atención a las personas en situación de dependencia. La monitorización remota
a través de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, mediante sistemas que permiten
la realización de videoconferencias, la transmisión de datos y el envío de imágenes con
calidad diagnóstica, puede proporcionar seguridad y asistencia a estas personas, tanto si
residen en su domicilio como si están en una residencia, evitando desplazamientos innecesarios
al centro de salud o al hospital. La monitorización remota abre nuevas posibilidades
para el tratamiento de los pacientes en forma ambulatoria, una función vital en las
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
51
zonas rurales, en las que el acceso a los hospitales y clínicas es más difícil. De hecho, el
cuidado a enfermos crónicos y a personas mayores en sus domicilios, junto con el diagnóstico
por imagen y la hospitalización a domicilio, son los servicios de telemedicina
más extendidos en España.
Uno de los principios que inspiran el programa del Gobierno español para la recién inaugurada
Presidencia Europea es la innovación. Esa prioridad se debe traducir, como ha
afirmado recientemente la ministra de Sanidad y Política Social (Jiménez García-
Herrera, 2009), en el apoyo a todos los procesos tecnológicos que, en los distintos campos
sanitarios y sociales, están permitiendo gestionar mejor los recursos y producir
conocimiento que se traduce en una mejora de las condiciones de vida. Estos desarrollos
mejoran la gestión, la calidad, la seguridad y la accesibilidad de la sanidad y de los servicios
sociales españoles y, a la vez, generan innovación y competitividad para las
empresas que han participado en ellos. Constituyen, pues, modelos rentables que ya producen
beneficios cuantificables en la calidad de vida, en la economía y en la creación de
puestos de trabajo.
Dicha prioridad potencia el desarrollo de la disposición adicional décima de la LAPAD,
en la que se establece que los poderes públicos fomentarán la innovación en todos los
aspectos relacionados con la calidad de vida y la atención de las personas en situación de
dependencia. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con estas
cuestiones en los planes de I+D+i.
4.4 Servicios de atención a la dependencia para extranjeros mayores
de 65 años residentes en España
Las posibilidades que ofrecería ofertar desde nuestro país servicios de atención para
extranjeros mayores de 65 años en situación de dependencia, residentes o no, que potencialmente
pudiesen estar interesados en ser atendidos en España, son claras y los responsables
públicos y los agentes que operan en el sector deberían moverse en esta dirección.
En todos los países de la UE se puede comprobar el importante proceso de envejecimiento,
que tiende a irse incrementando, estimándose que para el año 2020 la tasa media
de personas mayores de 65 años supere el 20% en el conjunto de países de la UE.
Dado el objeto de este informe, nos centraremos en los países de la UE-15 más Noruega
y Suiza. El nivel de envejecimiento de estos países se indica en el Gráfico 11.
La población total UE-15 más Noruega y Suiza era, el 1 de enero de 2009, según
Eurostat, de 408,4 millones. Las personas mayores de 65 años suponían 69,8 millones
(17,1%).
La atención a la dependencia y el empleo
52
Haciendo una extrapolación de los parámetros que hemos utilizado en nuestro país para
determinar las situaciones de dependencia, estaríamos hablando de unos 8,5millones de personasmayores
de 65 años que se encontrarían en situación de dependencia en los países citados
(excluyendo a España), además de 2,5 millones de personas menores de 65 años.
En España reside de forma permanente un número importante de personas extranjeras de
edad avanzada y es previsible que, a la vista del Gráfico 11, dicho número siga incrementándose
en los próximos años si se dan una serie de condiciones, convirtiéndose en residencia
habitual de personas mayores, especialmente de algunos países centroeuropeos y
nórdicos.
Si se analiza la nacionalidad, se comprueba que son los países centroeuropeos y nórdicos
los que tienen mayor presencia. Concretamente, los mayores del Reino Unido suponen
unos 90.000, seguidos de los de Alemania con más de 50.000; en un segundo nivel se
encuentra Francia, con 15.000, Italia, con 11.500, Países Bajos, con 10.000, y Bélgica,
con 9.000. Con cifras en torno a 6.500 por país se encuentran Suecia, Suiza y Noruega,
y en torno a 4.000, Finlandia y Dinamarca (Tabla 15).
Gráfico 11. Evolución prevista de la proporción de personas mayores en la UE-15 más
Noruega y Suiza 2010-2050
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Proyecciones de Población con base en el año 2008
(Europop 2008).
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 % 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
17,4 %
4,7 % 5,2 % 5,7 % 6,1 % 6,9 %
7,9 %
8,9 %
10,0 %
11,0 %
18,6 %
20,1 %
21,7 %
23,6 %
25,4 %
26,8 % 27,9 %
65 y más 28,8 %
80 y más
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
53
El hecho de que la gran mayoría de estas personas mayores extranjeras residentes en
nuestro país sea de las nacionalidades citadas (los países más desarrollados de la UE) y
que la mayoría de ellos disponga de sistemas públicos de atención a la dependencia es
muy relevante porque les convierte en una demanda solvente.
Otro hecho relevante lo constituye el que estos mayores no se encuentran diseminados en
el territorio, sino que la inmensa mayoría se concentran en la costa mediterránea, especialmente
en Alicante (en torno a 85.000) y Málaga (más de 35.000), en las Islas Canarias
(en torno a 30.000) y Baleares (más de 15.000). El resto prácticamente está asentada en
otras nueve provincias, todas ellas del litoral: Murcia, Almería, Girona, Barcelona,
Valencia, Tarragona, Granada, Castellón y Cádiz (Tabla 16).
Este nivel de concentración por provincias también se observa dentro de cada una de
ellas en una serie de municipios (en muchos de ellos el porcentaje de mayores de 65 años
extranjeros es mayor que el de españoles, como en Calpe, Jávea y Alfás del Pi en
Alicante; Mijas, Torrox y Benalmádena en Málaga; y Santiago del Teide, Adeje y Tías
en Canarias). Todo ello facilita la creación de las infraestructuras necesarias para la generación
de una red de centros y servicios adecuada.
Extrapolando los datos de las personas mayores extranjeras de la UE-15 más Noruega y
Suiza según la estimación de población dependiente utilizada en el capítulo 3, se encon-
Tabla 15. Extranjeros de 65 y más años residentes en España por tramos de edad (UE-15
más Noruega y Suiza)
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
Noruega
Suiza
Total
65 y más
51.580
1.722
8.939
3.483
3.886
14.659
214
2.240
11.612
170
9.973
5.884
89.899
6.322
6.009
6.619
223.211
65-69
22.982
901
2.516
1.393
1.463
4.712
74
1.102
4.743
49
3.984
1.873
38.913
2.176
2.258
2.077
91.216
70-74
15.228
355
2.350
906
1.243
3.714
55
674
3.129
55
2.658
1.429
25.336
1.736
1.797
1.790
62.455
75-79
6.544
247
1.893
553
693
2.895
33
275
1.930
33
1.662
1.039
13.444
1.178
1.088
1.298
34.805
80-84
3.871
116
1.288
330
306
1.801
28
115
1.107
20
948
738
7.051
688
502
856
19.765
85 y más
2.955
103
892
301
181
1.537
24
74
703
13
721
805
5.155
544
364
598
14.970
Fuente: Avance del Padrón a 1 de enero de 2009. Datos provisionales
La atención a la dependencia y el empleo
54
trarían en situación de dependencia unas 35.700 de estas personas. Si se distribuyeran
según los parámetros utilizados en ese capítulo según estructura de atención (servicios
domiciliarios y servicios residenciales) y según grado de dependencia y aplicando las
ratios de plantilla acordadas en el Consejo Territorial del SAAD, se generarían unos
25.000 puestos de trabajo directos de jornada completa.
Tan importante como las posibilidades concretas que tiene la atención específica de los
ya residentes es valorar su potencialidad de servir como instrumento de referencia respecto
de los responsables públicos de estos países y de otras personas de edad avanzada
de éstas que pudiesen, a la vista de las actuaciones desarrolladas o a desarrollar según
acuerdos concretos, estar interesados en venir a nuestro país a recibir atención de forma
permanente o recibir atención y cuidados en estancias temporales. España estaría contribuyendo,
simultáneamente, a la consolidación de la ciudadanía europea. El espacio
español visto y vivido como espacio europeo, al igual que Florida y/o California en
Estados Unidos.
El potencial que tiene España en este sector es enorme, y es necesario planificar y desarrollar
las actuaciones necesarias. Ésta es, sin duda, una línea de actividad económica
generadora de empleo que debería promoverse desde los poderes públicos en los foros
correspondientes de la UE y ante los responsables públicos de los distintos niveles administrativos
de los países con importante presencia de residentes de edad avanzada en
Tabla 16. Población mayor de 65 años extranjeros residentes en España por provincia de
residencia (UE-15 más Noruega y Suiza)
Provincia
Alicante
Málaga
Santa Cruz de Tenerife
Illes Balears
Palmas (Las)
Murcia
Almería
Girona
Barcelona
Valencia
Tarragona
Granada
Castellón
Cádiz
Resto de provincias
Total
Número
83.890
36.139
19.303
16.083
9.344
8.369
6.868
6.120
5.595
5.080
3.524
2.990
2.194
2.188
15.524
223.211
Porcentaje sobre el total
37,6%
16,2%
8,6%
7,2%
4,2%
3,7%
3,1%
2,7%
2,5%
2,3%
1,6%
1,3%
1,0%
1,0%
7,0%
100,0%
Fuente: Avance del Padrón a 1 de enero de 2009. Datos provisionales
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
55
España, abordando, de acuerdo con el art. 5.3 de la LAPAD, convenios específicos con
los países de origen, de modo que desde España se podría desarrollar una oferta de servicios
de atención a la dependencia que estuviese sufragada directamente con cargo a los
respectivos sistemas públicos nacionales de cuidados de larga duración.
Con todo, de cara a la planificación y desarrollo de una red de centros y servicios adecuada
para la población de extranjeros de régimen comunitario que residan en España y
que puedan ser demandantes de las prestaciones reguladas en la LAPAD, es necesario
tener en cuenta que la normativa y la jurisprudencia comunitaria10 consideran el seguro
de dependencia como una rama del seguro de enfermedad, por lo que será de aplicación
el Reglamento 1408/71, siendo el tratamiento diferente según se trate de prestaciones en
especie (servicios) o prestaciones económicas.
Su aplicación implica que las prestaciones económicas (monetarias) son exportables y las
prestaciones en especie (servicios) se conceden por el Estado de residencia de acuerdo con
los servicios que proporciona su sistema de prestaciones y deberán ser reembolsadas por el
Estado miembro en el que el ciudadano esté asegurado y/o haya cotizado.
Respecto a las prestaciones económicas de dependencia, pueden darse dos situaciones:
a) Que el Estado de origen del ciudadano extranjero tenga un seguro/legislación específica
sobre protección de las situaciones de dependencia (Alemania, Austria,
Suecia, Noruega...), en cuyo caso se paga al país de residencia, de acuerdo con la
legislación del país en el que se esté asegurado o se tenga reconocido el derecho a
recibir prestaciones ante situaciones de falta de autonomía y de dependencia.
b) Que el Estado de origen no tenga un seguro/legislación específica que regule determinadas
situaciones para hacer frente a situaciones de dependencia (Italia,
Portugal...), en cuyo caso, si el extranjero dependiente de régimen comunitario solicita
y se le concede una prestación económica en España (arts. 17, 18 y 19 de la
LAPAD), es necesario transformar en especie esta prestación económica, y entonces
pasaría a formar parte de la cuota global de reembolso.
En este sentido, las sentencias de referencia apuntan que el pago debe realizarlo directamente
la institución competente del país de origen al prestador del servicio en el país de
residencia o bien plantear la alternativa de reembolso contra facturas presentadas o denominarla
prestación sustitutoria de la prestación en especie en vez de prestación económica.
Esta diferenciación de las prestaciones, en especie o económicas, ha ocasionado y sigue
ocasionando multitud de problemas de interpretación que han acabado en el Tribunal
10 Reglamento 1408/71 del Consejo, Reglamento 574/72 del Consejo, sentencias del Tribunal de
Justicia: Manfred Molenaar (asunto C-160/96), Friedrich Jauch (asunto C-215/99) y Silvia Hosse
(asunto C-286/03), y Carta de derechos fundamentales de la UE (2000/C-364/01).
La atención a la dependencia y el empleo
56
Europeo de Justicia, no siendo tampoco excesivamente clara su doctrina a tenor de lo
expresado por los expertos en jurisprudencia europea y por la propia Comisión.
4.5 Otros efectos sobre el empleo
Como ya se ha indicado, el desarrollo y la implantación del SAAD requiere un importante
volumen de inversión en infraestructuras: construcción de nuevos centros residenciales,
de atención diurna, de espacios para ubicar los servicios de teleasistencia, de
viviendas tuteladas, de centros de servicios sociales, de atención primaria y la adaptación
a los nuevos criterios de acreditación en accesibilidad y calidad de una parte importante
de los centros y plazas existentes.
Asimismo, y dada la evolución de las preferencias de las personas mayores y de los
modelos de atención, hay que debatir y acordar primero, y luego abordar, la construcción
de nuevos tipos de alojamiento de nueva planta y/o adaptando al nuevo modelo una parte
de los centros que no reúnen las condiciones mínimas de acreditación.
Se trataría de complejos residenciales modulares, en función del tipo y nivel de dependencia.
Estarían basados en un modelo de apartamento individual para uso de una pareja
o de una sola persona, luminosos y con terraza, con espacios y servicios comunes,
accesibles y dotados de nuevas tecnologías, que ofrezcan la prestación de determinados
servicios (comida, limpieza, seguridad, rehabilitación...), que estén dentro o próximos a
los núcleos de población para que sus usuarios puedan acceder, siempre que les sea posible,
a los servicios ofrecidos en ellos. Ejemplo de este tipo de alojamiento son las comunidades
para mayores de Dinamarca, Suecia y Holanda. El avance de este tipo de modelo
de atención impulsará a muchos mayores a vender sus viviendas, en muchos casos inadecuadas
para sus necesidades. Este hecho podría contribuir a una mayor oferta de viviendas
más espaciosas y adecuadas para familias más jóvenes.
Todas estas inversiones nuevas o de adaptación de centros y plazas existentes implican
la generación de un considerable volumen de empleo en el sector de la construcción a
medio y largo plazo.
De una parte, la creación de esta nueva red de infraestructuras de centros y/o la adaptación
de una parte de los ya existentes llevará aparejado su equipamiento con instalaciones,
mobiliario y diverso tipo de material, generando, igualmente, empleo inducido en
las industrias suministradoras durante un largo periodo de tiempo.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
57
De otra, la actividad permanente de los centros y servicios derivados del desarrollo e
implantación gradual del SAAD tiene una importante incidencia en la generación de
empleo indirecto a través de las empresas proveedoras de productos alimenticios, de
mantenimiento de instalaciones y programas, de material fungible relacionado con la
actividad hostelera que se desarrolla en los centros, de material vinculado a actividades
de rehabilitación o de mantenimiento físico o psíquico, de ayudas técnicas y de nuevas
tecnologías, de productos referidos a los cuidados de higiene y de salud, etc.
Igualmente, es de destacar que la implantación del SAAD supondrá que gradualmente un
número importante de personas que actualmente están siendo atendidas por cuidadores
familiares podrán pasar a ser usuarios de recursos y servicios profesionalizados. Ello permitirá
que muchas personas (en su mayoría mujeres) que han tenido que renunciar a sus
trabajos profesionales para cuidar a familiares dependientes puedan incorporarse al mercado
laboral e incrementar así la tasa de empleo femenino.
Otro aspecto que hay que señalar es que, simultáneamente al despliegue de las infraestructuras
y servicios del SAAD, se produce una generación de empleo en varias direcciones: de
una parte, ampliación y creación de estructuras de planificación y gestión en las administraciones
públicas (personal técnico, administrativo y auxiliar; personal de inspección, seguimiento
y evaluación...); labores de apoyo al Consejo Territorial (elaboración de estudios,
preparación de documentación, promoción de propuestas en la comisión delegada vía comisiones
técnicas, formalización de acuerdos y seguimiento de los mismos...); ampliación y
creación de nuevos equipos multiprofesionales para realizar trabajos de información y orientación,
valoración, elaboración de los informes social y médico, elaboración del PIA y gestión
del caso (se supera el millón de solicitudes a 01/01/2010).
Finalmente, hay que destacar, por la relevancia que va a alcanzar, el empleo relacionado
con los procesos de formación y cualificación profesional de decenas de miles de trabajadores
de distintas categorías y perfiles profesionales que ya prestan sus servicios en el
Sistema y de las decenas de miles de trabajadores que se vayan incorporando gradualmente,
conforme al Acuerdo del Consejo Territorial sobre criterios comunes de acreditación
para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD.
Es necesario implementar también procesos de formación para los cuidadores familiares
(a 01/01/2010 son 280.000 según el SISAAD). El Consejo Territorial ha acordado recientemente11
criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales
en los que se especifican los objetivos y las condiciones de las acciones
formativas, los programas de formación y de información, y su financiación.
11 El acuerdo se produjo en la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia de 22 de septiembre de 2009, y ha sido publicado por Resolución de la Secretaría
General de Política Social y Consumo de 4 de noviembre de 2009 (BOE de 27/11/2009).
La atención a la dependencia y el empleo
58
4.6 Retornos económicos y sociales
A) Retornos económicos
El incremento de las infraestructuras y servicios necesarios para proporcionar una adecuada
atención de las situaciones de dependencia supondrá un importante esfuerzo económico
(del orden del 0,9-1,0% del PIB anual en 2011 y del 1,3-1,4% en 2015, según nuestros
cálculos), que en una parte sustancial ha de ser realizado con cargo a fondos públicos.
Sin embargo, el gasto neto será considerablemente inferior, como consecuencia de los
importantes ahorros e ingresos fiscales que se producirán, entre los que hay que tener en
cuenta los siguientes:
• Descenso en las prestaciones por desempleo al incorporarse una parte importante de trabajadores
del desempleo subsidiado (es mejor invertir en empleo que pagar desempleo).
• Incremento de los ingresos por cuotas de la Seguridad Social, aun cuando una parte
de los nuevos contratos podrían beneficiarse de los diversos incentivos a la contratación
existentes.
• Ingresos procedentes del IVA y del Impuesto de Sociedades de las empresas prestadoras
de servicios, así como incremento de la recaudación del IVA vía consumo y del
de la recaudación del IRPF aplicable a los salarios de los nuevos trabajadores.
También hay que tener en cuenta, como se indicó en la sección 4.1, que las mejoras en
la atención pueden provocar un importante incremento de la eficiencia del gasto en el sistema
sanitario, al evitar ingresos innecesarios o al reducir las estancias de pacientes que
pueden ser atendidos mediante recursos alternativos. Se evita así seguir atendiendo en
centros hospitalarios a personas dependientes crónicas o en procesos de larga estancia, lo
que no sólo es inadecuado en términos de política social, sino que conlleva, además, unos
costes muy superiores a lo que supone la atención en los centros residenciales. La
implantación del SAAD comportará una mayor optimización y racionalización del gasto
sanitario. En la actualidad, el déficit en servicios sociosanitarios para la dependencia hace
que muchos problemas sociales deban ser atendidos, con mucho mayor coste (en torno a
seis veces más que el coste de la atención en un centro o servicio del SAAD) por el sistema
sanitario.
Como ponen de manifiesto varios estudios de instituciones económicas (v.g. la OCDE),
la no implantación de un dispositivo como el SAAD supone un enorme coste de oportunidad,
pues, de no ponerse en marcha a corto plazo, las presiones de atención de las personas
dependientes sobre el Sistema Nacional de Salud se incrementan
considerablemente. El no implantar una adecuada red de infraestructuras de centros y
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
59
servicios del SAAD será una mala política económica, pues la presión de la dependencia
recaerá sobre el SNS (mucho más costoso y totalmente gratuito).
Según una de las conclusiones del estudio solicitado por el IMSERSO a la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA): “de la metodología macroeconómica se desprende
que el estímulo a la demanda agregada que supondrá el SAAD provocará efectos
sobre el PIB de nuestra economía que podría llegar a ser un 1,56% mayor en 2010
(2,68% a finales de 2014) que en ausencia del programa de gasto implicado por el
SAAD, lo que implicaría a su vez un diferencial en tasa de crecimiento acumulativo
anual real de +0,28% a lo largo de todo el periodo. Igualmente esta metodología nos ha
permitido estimar que el retorno fiscal global, por impuestos generales y cotizaciones,
llegaría a cubrir hasta casi dos terceras partes del gasto asociado al despliegue del
SAAD” (Herce et al., 2006: 40). Vemos que el impacto de este gasto público en el crecimiento
económico es significativo. Es, sin duda, una inversión productiva. Todo ello
confirma la eficacia del gasto social como mecanismo de generación de actividad y de
empleo.
B) Retornos sociales
Como efecto de la implantación del SAAD se logran también otro tipo de retornos de
carácter social que tienen un importante impacto en la calidad de vida de las familias y
en el incremento de la tasa de empleo femenino. Como se ha indicado, en la actualidad,
el cuidado de las personas dependientes descansa fundamentalmente en las familias y,
dentro de éstas, en las mujeres. Ello supone, en bastantes ocasiones, la renuncia total a
desarrollar una actividad laboral o, como mal menor, la posibilidad de aceptar únicamente
trabajos temporales o a tiempo parcial que puedan compatibilizarse con los cuidados.
Las encuestas todavía siguen mostrando que el principal motivo por el que los empleadores
prefieren contratar o promocionar a los varones antes que a las mujeres radica en
la convicción de que, en el caso de problemas familiares, serán éstas las que se ausenten
del trabajo. La profesionalización de los cuidados a las personas dependientes reduciría
ese prejuicio.
El modelo actual de provisión de cuidados supone, en primer lugar, un fuerte límite a las
posibilidades de las mujeres para integrarse en el mercado de trabajo y, en segundo lugar,
una fuerte devaluación de la importante aportación que la dedicación al cuidado de familiares
dependientes supone para nuestra sociedad y nuestra economía. Sólo se percibe la
magnitud e importancia de ese esfuerzo cuando las circunstancias obligan a sustituirlo
total o parcialmente por una prestación de servicios profesionalizados.
El coste de oportunidad que tienen que soportar los familiares cuidadores va mucho más
allá de su renuncia a la actividad laboral y la consiguiente vía de ingresos. De acuerdo
con la EDAD 2008, el 60% de los cuidadores principales que residen en el hogar de la
La atención a la dependencia y el empleo
60
persona dependiente afirman que han tenido que reducir “sustancialmente” su tiempo de
ocio y de relaciones personales. Los cuidados también afectan al propio trabajo doméstico,
a la vida familiar y a otras actividades habituales, y trasladan a la familia muchos de
los costos derivados del cuidado.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
61
5. Conclusiones
La atención de las necesidades de las personas en situación de dependencia es uno de los
grandes retos de la política social y económica de los países desarrollados. En España, el
gran acuerdo social y político existente sobre esta cuestión tuvo como fruto la aprobación,
en diciembre de 2006, de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que ha creado un
nuevo sistema de protección y un nuevo derecho de los ciudadanos.
A partir de la aprobación de la Ley y de la puesta en marcha del proceso de implantación
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se ha abierto en nuestro
país un nuevo escenario económico y social, que supondrá la asignación de un importante
volumen de recursos presupuestarios adicionales de las administraciones públicas,
una importante inversión por parte del sector privado, la contribución por parte del beneficiario
al coste del servicio, decenas de miles de nuevos empleos directos... Todo ello
generará expectativas que afectarán a las decisiones de inversión, determinará la aparición
de un importante mercado de servicios de provisión pública y privada ante la fuerte
demanda que se generará y la insuficiente oferta que existe, permitirá la consolidación
de un nuevo sector de actividad, y tendrá un importante impacto económico y social.
La creación de empleo será, sin duda, a medio y largo plazo, uno de los resultados fundamentales
de la puesta en marcha de la LAPAD, pues, por un lado, la atención a las personas
en situación de dependencia se concreta fundamentalmente en actividades de
cuidados personales y, por otro, los servicios sociales constituyen uno de los yacimientos
de empleo más importantes. Por otra parte, se generarán importantes retornos económicos
y se mejorará la eficiencia del gasto en salud, al reducir o hacer innecesarias las
estancias hospitalarias de pacientes que podrían ser tratados mediante recursos alternativos.
Además, los servicios sociales tendrán una magnífica oportunidad para su indispensable
transformación en un auténtico sistema de protección, así como para elevar sus
estándares de calidad, sus equipamientos, el nivel de formación y las condiciones de trabajo
de sus profesionales.
En suma, estamos ante una Ley que mejora sustancialmente la atención a las personas en
situación de dependencia y aumenta su calidad de vida y la de sus familiares, dando respuesta
a una de las demandas más importantes de nuestra sociedad que amplía los derechos
de los ciudadanos, fortaleciendo las redes y las estructuras de protección social y
económica y que ha logrado en torno a ella un acuerdo parlamentario y social ampliamente
mayoritario que la convierte en un proyecto de todos, en un proyecto de país.
La atención a la dependencia y el empleo
62
Ante este ingente proyecto de país, es necesario sumar esfuerzos en la enorme labor que
hay que desarrollar y contribuir a afrontar este reto de la sociedad española que requiere
la movilización de importantes recursos económicos y humanos, y del empeño y compromiso
de múltiples agentes económicos y sociales que están llamados a coincidir en el
desarrollo y consolidación del nuevo sector.
El desarrollo del SAAD se está realizando en un contexto económico mediatizado por
la profunda crisis financiera iniciada en el verano de 2007 en Estados Unidos que,
inmediatamente, se convirtió en crisis financiera global, con consecuencias bien conocidas.
Se produjo un grave impacto en todas las economías del mundo y, consecuentemente,
elevadas tasas de desempleo. En España, los efectos de la crisis comenzaron a
sentirse en los niveles de empleo a mediados de 2008 y han provocado una elevada pérdida
de ocupación, mucho más grave que la registrada en otras economías desarrolladas.
Las previsiones de expertos y analistas insisten en pronosticar para nuestro país
una recuperación más lenta y tardía que en el resto de los países de nuestro entorno,
debido no sólo a que entramos en recesión algo más tarde, sino fundamentalmente a
que los efectos depresivos han sido más intensos, debido al patrón de crecimiento
vigente en la década 1998-2008.
Es urgente, por tanto, cambiar de valores y de modelos de crecimiento y de asignación
de recursos, y no sólo tomar medidas coyunturales, si no queremos repetir cíclicamente
situaciones de profundas crisis cada vez más destructivas. Debemos hacer del empleo la
gran prioridad, pues si concentramos nuestro esfuerzo en los sectores con mayor potencial
de generación de empleo, si orientamos los recursos hacia los sectores más intensivos
en trabajo, si cambiamos el actual modelo de crecimiento que crea con gran facilidad
gran cantidad de empleo precario, temporal y poco cualificado y que lo expulsa del mercado
con la misma facilidad y rapidez, podremos luchar eficazmente contra el desempleo
y, consecuentemente, contra el malestar y el desencanto ante una sociedad que nos niega
lo que nos exige: un trabajo.
Dedicar recursos al desarrollo e implantación de las infraestructuras y servicios que
garantiza la LAPAD contribuirá a conseguir un modelo de crecimiento más equilibrado,
más sostenible y más intensivo en creación de empleo estable y cualificado. Además de
cumplir con el mandato de la Ley de atender las necesidades de las personas en situación
de dependencia y de sus familias, se conseguiría, dada la potencialidad de generación de
empleo de aquella, la creación de decenas de miles de puestos de trabajo.
La dimensión concreta de los impactos sobre el crecimiento y la actividad económica,
sobre el empleo y el tipo de empleo y sobre el bienestar de la población dependerán,
obviamente, de la asignación de recursos que se realice y de la capacidad para corregir y
reorientar algunos aspectos, como los necesarios ajustes en el instrumento de valoración
y en su aplicación, el sesgo hacia las prestaciones económicas por cuidados en el medio
familiar (que la propia LAPAD considera como excepcionales) y el limitado papel queÁngel
Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
hasta ahora han desempeñado las corporaciones locales y la coordinación sociosanitaria.
En cualquier caso, lo que está claro es el enorme potencial de generación de empleo y
actividad económica que tiene la implantación del SAAD.
A pesar de la difícil coyuntura económica por la que estamos atravesando, los datos disponibles
apuntan a que el efecto de la puesta en marcha del SAAD se ha dejado sentir
nítidamente en el empleo. De hecho, tal y como muestra la estadística del número de afiliados
a la Seguridad Social en situación de alta laboral, se ha producido un importante
crecimiento del empleo en el sector de los servicios sociales en un momento en el que el
empleo global ha estado en España en claro descenso. Este crecimiento (185.815 afiliados
más en situación de alta en diciembre de 2009 que en enero de 2007) se mantiene
incluso si se dejan de computar los cuidadores no profesionales que han causado alta en
la Seguridad Social en virtud de las previsiones de la Ley 39/2006 (unos 100.000 en
diciembre de 2009), que se reflejan en esta estadística desde enero de 2008.
La Encuesta de Población Activa (EPA) confirma este crecimiento, pues, según sus datos,
la ocupación en el sector de los servicios sociales ha crecido entre el primer trimestre de
2008 y el cuarto de 2009 en un 26,7%, pasando de 342.000 a 433.400 empleos, con un
crecimiento total de 91.400 empleos. Hay que tener en cuenta que la EPA no identifica a
los cuidadores familiares como ocupados, aunque muchos de ellos sí aparecen en los datos
de afiliados en situación de alta, en virtud de las previsiones de la LAPAD.
Con el fin de hacer evidente el potencial de generación de empleo del SAAD, se ha realizado
una estimación, basada en el desarrollo de un modelo de distribución interna de la
población dependiente que tiene en cuenta el grado de dependencia, la edad de las personas
afectadas, el tipo de servicio asignado y la aplicación de ratios de empleo dentro
de cada tipo de recurso aplicado a cada grado de dependencia. El modelo de estimación
opta, conforme al mandato de la Ley, por la profesionalización de los servicios, aunque
contempla también los cuidados informales en función del grado y nivel de dependencia
y del previsible ejercicio de la libre elección de la persona dependiente y, en su caso, de
su familia.
De acuerdo con esta estimación, el potencial de creación de empleo derivado de la
LAPAD, expresado en términos de empleos equivalentes a jornada completa, es de más
de 490.000 puestos de trabajo en el horizonte de 2011, y por encima de 635.000 en el de
2015. Una parte importante de estos puestos de trabajo podrían ser desempeñados a tiempo
parcial, lo que, además de traducirse en un número mayor de puestos de trabajo generados,
favorecería el acceso al empleo de trabajadores con cargas familiares y de otros
colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral.
Es importante destacar que en estas cifras no se ha descontado el empleo que ya existía
en el sector con anterioridad a la puesta en marcha del SAAD (una parte de los beneficiarios
de sus servicios y prestaciones ya estaban recibiendo atención con anterioridad),
La atención a la dependencia y el empleo
63
y no se ha tenido en cuenta la gradualidad en la implantación (los cálculos toman como
base la población total en situación de dependencia estimada en cada momento, no las
personas con derecho efectivo a prestaciones), pues los cálculos (incluso los de 2011) se
refieren a un hipotético escenario en el que todas las personas dependientes, cualquiera
que sea su grado, estarían atendidas por algún tipo de servicio.
Si bien es cierto que cualquier cálculo de previsión sobre la evolución a medio y largo
plazo está sujeto a importantes riesgos de incertidumbre y está afectado por la metodología
y los criterios adoptados, por lo que siempre hay que tomar las previsiones con cierto
distanciamiento, también es cierto que, si se quiere de verdad, como se quiso en el caso
del Sistema Nacional de Salud, desarrollar e implantar el SAAD de acuerdo con los mandatos
de la Ley y su normativa de desarrollo y con la voluntad de lograr una auténtica
calidad de atención, las previsiones que se plantean en este informe resultarían no sólo
razonables y moderadas, sino también sostenibles económicamente (España tiene el octavo
PIB del mundo y el diferencial de su gasto social respecto a la media de la Unión
Europea es de más de cinco puntos).
Aunque el impacto sobre el empleo derivado de la puesta en marcha del SAAD es indiscutible,
los empleos asociados a la atención de los beneficiarios de la LAPAD se están
generando a un ritmo más lento que el esperado, debido básicamente a dos importantes
factores: la profunda crisis económica y la proliferación de las prestaciones económicas
para cuidados en el medio familiar. También hay que tener en cuenta que una buena parte
de las personas cuya situación de dependencia ha sido valorada en los primeros años de
aplicación de la LAPAD ya estaban recibiendo atención, especialmente en centros residenciales.
Obviamente, todos esos casos de personas valoradas que contaban con un servicio
anterior (residencia, servicio de ayuda a domicilio, centro de día…) no se traducen
apenas en nuevos puestos de trabajo dentro del sector.
Hay una serie de factores asociados al proceso de implantación del SAAD que pueden
tener impactos positivos e importantes sobre el empleo y el crecimiento económico.
Entre ellos, cabe destacar la ineludible coordinación entre el SAAD y el SNS, la integración
del SAAD en el Sistema de Servicios Sociales, la aplicación de las nuevas tecnologías
en la atención a la dependencia, la posibilidad de ofertar servicios de atención a la
dependencia a extranjeros mayores de 65 años residentes en España, la necesaria inversión
en infraestructuras de centros y servicios y su correspondiente equipamiento y mantenimiento.
Todo ello implica un volumen importante de empleo en el sector de la
construcción y en las empresas proveedoras de servicios, y la generación de importantes
retornos económicos y sociales.
El impacto sobre la creación de empleo derivado de la necesaria coordinación entre el
SNS y el SAAD sería de varias decenas de miles de nuevos puestos de trabajo, en función
de la intensidad de las actuaciones que se realicen. También se pueden estimar en
varias decenas de miles los puestos de trabajo que se crearían como consecuencia del
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
64
65
refuerzo de los servicios sociales de proximidad en el ámbito local y de la extensión gradual
a los servicios sociales de atención primaria de las pautas de actuación que se están
implantando en el SAAD. La atención de las personas mayores extranjeras de origen
comunitario podría generar unos 25.000 puestos de trabajo a jornada completa. A todo
esto hay que sumar los empleos ligados a la construcción de nuevos centros y la adaptación
de los existentes, el equipamiento de centros y servicios, la mejora de accesibilidad
de los domicilios, la dotación de ayudas técnicas y la aplicación de nuevas tecnologías
en la atención a la dependencia.
Para hacer posible el aprovechamiento de todo este potencial es necesario, como ya se ha
indicado, que no se regateen esfuerzos a la hora de asignar los recursos necesarios (existe
una amplia coincidencia en analistas y expertos a la hora de considerar esta inversión
productiva y estratégica) y que se actúe con una voluntad firme para reconducir las desviaciones
que amenazan con desvirtuar los planteamientos, principios y valores que inspiran
la LAPAD. En el capítulo siguiente se ofrecen algunas propuestas para avanzar en
ese sentido.
La atención a la dependencia y el empleo
66
6. Propuestas
Los análisis de valoración que están haciendo comisiones de expertos (Cervera et al.,
2009), asociaciones profesionales (Barriga et al., 2009), agencias públicas (AEVAL,
2008) y organizaciones sociales (Costa y Martín-Serrano, 2009) valoran positivamente la
importancia de la LAPAD, que ha supuesto un significativo avance en la protección
social en España al consolidar derechos subjetivos y hacer posible que miles de personas
en situación de dependencia vean mejoradas sus condiciones de vida en circunstancias en
las que requieren un especial apoyo y protección social.
En dichos informes se analizan sistemáticamente los distintos aspectos y las distintas
fases que conforman el proceso de implantación del SAAD: procedimientos de acceso
(solicitud, valoración de la dependencia, resolución de grado y nivel), programa individual
de atención (PIA) y asignación de recursos, servicios y prestaciones, consejo territorial
y marco de cooperación interadministrativo, papel de la Administración General
del Estado, papel de las corporaciones locales, coordinación entre sistemas, sistema de
información, financiación...
Como resultado de ese análisis, se detectan problemas de aplicación práctica que han surgido
en el desarrollo de la Ley, entre otros:
• Excesivo transcurso de tiempo entre solicitud y asignación de prestación o servicio
(un año o incluso más) que alteran la legalidad, dando lugar a una judicialización de
determinados procesos, minando la eficacia y la imagen del sistema.
• Necesarios ajustes en el instrumento de valoración y en los criterios de aplicación en
el conjunto de las comunidades autónomas.
• Destacable falta de coherencia entre el número de personas a las que se les reconoce
el derecho a recibir prestación y el número de prestaciones que se están dando. A 1 de
enero de 2010, una de cada tres personas que tiene valorado un grado y nivel que le
da derecho a recibir prestaciones no recibe ninguna.
• Muy significativa disparidad en el desarrollo del SAAD en unas u otras comunidades
autónomas que altera la unidad, la equidad y la coherencia del sistema, causando perjuicios
a muchos de sus ciudadanos en situación de dependencia al no poder beneficiarse
de las prestaciones y servicios que ya son una realidad en otras comunidades.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
67
• La información publicada por el SISAAD es claramente insuficiente y no permite un
seguimiento y evaluación efectivos de la implantación del Sistema. Debería incluir datos
relativos al empleo en el Sistema, a la calidad de la atención (intensidad y compatibilidad
de los servicios), al tipo de proveedores, a las tipologías de familias cuidadoras... El
acuerdo del Consejo Territorial del SAAD sobre objetivos y contenidos comunes de la
información del SISAAD (Resolución 4 noviembre 2009, BOE 27 noviembre 2009)
abre la vía para la construcción de un adecuado sistema de información.
• Fuerte sesgo hacia las prestaciones económicas que la propia LAPAD considera como
excepcionales, en detrimento de la prestación de servicios.
• Muy escaso desarrollo de la coordinación sociosanitaria y de los procesos de plena
integración de los servicios del SAAD dentro del sistema de servicios sociales.
• Falta de regulación clara de las prestaciones y servicios y de su contenido, intensidad
de la prestación, compatibilidad entre ellos, estándares de calidad, etc.
• Limitado papel de las corporaciones locales en relación con su función central y determinante
en el SAAD en tanto facilitadores de información y orientación, gestores del
caso, responsables del programa individual de atención y prestadores de una importante
oferta de servicios, especialmente de prevención de la dependencia, de promoción
de la vida autónoma, de teleasistencia, y de ayuda a domicilio.
• En relación con la financiación de la Ley, Ramírez y Barriga (2009) señalan que no
sólo es una cuestión de volumen total de recursos, sino también de criterios de distribución
de la financiación y de mecanismos de control sobre el gasto real. Más que un
problema en el modelo de financiación, son los criterios de reparto los que hacen que
en la práctica no se incentive la plena implantación de las coberturas y se sobrefinancien
las prestaciones económicas respecto a los servicios, ya que éstos son más costosos
que aquéllas. No se puede seguir manteniendo una financiación basada en los
dictámenes elaborados si la diferencia entre éstos y la prestación efectiva de los servicios
es tan elevada en la mayoría de las comunidades autónomas. Esto lleva a la
sobrefinanciación de las comunidades que tienen en espera de asignación de servicios
a miles de personas durante largos periodos de tiempo.
Los informes ofrecen numerosos ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones para
afrontar los problemas detectados, entre otras, sobre el papel de la Administración del
Estado, del Consejo Territorial, del Marco de Cooperación Interadministrativa, de la
colaboración público-privada y de la necesaria accesibilidad a los servicios.
En 2010, el Consejo Territorial del SAAD debe realizar, conforme al mandato de la
LAPAD (disposición final primera, punto 3), una evaluación de los resultados de la Ley.
Las recomendaciones de los informes antes citados y las de las múltiples aportaciones
que han ido apareciendo serán, sin duda, de utilidad en esa evaluación.
La atención a la dependencia y el empleo
68
En este informe no se pretende (no es su objetivo) abordar sistemáticamente todos esos
aspectos y fases, sino ofrecer, a la vista del proceso de desarrollo de la Ley, algunas propuestas
operativas y realizables a corto y medio plazo y que están directamente relacionadas
con el objetivo del informe, esperando que resulten útiles y contribuyan a una más
rápida y mejor implantación del SAAD, desde la convicción de que estando como estamos
ante uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país en el sector social
(se garantizan nuevos derechos a los ciudadanos) y en el económico (se consolida y
amplía un nuevo sector que genera una intensa actividad económica y un gran número de
puestos de trabajo), no podemos fallar. Afrontar el problema de la dependencia, como
queda dicho, no es sólo una responsabilidad social ineludible, sino también una oportunidad
económica que es necesario aprovechar.
6.1 Carácter prioritario de los servicios
Una característica esencial de la Ley es que opta por la prestación de servicios a las
personas reconocidas como dependientes (art. 14.2). Opta por la profesionalización de
los servicios del Sistema. Sólo con carácter excepcional en el caso de que el servicio no
sea posible por falta de oferta, la Ley prevé (art.14.3-5) que las personas beneficiarias
puedan percibir una prestación económica.
Para ello, el SAAD deberá contar con una red de infraestructuras de centros y servicios
suficientemente desarrollada, capaz de prestar los servicios reconocidos en la
Ley con unos niveles adecuados de intensidad y calidad. Frente a esto, nuestro sistema
de servicios sociales tiene un nivel de gasto público notablemente inferior a los países de
nuestro entorno. Este insuficiente nivel de gasto se ha traducido en una oferta de una red
de infraestructuras claramente deficitaria a la hora de responder a la elevada demanda de
cuidados. Es necesario abordar el desarrollo de la red de infraestructuras. No hacerlo
sería una mala política económica, pues la presión de la dependencia continuará
generando un gasto muy elevado en el Sistema Nacional de Salud, cuyos dispositivos de
atención son mucho más costosos.
Es urgente, por tanto, la actualización de los mapas de servicios de cada comunidad
autónoma, que deberán estar incluidos en el sistema de información del SAAD y a disposición
de los profesionales que elaboran los PIA, y que permitirán conocer con detalle
el conjunto de la red de infraestructuras de centros y servicios que integran actualmente
o que deberían integrar el SAAD.
Sería muy relevante que, a la vista de dichos mapas, la Administración General del
Estado llevase una propuesta de un plan de inversión en infraestructuras y servicios
al Consejo Territorial, y que en éste se lograse un amplio acuerdo sobre unos criterios
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
comunes para la elaboración por parte de las comunidades autónomas de planes de
promoción y desarrollo (a medio y largo plazo) de la red de infraestructuras y servicios
de utilización pública que generen un importante volumen de empleos estables en un sector
de futuro como éste, en un marco estable de inversión propia y/o concertada con la
iniciativa privada. Se produciría, sin duda, un efecto psicológico movilizador en la opinión
pública, tan necesitada de buenas noticias.
Esto nos permitiría acercarnos a unas estimaciones más reales del coste total del Sistema
y de su reparto entre las distintas administraciones. Asimismo, nos permitiría ir pasando
de estimaciones sobre potencialidad de creación de empleo a estimaciones más reales de
puestos de trabajo creados por la implantación del SAAD.
El Fondo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del SAAD,
creado por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2009, en su disposición adicional sexagésima primera, que tiene por objeto prestar apoyo
financiero a las empresas que lleven a cabo dicha actividad, en los términos y condiciones
establecidos en el Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el
Ministerio de Sanidad y Política Social y la SEPI, sería un buen instrumento para promover
el desarrollo de la red de infraestructuras y servicios, reforzándolo financieramente
y dedicando parte de sus recursos a la constitución de Fondos que tendrían el mismo
fin pero limitarían su ámbito de actuación a cada comunidad autónoma. Estos nuevos
fondos, constituidos a partir de un convenio de las partes, contarían con los recursos
aportados por el fondo estatal, la comunidad autónoma correspondiente y las entidades
económico-financieras que pudieran estar interesadas.
El Fondo responde al compromiso del Gobierno de desarrollar la LAPAD y dotar al
país de las infraestructuras necesarias para dar respuesta a las necesidades de servicios
garantizados en dicha Ley, incrementando así una oferta insuficiente frente a una fuerte
y creciente demanda (acercándonos con ello a los parámetros medios de los países más
desarrollados de nuestro entorno). Responde también a la situación de crisis económica
con sus efectos negativos sobre la inversión y el empleo. Ambas circunstancias aconsejan
hacer una decidida apuesta de promoción de inversión productiva (pública y privada),
reorientando parte del sector de la construcción hacia el desarrollo de las
infraestructuras necesarias para el desarrollo e implantación real de la Ley. Esto contribuirá,
sin duda, a aminorar el impacto económico y laboral de la crisis del sector inmobiliario,
a generar empleo, actividad económica y tejido empresarial, y a poner en valor
al Estado como agente dinamizador de la economía, aportando a las empresas del sector,
ante las dificultades del mercado crediticio, posibilidades reales de financiación para sus
proyectos de expansión en un mercado que posee un gran potencial de crecimiento debido
a la baja cobertura actual y a la creciente demanda y presión social. Todo ello repercute
favorablemente en el coste neto que supone la implantación del SAAD.
La atención a la dependencia y el empleo
69
70
Existe amplia coincidencia en que es urgente inyectar liquidez e impulsar la circulación
crediticia. No debería olvidarse el interés que tiene, a este respecto, promover una red
de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros
directamente a la economía real para sortear los problemas de distribución a los que se
enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO.
En ese marco de inversión, se deberían abordar, simultáneamente a la ejecución de
obra nueva, actuaciones de adaptación y rehabilitación. Para ello, en el contexto y las
condiciones que se regulen en la Ley de Economía Sostenible (ventajas fiscales, aplicación
del IVA reducido, etc.) es urgente la creación, en el seno del Consejo Territorial,
en colaboración con todas las administraciones públicas, de un censo de locales, edificios
y viviendas desocupados o infrautilizados, muchos de los cuales, una vez rehabilitados
de acuerdo con las normas de acreditación de las comunidades autónomas,
podrían ponerse, en un breve periodo de tiempo, a disposición del SAAD para la prestación
de diversos servicios del sistema: desde centros de servicios sociales para realizar
labores de información, presentación y seguimiento de solicitudes, valoración, elaboración
del PIA y asignación de los recursos más adaptados a las necesidades de la persona
dependiente, así como promoción y realización de procesos de formación tanto para cuidadores
profesionales como informales, pasando por centros de día y determinado tipo
de viviendas hasta centros residenciales de estancia temporal o permanente. La mayoría
de estos inmuebles van a estar bien ubicados en el ámbito comunitario, próximos a la
vivienda de las personas en situación de dependencia, creándose así una red de servicios
muy pegada al barrio, al entorno. Hasta la aprobación de esta Ley, el Fondo Estatal de
Inversión Local, uno de cuyos ejes de actuación es el apoyo a los servicios sociales, en
especial los relacionados con la dependencia, puede ser un excelente instrumento para la
realización de estas actuaciones. Asimismo, se deberían contemplar y desarrollar diversas
actuaciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Igualmente, es urgente la elaboración, en el seno del Consejo Territorial, en colaboración
con todas las administraciones públicas y las organizaciones empresariales del sector,
de un censo real de las plazas residenciales y diurnas vacías, por tipo y ubicación,
construidas de acuerdo con criterios de calidad y que no se ponen a disposición del
SAAD, en la mayoría de los casos por problemas derivados del coste que representa para
una familia de tipo medio y por las actuales tarifas no acordes con los costes reales de
cada tipo de plaza según grado y nivel de dependencia. Es necesario llegar a un acuerdo
con los titulares de esas plazas y ponerlas gradualmente a disposición del SAAD a través
de la concertación. No podemos permitirnos tal falta de eficiencia.
Si no se abordan con urgencia estos planes, no se superará el actual modelo de atención
centrado en los cuidados familiares que descansa básicamente en las mujeres del entorno
familiar. Este hecho ha provocado y sigue provocando importantes costes sociales y
un marcado déficit en el bienestar de las familias.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
71
6.2 Suficiencia y sostenibilidad financiera
En un sistema de dependencia como el español que está fundado sobre el reconocimiento
de un derecho subjetivo, siempre estarán presentes los problemas y las tensiones de
financiación. Es imprescindible encarar esos problemas y resolver esas tensiones, desde
la premisa de que la garantía de una financiación suficiente y sostenible es central
para el desarrollo y la implantación del SAAD.
Igualmente, es necesario tener claro que la adecuada cobertura de los servicios y prestaciones
asociados a un sistema de dependencia tan ambicioso como el español requiere
importantes recursos financieros que crecerán en el tiempo a medida que se implante el
SAAD y se vayan incorporando todos los beneficiarios potenciales y a medida que avance
la esperanza de vida. Precisamente por ello, se debería, por una parte, concentrar los
esfuerzos de asignación de recursos en los grados altos de dependencia cubriendo en
esos niveles el nivel máximo de las necesidades existentes y, por otra, ser especialmente
cuidadosos en la valoración de los grados y niveles más elevados, como ya se indicó
en el capítulo 3.
En vez de afrontar con coherencia los desafíos de la financiación, frecuentemente nos
perdemos en un debate poco riguroso y muy simplificador, que a poco o nada conduce.
El problema, se dice, es la falta de financiación, olvidando que quizá lo que realmente
falte es la voluntad política de asignar los recursos necesarios, pues ningún derecho en la
historia de la protección social se ha podido ejercer sin una financiación suficiente y sostenible
en el tiempo. Junto con la necesidad de dotar, como exige la LAPAD, recursos
financieros suficientes, un debate riguroso y fructífero sobre financiación debe partir
también de la necesidad de construir un modelo organizativo, de gestión y de provisión
de servicios que sea eficiente. Esa eficiencia requiere, entre otras cosas, mejores
formas de coordinación interadministrativa (especialmente entre las comunidades autónomas
y las corporaciones locales) e intersistemas (SAAD y SNS), la plena integración
del SAAD dentro del sistema de servicios sociales, la acreditación de la calidad y la colaboración
con la iniciativa privada.
La mera disponibilidad de recursos financieros suficientes no bastaría por sí sola; tan
importante es invertir más como invertir bien. Resulta curioso comprobar cómo la
mayoría de las críticas en torno a la financiación del SAAD no van más allá de pedir una
subida lineal de fondos y no se detienen a analizar y reconducir las cosas que están funcionando
mal.
El Consejo Territorial, desde el mandato de la LAPAD (art. 14.2) y a la vista de los
informes y estimaciones que considere necesarios, tiene que consensuar unas estimaciones
razonables del coste del SAAD y acordar su distribución entre las partes,
La atención a la dependencia y el empleo
72
teniendo en cuenta el número de beneficiarios y su distribución por grados y por tipo de
servicios; catálogo de servicios y su contenido detallado que incluya estándares de intensidad,
compatibilidad y calidad y su coste unitario; acreditación de centros y servicios;
incidencia de la coparticipación del beneficiario en el coste de los servicios; otras cuestiones,
como inversiones necesarias para la creación y adaptación de las infraestructuras
y modo de abordarlas y modelos de organización, gestión y provisión de servicios mejorando
la cooperación con la iniciativa privada.
Para ello es imprescindible establecer módulos de coste efectivo de los diferentes servicios
por grado y nivel. La lógica del coste debe impregnar el diseño del esquema
financiero de la dependencia. Mientras no se evalúe el coste efectivo de los servicios,
difícilmente podrán establecerse conciertos satisfactorios para las diferentes partes (entre
las diferentes administraciones públicas y entre éstas y la iniciativa privada).
También es imprescindible que dicha distribución del coste sea transparente.
Actualmente, en relación con el análisis de las fuentes de financiación, la única información
fiable disponible hasta la fecha es la que corresponde a las aportaciones realizadas
por la Administración General del Estado. Sería necesario conocer, por un lado, las
aportaciones presupuestarias que las distintas administraciones públicas destinan a
la dependencia y, por otro, la parte de la coparticipación del beneficiario en el coste
de los servicios, de acuerdo con las reglas establecidas en cada comunidad autónoma.
Todas las comunidades autónomas deberían tener un programa presupuestario
específico en sus correspondientes presupuestos anuales en el que se visualicen los ingresos
y los gastos destinados específicamente a la dependencia y su distribución (art. 32.1
de la LAPAD).
De cara al objetivo de lograr una financiación suficiente y sostenible de la Ley, sería muy
positiva su inclusión en el ámbito de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas (LOFCA) a partir de la consideración de que los servicios
sociales de la dependencia deben formar parte de los servicios públicos fundamentales
con la educación y la sanidad. La Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, que modifica
la LOFCA y establece un nuevo modelo de financiación en el que se contempla un
incremento muy importante en los porcentajes de cesión de impuestos (IRPF, IVA;
impuestos especiales...) a las comunidades autónomas, podría ser el marco idóneo para
asegurar la adecuada financiación de la atención a la dependencia, superando el
escollo jurídico que pudiera suponer el hecho de que la LAPAD no es una ley básica. Las
personas dependientes verían cubiertos sus derechos a través de la recaudación de los
impuestos generales, al igual que los ven cubiertos quienes acceden al sistema educativo
o son atendidos en el sistema público de salud. A partir de este alto porcentaje de cesión
de distintos impuestos, debería existir una mayor transparencia por parte de las
comunidades autónomas en la asignación de los nuevos recursos.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
73
Igualmente, como parte de la evaluación que debe realizar el Consejo Territorial en el
tercer año de implementación de la Ley, deberían examinarse en detalle los efectos
que el actual modelo de financiación pueda estar teniendo sobre la implantación del
SAAD:
• La financiación a través de un nivel mínimo que se fija para cada beneficiario en función
de su grado y nivel, no modulándose las cuantías sobre la base de la prestación
que efectivamente reciben los beneficiarios (bien sea en servicios o en prestaciones
económicas) ni en función del coste de dichos servicios, podría estar incidiendo en la
manera en que algunas comunidades autónomas están resolviendo las valoraciones de
grado y nivel y el tipo de prestaciones ofrecidas a los beneficiarios en los PIA.
• Las cuantías fijadas para las prestaciones económicas por parte de la Administración
General del Estado podrían estar constituyendo un incentivo para que las comunidades
autónomas favorezcan las prestaciones económicas (especialmente la de cuidados
familiares), financieramente más favorables para ellas, en detrimento de la prestación
de servicios, a través de las necesarias infraestructuras, que resultan más costosos.
Si se mantiene este sesgo, además de no cumplirse un principio básico de la LAPAD,
los efectos macroeconómicos de la implantación del SAAD, en términos de incremento
de la inversión y del empleo, y la consolidación y ampliación de un nuevo sector de
actividad motor de crecimiento económico y competitividad de nuestro tejido productivo
como consecuencia del desarrollo de la red de infraestructuras de centros y servicios,
serían mucho menores de los esperados.
6.3 Marco claro y estable de colaboración público-privada
Debe lograrse un marco claro y estable de relación entre el sector público y el privado
en la provisión y desarrollo de servicios de atención a la dependencia. Este
marco debería tener un planteamiento a medio y largo plazo, en especial en torno al
papel que cada parte ha de tener en los planes de desarrollo de infraestructuras y
servicios (obra nueva y actuaciones de adaptación y rehabilitación, así como puesta a
disposición del SAAD a través de la concertación de la gran cantidad de plazas vacías)
que se citan en la primera de las propuestas (apartado 6.1).
La cobertura de nuestra red de infraestructuras y servicios se encuentra a considerable
distancia de los niveles de los países más desarrollados de nuestro entorno (Antares
Consulting, 2006). La titularidad de los centros residenciales y de día es mayoritariamente
(79%) privada. La inversión necesaria para responder a la demanda de atención en
dependencia (sólo en centros residenciales y de día-noche), teniendo en cuenta las previsiones
demográficas del INE, los últimos datos sobre cobertura de estos servicios
La atención a la dependencia y el empleo
74
(IMSERSO, 2008) y los datos sobre prevalencia de la dependencia en España (Dizy
Menéndez et al., 2006), oscila según la hipótesis empleada (Deloitte, 2006) entre 4.800
y 6.200 millones de euros hasta 2020 y entre 10.300 millones de euros y 13.300 millones
de euros hasta 2030. Sobre todo esto es necesario y urgente hablar y pactar.
La LAPAD establece la colaboración y la cooperación entre el sector público y el
privado. La Administración tiene que encargarse de aquellas materias que son indelegables:
la regulación, la planificación de los servicios, las acreditaciones, la inspección, la
evaluación de la calidad de los servicios, las sanciones a quien no cumpla la normativa…
La gestión directa de los servicios la realizarán el sector público y la iniciativa privada.
Se optimizan así los recursos públicos y privados disponibles configurándose, como
indica la LAPAD, una red de utilización pública. La coordinación y cooperación de
unos y otros va a ser un elemento fundamental en el proceso de desarrollo e implantación
de la Ley.
Un buen comienzo sería consensuar cuánto cuestan los servicios a partir de los estudios
que se han realizado sobre análisis de coste. A continuación, tanto las administraciones
públicas como los operadores deben actuar en consecuencia para primar la calidad
del servicio, por ejemplo uniendo un mayor grado de cumplimiento de los criterios de
acreditación a una mayor tarifa de concertación. La tarifa debe adecuarse a los costes
reales de los servicios y diferenciarse según grado y nivel de dependencia. Las revisiones
anuales deben tener en cuenta no sólo la subida real del IPC, sino también, dadas
las peculiaridades actuales del sector, los posibles incrementos salariales pactados en
convenio, consiguiendo plantillas más estables y cualificadas. Asimismo, habría que
reducir las excesivas demoras de pagos por parte de las administraciones públicas y
lograr que los concursos públicos no se conviertan en meras subastas.
.
En lo que respecta a la ayuda a domicilio, conforme se vaya alcanzando un volumen elevado
en el número de beneficiarios, es preciso adaptar los costes y las condiciones de provisión
y gestión del servicio para hacerlo más eficiente y sostenible económicamente.
Igualmente, para mejorar la calidad en la prestación de los servicios y la competencia entre
las entidades prestadoras de éstos debería respetarse la libre elección del usuario.
6.4 Reequilibrio de prestaciones ante el excesivo peso de la prestación
económica de cuidados familiares
En los casi tres años transcurridos desde el inicio de su implantación, la LAPAD no ha
logrado un cambio de tendencia que haya incrementado la atención formal frente a la atención
informal. Ello va en detrimento del modelo de servicios que propugna la Ley y que
debería suponer una oferta amplia de servicios hasta ahora muy poco desarrollados, tales
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
75
como los servicios profesionales de atención a domicilio (apenas el 10%), los centros de
día (en torno al 5%) y los servicios de teleasistencia (por debajo del 3% en la mayoría de
las comunidades autónomas).
Se están imponiendo las propuestas de PIA orientadas únicamente hacia los recursos disponibles
y no hacia los servicios necesarios y demandados. En los PIA predomina la concesión
de la prestación económica para los cuidados familiares en el domicilio, que a 1 de
enero de 2010 están percibiendo 280.000 de 485.000 beneficiarios. Factores como las preferencias
de las personas afectadas y las familias en una cultura familiarista y con escasa
experiencia en prestación de servicios de atención personal de calidad, junto al hecho de
que el coste de esta prestación resulta inferior en términos globales al coste de un servicio
residencial o a un servicio de ayuda a domicilio con una intensidad horaria adecuada, han
hecho de la excepción la regla dominante. Causas determinantes de esta realidad son, por
un lado, una oferta insuficiente de servicios y, por otro, que para ser beneficiario de un servicio
prestado desde cualquiera de los recursos que contiene la cartera de servicios resulta
necesaria una aportación económica importante por parte del usuario o de su familia,
mientras que, en contraposición, la prestación económica en el caso de cuidados familiares
significa un ingreso más en la economía familiar. Sin embargo, por más explicaciones
que tenga, lo cierto es que ésta es una forma de desarrollar la Ley que desactiva
todo su potencial de creación de nuevos servicios sociales profesionalizados y de nuevos
empleos.
Si no se ha logrado cambiar la tendencia e incrementar la proporción de cuidados formales
en un momento en el que las personas con derecho a prestación lo son con al menos
un reconocimiento de grado II y nivel 1, será aún más difícil hacerlo en el futuro inmediato,
pues es previsible que las nuevas oleadas de solicitantes, al incorporarse el grado I,
incrementen todavía más las listas de prestación económica para cuidados familiares. Es
necesario, por tanto, reequilibrar las prestaciones y servicios dentro del Sistema conforme
se vayan ampliando servicios y produciendo nuevas incorporaciones de beneficiarios
con dependencia moderada.
En el contexto de su desarrollo actual, y con el fin de mantener el espíritu de una Ley que
es de servicios, es inaplazable adaptar la cartera y la forma de su prestación, incluyendo
servicios directos al cuidador (formación, respiro...) y ejerciendo un control real
y directo de la situación en la que se encuentra quien recibe el cuidado.
Igualmente debe ser motivo de reflexión que los cuidadores que se han dado de alta en
el convenio especial de la Seguridad Social son unos 100.000 a 1 de enero de 2010, frente
a 280.000 personas con cuidados familiares. De ello puede deducirse que el resto son
cuidadores que están jubilados y que se ven obligados a responsabilizarse de los intensos
cuidados que requiere la persona con la que conviven, o bien que se trata de personas que
tienen un trabajo remunerado fuera de casa y quien realmente presta los cuidados es
alguien (probablemente una empleada de hogar) diferente a quien figura como cuidador.
La atención a la dependencia y el empleo
76
6.5 Mayor desarrollo del servicio de ayuda a domicilio
Conociendo las preferencias de las personas por recibir atención en su propio hogar,
viendo cómo crece la demanda de ayuda a domicilio y atendiendo a las tendencias más
innovadoras en los programas de atención a la dependencia en los países más desarrollados
de nuestro entorno, es difícil de comprender el escaso desarrollo que está teniendo
en el proceso de implantación del SAAD (sólo un 10% del total de prestaciones, con
cinco comunidades autónomas que no han prescrito ninguna).
Dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), deberían tender a aumentar los servicios
relacionados con los cuidados personales, se tendría que incrementar la intensidad
horaria de prestación del servicio, y deberían priorizarse las actividades
preventivas y de fomento de la autonomía personal. Se debería definir con más claridad
y precisión su alcance, es decir, regular no genéricamente el servicio de ayuda a
domicilio, sino concretamente los servicios que debe incluir la ayuda a domicilio.
Hay que tener claro que con la implantación del SAD profesionalizado no se trata de sustituir
a la familia (es insustituible), sino de prestarle ayuda profesional, descargándola de
determinadas actuaciones en la atención directa y permitiéndole su integración o reintegración
en el mundo del trabajo.
Algunas comunidades autónomas exigen a sus ayuntamientos que garanticen con su propio
servicio de ayuda a domicilio la prestación cuando se prescribe en un PIA, sin aportar
la correspondiente financiación, con el argumento de que ya están financiando ese
servicio en el marco del Plan Concertado.
Es urgente, por tanto, que se alcancen los acuerdos correspondientes entre comunidades
autónomas y corporaciones locales que establezcan sistemas unificados de acceso
al servicio y que permitan un fuerte impulso y desarrollo del servicio de ayuda a
domicilio, su regulación (contenidos, intensidades y compatibilidades) y su adecuada
financiación, haciendo un especial hincapié en la utilización de ayudas técnicas y de nuevas
tecnologías. En este contexto, las comunidades autónomas tienen que desarrollar normativa
que delegue competencias, financiación y corresponsabilidad a los ayuntamientos.
De no alcanzarse este objetivo, estaríamos ante la evidencia de que no se está implantando
un auténtico sistema de prestación de servicios (como manda la LAPAD) sino básicamente
un sistema de ayudas económicas, lo que resultaría preocupante, no sólo porque
no se daría el nivel de calidad en la atención especializada que las personas en situación
de gran dependencia o dependencia severa requieren, sino también porque el Sistema no
desarrollaría su extraordinario potencial de actividad económica y de creación de
empleo. Este potencial es especialmente importante en el caso del servicio de ayuda a
domicilio, que ofrece oportunidades de empleo a amplios colectivos que en una situación
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
77
como la actual tienen muy difícil incorporarse a otros ámbitos de la actividad profesional
y que, además, ofrece un empleo ampliamente descentralizado en el territorio, y todo
ello en un proceso rápido de incorporación al puesto de trabajo.
6.6 Calidad y SAAD
Uno de los aciertos de la LAPAD es que la calidad no está implícita como en cualquier
otra disposición legal, sino que, además de reconocer el derecho del ciudadano, exige que
sea de calidad. En consecuencia, la calidad en el SAAD no es sólo un requisito para que
el derecho de ciudadanía reconocido se haga efectivo, sino que es en sí mismo un mandato
legal (Duque Gómez, 2007). Cuando una ley articula de una forma tan completa los
mecanismos para hacer efectiva la calidad, es que la considera elemento esencial para
que se cumplan los objetivos que pretende lograr.
Es necesario, por tanto, que el Consejo Territorial defina y acuerde los requisitos, los
indicadores y los estándares que deben exigirse a los centros, servicios y entidades para
que puedan pasar a formar parte del Sistema. En el acuerdo de noviembre de 2008 no se
definió la cartera de servicios para cada recurso. Se propone que se cubra este vacío tan
importante del acuerdo12. Asimismo, el Consejo Territorial, a la vista de la opción decidida
de la Ley por la profesionalización del Sistema, debe desarrollar de forma efectiva
los dos componentes básicos de la profesionalización: formación y calidad en el
empleo. La calidad de los profesionales condiciona la calidad del Sistema. También
debería impulsar la normalización específica sobre los distintos recursos del Sistema en
colaboración con las entidades responsables y fomentar la innovación en todo lo relacionado
con la calidad.
Para que puedan llevarse a cabo estos objetivos han de acordarse criterios comunes y
estándares de calidad. Los criterios comunes y la fijación de estándares no pueden ignorar
la realidad existente, que es compleja, dispersa y desigual, tanto en las administraciones
como en los otros grupos de interés.
Es necesario, por tanto, que se plantee por las administraciones públicas la calidad en el
SAAD no de forma genérica, como en cualquier otro servicio público, sino como algo
que realmente debe impregnar todo el Sistema, sus recursos, sus medios y la forma de
utilizarlos y ponerlos a disposición de las personas a quienes se dirige. Además, para
comprobar que son de calidad, se han de articular mecanismos de control e inspección
y efectuar las correspondientes evaluaciones que permitan conocer cómo funcionan
y mejorarlos constantemente.
12 Conviene recordar cómo la cartera de servicios condiciona las instalaciones, los profesionales y, en
definitiva, la calidad y el coste del servicio.
La atención a la dependencia y el empleo
78
6.7 Mejora de la cualificación y de la calidad de empleo
La mejora efectiva de la calidad de atención no podrá lograrse sin que paralelamente
mejore la cualificación y la calidad de empleo del personal que trabaja en el sector de la
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
Como señalaba acertadamente el Libro Blanco (IMSERSO, 2005), el logro de
una atención de calidad requiere una política de recursos humanos que dimensione
adecuadamente las plantillas de cada tipo de centro y servicio; defina con precisión las
tareas y funciones que ha de desarrollar cada profesional o grupo de profesionales; establezca
los niveles de conocimientos técnicos requeridos, la capacitación profesional
necesaria y el perfil profesional más adecuado para cada puesto; ponga a punto métodos
y canales idóneos para la selección del personal; dedique tiempo y recursos suficientes a
la formación inicial y continua; y fije unas condiciones de trabajo adecuadas.
Las expectativas acerca de la mejora de la calidad del empleo en el sector como consecuencia
del desarrollo e implantación de la LAPAD contrastan con una realidad caracterizada
por niveles salariales bajos, alto porcentaje de contratos temporales y a tiempo
parcial y elevado índice de rotación.
Las dificultades para la generación de un empleo de calidad, estable y bien remunerado
provienen, en buena medida, de las condiciones económicas y técnicas que se establecen
en las licitaciones para la adjudicación de los servicios, y en el propio sistema de valoración
de las propuestas, que suele primar más la oferta económica a la baja que la calidad
de atención. Es necesario cambiar estas prácticas, para que el precio al que se adjudican
los contratos sea suficiente para garantizar un empleo de calidad y bien remunerado,
que permita contratar a profesionales adecuadamente cualificados.
Para responder a la amplia demanda que se generará como resultado de la aplicación de
la LAPAD, resulta necesario poder contar con profesionales preparados, capaces de
responder a las múltiples demandas que plantea el sector. Además de las competencias
específicas que habilitan para el desempeño de los distintos puestos de trabajo, los
profesionales de la atención de la dependencia han de adquirir también una serie de
competencias de carácter transversal, entre las que destacan la calidad, el medio
ambiente, la prevención de riesgos laborales, las competencias en comunicación y las
habilidades de interlocución con equipos de trabajo, usuarios, familiares y administraciones
públicas. Los puestos que requieran un alto nivel de cualificación deberán disponer
de competencias relacionadas con el entorno económico y social del servicio, su gestión,
conocimientos del marco jurídico aplicable, gestión de recursos humanos, gestión económico-
financiera, organización y visión estratégica.
La formación en promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia ha
de comprender todos los niveles de cualificación, desde una formación especializada a los
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
79
profesionales de menor cualificación hasta la formación específica en geriatría y en discapacidad
a profesionales universitarios de las ramas social y sanitaria y de otras como la económica
y la jurídica que potencialmente puedan desempeñar en el futuro su trabajo en el sector.
6.8 Necesaria y urgente coordinación sociosanitaria
Con el fin de promover las mejores prácticas de coordinación, sería necesario acordar
en el Consejo Territorial la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación
integral en algunas (o en todas) las comunidades autónomas para demostrar la eficiencia
y la eficacia de esta coordinación.
Es urgente comenzar a visualizar experiencias concretas en las que profesionales,
infraestructuras y servicios de ambos sistemas operan en red, establecen “pasarelas” y
derivaciones protocolizadas entre ellos y prestan a la persona en situación de dependencia,
eficaz y eficientemente, la atención apropiada y en el sitio adecuado, asegurando cuidados
continuos (la atención social y sanitaria debe ser un continuum) y, simultáneamente,
consiguiendo una mejor calidad asistencial y una mayor sostenibilidad económica de los
dos sistemas de protección.
También es urgente dar pasos concretos, innovar, moverse en esa dirección, en base a la
convicción de que la persona es, debe ser, el centro de las actuaciones de los dos sistemas.
En la situación actual se mueve al paciente, a las personas en situación de dependencia
(con unos costes muy elevados), cuando lo que se tienen que mover son los
sistemas hacia el paciente, hacia la persona en situación de dependencia (con unos costes
más razonables y con una mayor calidad de vida para la persona que necesita esos servicios
y para su familia). Se trata, por tanto, de adoptar una visión de atención
integral centrada en el paciente.
Existe mucha y muy variada información basada en el análisis de la implantación de
modelos internacionales con características similares, en los que la coordinación o la
integración son el eje de su desarrollo. A partir del análisis comparativo es necesario
extraer ejemplos de buena práctica aplicables, cuyas ventajas dejan huella tanto en beneficios
monetarios como no monetarios en los sistemas que los asumen.
Sería relevante y de gran utilidad que se celebrase, al menos, una reunión anual conjunta
del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial del SAAD, en la
que se acordasen criterios comunes de coordinación que puedan servir de base para regulaciones
posteriores de las comunidades autónomas.
Igualmente resultaría operativa la constitución en todas las comunidades autónomas
de un consejo de coordinación del que formasen partes los máximos responsables polí-
La atención a la dependencia y el empleo
80
ticos y gerenciales del ámbito sanitario y del social. Ello contribuiría a lograr compromisos
y avanzar en la prestación integral de estos servicios. Asimismo, en cada área sociosanitaria
debería funcionar una comisión con poder ejecutivo que constituyese no
sólo un verdadero foro donde profesionales de los dos sistemas (especialistas del hospital
de referencia que actuarían como consultores, profesionales de atención primaria y
profesionales de las unidades especializadas de los centros residenciales del SAAD) puedan
compartir información y realizar sesiones clínicas periódicas, sino también que a la
vista de los casos analizados se debatan las pautas a seguir y se tomen decisiones para
lograr una mayor calidad asistencial y aprovechamiento de los recursos.
La constitución de órganos, estructuras e instrumentos de coordinación ha de contar
con el suficiente respaldo normativo. El modelo de las comisiones sociosanitarias
de área podría ser un buen punto de partida, siempre que se superaran las debilidades que
han impedido su acción eficaz: existencia de recursos específicos que coordinar y reforzamiento
de la capacidad ejecutiva para hacerlo (Jiménez Lara, 2007:47).
Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad se han realizado muchos esfuerzos de
acercamiento y coordinación, se ha estudiado, analizado y escrito mucho, y se sigue
haciendo, en torno a la coordinación sociosanitaria, pero en la práctica (por miedos, inercias,
corporativismos...), las realizaciones son escasas. Es necesario derribar muros,
superar inercias y debates estériles, no tener miedo a que no se den los servicios adecuados
en el lugar de derivación13, por el contrario, tener la seguridad de que se recibirán
los mismos cuidados que se obtendrían en el centro hospitalario; innovar y crear nuevos
espacios de organización y delimitación de actuaciones; dar una oportunidad a
tanta reflexión acumulada y a tantas propuestas formuladas. Tendremos la capacidad
de lograrlo si tenemos el valor de emprenderlo.
6.9 SAAD y medio rural
El Consejo Territorial del SAAD, en el contexto de la evaluación de la Ley durante
2010, debería analizar en detalle cómo se está implantando el SAAD en el medio
rural y actuar en consecuencia.
La población rural constituye cerca del 15% de la población española y ocupa en torno
al 80% del territorio. Ha visto cómo en las últimas décadas, de la agricultura familiar se
13 El Instituto Australiano de Salud y Bienestar publicó a finales de 2008 una memoria en la que recoge
datos cuantitativos referentes al traslado de pacientes desde los hospitales a las residencias de cuidados
para mayores y fija una estrategia de cuidados para las personas que se trasladan del hospital a la
residencia.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
81
ha pasado a la agricultura profesional, disminuyendo considerablemente el número de
ocupados. Durante décadas no ha dejado de emigrar al medio urbano, incrementándose
aceleradamente su tasa de envejecimiento.
De los 8.112 municipios que existen en España, 6.808 cuentan con una población inferior
a 5.000 habitantes, con tasas de envejecimiento del 28%; de ellos 4.861 municipios
no llegan a los 1.000 habitantes, de los que uno de cada tres supera los 65 años. A medida
que el tamaño de la población disminuye, aumenta la tasa de envejecimiento y el acceso
a los recursos y servicios, sean públicos o privados, se vuelve más difícil.
Al envejecimiento propio de la población rural hay que añadir factores, como rentas más
bajas, menor nivel formativo y una menor accesibilidad a los servicios. Muchos pueblos
presentan a veces condiciones insalvables para acceder a ellos. No es de extrañar que la
gente prefiera quedarse en sus casas, optando por la prestación económica de cuidados
familiares. Las hijas siempre lo han hecho y siguen viendo normal el hacerlo, y más si
les pagan por ello. Tampoco tienen muchas opciones, porque los servicios en el campo
prácticamente no existen.
Ante ello, la excepcionalidad que marca la Ley quizá tenga que ser contemplada de
otro modo en el ámbito rural, dotando de la mayor calidad posible los cuidados prestados.
Habría que vincularlos con la formación por parte de profesionales que les enseñen
a afrontar el diverso tipo de situaciones que se plantean y que les presten el necesario
apoyo emocional. También con la supervisión profesional de los cuidados que se prestan
al dependiente y de las condiciones en que se realizan estos cuidados.
Lo mejor y más eficaz en estos casos es desplazar servicios, no personas: comida a
domicilio, lavandería, rehabilitación, teleasistencia y servicios de respiro cubiertos por
profesionales. Asimismo, facilitar la accesibilidad y las adaptaciones en el hogar que
contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda y apoyarles con
ayudas técnicas que les faciliten un mayor grado de autonomía personal y calidad
de vida. En las cabeceras de comarca podrían establecerse por emprendedores locales
pequeñas empresas donde se puedan vender o alquilar, instalar y reparar dichas ayudas
técnicas. Todo ello contribuiría, además, a crear empleo y frenaría la sangría de
población que está sufriendo el mundo rural.
En esta misma dirección, la creación de empresas propias o filiales de otras que ya operan
en el sector o de cooperativas de servicios profesionales para personas en situación
de dependencia puede ser una apuesta por parte de personas que quieren seguir viviendo
o vivir en el medio rural y prestar servicios en el contexto de la implantación del SAAD,
apoyándose también en los programas de desarrollo rural y sensibilizando a las entidades
locales en el uso de infraestructuras inutilizadas (v.g. antiguas escuelas). La LAPAD
constituye así, mediante la red de cuidados que se vaya estableciendo, una oportunidad
frente a la despoblación, contribuyendo, además, a crear empleo, rejuvenecer el
mundo rural y favorecer su desarrollo.
La atención a la dependencia y el empleo
82
6.10 Promoción de la innovación tecnológica
Las nuevas tecnologías permiten resolver problemas de accesibilidad y disponibilidad de
los servicios sociosanitarios sin generar nuevos costes, mediante la prestación de asistencia
en el lugar más adecuado según la necesidad del dependiente, a la vez que mejoran la respuesta
del usuario y su nivel de implicación en el proceso de atención.
La apuesta decidida por la innovación debe traducirse en un adecuado apoyo a los procesos
tecnológicos que están permitiendo gestionar mejor los recursos y producir conocimiento,
lo que se traduce en una mejora de las condiciones de vida. Estos desarrollos
mejoran la gestión, la calidad, la seguridad y la accesibilidad de la atención sociosanitaria
española y, al mismo tiempo, generan innovación y competitividad, produciendo beneficios
tangibles en la calidad de vida, en la economía y en el empleo.
Los poderes públicos deben fomentar la innovación en todos los aspectos relacionados
con la calidad de vida y la atención de las necesidades de las personas en situación de
dependencia, promoviendo la investigación relacionada con la promoción de la autonomía
personal en los planes de I+D+i, facilitando y apoyando el desarrollo de normativa
técnica que asegure la no discriminación en los procesos de diseño y desarrollo de
tecnologías, productos y servicios, en colaboración con las organizaciones de normalización
y todos los agentes implicados. En particular, debe impulsarse el desarrollo de las
tecnologías de apoyo, que evitan, neutralizan, compensan o mitigan las limitaciones funcionales
de las personas para acceder al entorno y utilizar productos que mejoren su calidad
de vida.
6.11 Debate social sobre las cuestiones vinculadas a la edad avanzada
La sociedad debe tomar conciencia de la necesidad de elaborar una estrategia ante el
cambio demográfico, del mismo modo que está elaborando una ante las consecuencias del
cambio climático o de los problemas energéticos.
En el marco de este debate, el aspecto demográfico que queremos destacar en este
informe es el envejecimiento de la población. De acuerdo con la Oficina del Censo de
los Estados Unidos de América, la población mundial mayor de 65 años se doblará entre
2000 y 2030 (US Census Bureau International Data Base, 2010). Es una tendencia que
no ocurre sólo en el mundo desarrollado, sino también en los países en vía de desarrollo,
donde se prevé que el número de personas mayores de 65 años se multiplique por tres
durante este periodo.
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
83
De forma paralela, se ha producido un cambio en las causas de mortalidad, desde enfermedades
infecciosas y agudas hacia dolencias crónicas y degenerativas que necesitan de cuidados
de larga duración.
Existe la tendencia a dar al envejecimiento el tratamiento de un problema médico
cuando es, en realidad, un fenómeno social. El envejecimiento de la población constituye
una de las transformaciones sociales más importantes producidas en el último tercio del
siglo pasado y es la expresión de un gran logro humano que nos permite vivir más y vivir
mejor. Las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas de este fenómeno
social son bien conocidas.
En el contexto de este informe, la cuestión que resulta necesario prever es la de qué lugar
han de tener las personas de edad avanzada en nuestra sociedad. Y saber qué es lo que
piensan y qué es lo que quieren. Por tanto, es urgente iniciar un debate público sobre las
cuestiones vinculadas a la edad avanzada.
* * *
Los países democráticos avanzan con grandes acuerdos asentados en amplios consensos.
Eso hace que los procesos no sean tan rápidos y fáciles como uno desearía, pero asegura la
consolidación de las iniciativas que, huyendo de particularismos a corto plazo y localismos
demagógicos, se basan en una visión clara y compartida del camino a recorrer, en la decidida
voluntad de avanzar, en el compromiso y la participación de todos los agentes que
intervienen en el proceso y en el rigor técnico y la profesionalidad de quienes lo conducen.
Un proyecto de la magnitud de la implantación del SAAD (que implica la creación de un
importante volumen de infraestructuras, la valoración de millones de personas, la acreditación
de miles de centros y servicios, la formación de decenas de miles de profesionales…)
necesita tiempo. La propia LAPAD marca para ello un plazo de ocho años.
En los años que todavía quedan para completar su implantación se requerirán notables
esfuerzos políticos y económicos y unas enormes dosis de cooperación y lealtad institucional,
de colaboración público-privada y de compromiso del conjunto de la sociedad para que
la Ley pueda dar respuesta a las grandes expectativas que generó, garantizar el ejercicio del
derecho reconocido y consolidar un nuevo sector generador de actividad económica y de
empleo.
La atención a la dependencia y el empleo
84
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La atención a la dependencia y el empleo
86
Índice de Gráficos y Tablas
Gráficos
Gráfico 1. Evolución del paro registrado y porcentaje de variación anual del PIB en
España entre enero de 1996 y diciembre de 2009...........................................................................................................................12
Gráfico 2. Pirámides de población en España en 2000 y 2050.............................................................................................16
Gráfico 3. Pirámide de la población española total y con discapacidad .........................................................17
Gráfico 4. Gasto social, por funciones, en porcentaje
del PIB UE-15, UE-27 y España, 2007 ..............................................................................................................................................................19
Gráfico 5. Evolución de las tasas de desempleo en la Unión Europea y en España
durante la década del 2000 (datos referidos al segundo trimestre de cada año).............21
Gráfico 6. Empleo total en cada sector como porcentaje de la población en edad
de trabajar. UE-15, UE-27 y España. Segundo trimestre de 2009............................................................23
Gráfico 7. Evolución de los afiliados a la SS en situación de alta (enero 2007
-diciembre 2009. Datos para el último día de cada mes).................................................................................................27
Gráfico 8. Evolución del empleo total y del empleo en actividades de servicios
sociales (primer trimestre de 2008-cuarto trimestre de 2009) según la EPA........................28
Gráfico 9. Evolución de la tasa de paro total y en actividades de servicios sociales
(primer trimestre de 2008-cuarto trimestre de 2009) según la EPA.........................................................29
Gráfico 10. Proporción de personas con discapacidad, por edad (tantos por mil)
EDAD 2008 y EDDES 1999........................................................................................................................................................................................................32
Gráfico 11. Evolución prevista de la proporción de personas mayores en la UE-15
más Noruega y Suiza 2010-2050........................................................................................................................................................................................52
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
87
Tablas
Tabla 1. Evolución de la población mayor de 65, 75 y 80 años en España en el período
1981-2009 (datos absolutos y porcentajes sobre la población total)......................................................15
Tabla 2. Gasto social, por funciones, en porcentaje del PIB,
en la Unión Europea, 2007............................................................................................................................................................................................................19
Tabla 3. Empleo total en cada rama de actividad como porcentaje de la población
en edad de trabajar. UE-15, UE- 27 y España. Segundo trimestre de 2009...........................22
Tabla 4. Empleo en los servicios de carácter comunitario, como porcentaje de la
población en edad de trabajar. (UE-27, UE-15, España y países de la UE con
mayor tasa. Segundo trimestre de 2009)............................................................................................................................................................24
Tabla 5. Estado de implantación de la Ley de Dependencia a 1 de enero de 2010.
Solicitudes, Dictámenes, Prestaciones reconocidas y personas que reciben
prestaciones......................................................................................................................................................................................................................................................................25
Tabla 6. Prestaciones reconocidas, según tipo de prestación, y personas
que las reciben a 1 de enero de 2010............................................................................................................................................................................26
.
Tabla 7. Estimación de la población dependiente, por grados,
a 31 de diciembre de 2011.............................................................................................................................................................................................................34
Tabla 8. Estimación de la población dependiente, por grados,
a 31 de diciembre de 2015.............................................................................................................................................................................................................34
Tabla 9. Hipótesis de asignación de recursos, año 2011.....................................................................................................................35
Tabla 10. Hipótesis de asignación de recursos, año 2015................................................................................................................36
Tabla 11. Ratios de personal por usuario atendido, año 2011.................................................................................................37
Tabla 12. Ratios de personal por usuario atendido, año 2015.................................................................................................38
Tabla 13. Estimación del potencial de generación de empleo, año 2011........................................................39
Tabla 14. Estimación del potencial de generación de empleo, año 2015........................................................40
La atención a la dependencia y el empleo
88
Tabla 15. Extranjeros de 65 y más años residentes en España por tramos de edad
(UE-15 más Noruega y Suiza)..................................................................................................................................................................................................53
Tabla 16. Población mayor de 65 años extranjeros residentes en España por provincia
de residencia (UE-15 más Noruega y Suiza)............................................................................................................................................54
Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara
Documentos de trabajo publicados
1/2003. Servicios de atención a la infancia en España: estimación de la oferta actual y de las necesidades ante el
horizonte 2010. María José González López.
2/2003. La formación profesional en España. Principales problemas y alternativas de progreso. Francisco de Asís
de Blas Aritio y Antonio Rueda Serón.
3/2003. La Responsabilidad Social Corporativa y políticas públicas. Alberto Lafuente Félez, Víctor Viñuales Edo,
Ramón Pueyo Viñuales y Jesús Llaría Aparicio.
4/2003. V Conferencia Ministerial de la OMC y los países en desarrollo. Gonzalo Fanjul Suárez.
5/2003. Nuevas orientaciones de política científica y tecnológica. Alberto Lafuente Félez.
6/2003. Repensando los servicios públicos en España. Alberto Infante Campos.
7/2003. La televisión pública en la era digital. Alejandro Perales Albert.
8/2003. El Consejo Audiovisual en España. Ángel García Castillejo.
9/2003. Una propuesta alternativa para la Coordinación del Sistema Nacional de Salud español. Javier Rey del
Castillo.
10/2003. Regulación para la competencia en el sector eléctrico español. Luis Atienza Serna y Javier de Quinto
Romero.
11/2003. El fracaso escolar en España. Álvaro Marchesi Ullastres.
12/2003. Estructura del sistema de Seguridad Social. Convergencia entre regímenes. José Luis Tortuero Plaza y
José Antonio Panizo Robles.
13/2003. The Spanish Child Gap: Rationales, Diagnoses, and Proposals for Public Intervention. Fabrizio Bernardi.
13*/2003. El déficit de natalidad en España: análisis y propuestas para la intervención pública. Fabrizio
Bernardi.
14/2003. Nuevas fórmulas de gestión en las organizaciones sanitarias. José Jesús Martín Martín.
15/2003. Una propuesta de servicios comunitarios de atención a personas mayores. Sebastián Sarasa Urdiola.
16/2003. El Ministerio Fiscal. Consideraciones para su reforma. Olga Fuentes Soriano.
17/2003. Propuestas para una regulación del trabajo autónomo. Jesús Cruz Villalón.
18/2003. El Consejo General del Poder Judicial. Evaluación y propuestas. Luis López Guerra.
19/2003. Una propuesta de reforma de las prestaciones por desempleo. Juan López Gandía.
20/2003. La Transparencia Presupuestaria. Problemas y Soluciones. Maurici Lucena Betriu.
21/2003. Análisis y evaluación del gasto social en España. Jorge Calero Martínez y Mercè Costa Cuberta.
22/2003. La pérdida de talentos científicos en España. Vicente E. Larraga Rodríguez de Vera.
23/2003. La industria española y el Protocolo de Kioto. Antonio J. Fernández Segura.
24/2003. La modernización de los Presupuestos Generales del Estado. Enrique Martínez Robles, Federico Montero
Hita y Juan José Puerta Pascual.
25/2003.Movilidad y transporte.Opciones políticas para la ciudad. CarmeMiralles-Guasch yÀngel Cebollada i Frontera.
26/2003. La salud laboral en España: propuestas para avanzar. Fernando G. Benavides.
27/2003. El papel del científico en la sociedad moderna. Pere Puigdomènech Rosell.
28/2003. Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Pablo Pérez Tremps.
29/2003. La Audiencia Nacional: una visión crítica. José María Asencio Mellado.
30/2003. El control político de las misiones militares en el exterior. Javier García Fernández.
31/2003. La sanidad en el nuevo modelo de financiación autonómica. Jesús Ruiz-Huerta Carbonell y Octavio Granado
Martínez.
32/2003. De una escuela de mínimos a una de óptimos: la exigencia de esfuerzo igual en la Enseñanza Básica. Julio
Carabaña Morales.
33/2003. La difícil integración de los jóvenes en la edad adulta. Pau Baizán Muñoz.
34/2003. Políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España: una valoración con EspaSim. Magda
Mercader Prats.
35/2003. El sector del automóvil en la España de 2010. José Antonio Bueno Oliveros.
36/2003. Publicidad e infancia. Purificación Llaquet,Mª AdelaMoyano,María Guerrero, Cecilia de la Cueva, Ignacio de
Diego.
37/2003. Mujer y trabajo. Carmen Sáez Lara.
38/2003. La inmigración extracomunitaria en la agricultura española. Emma Martín Díaz.
39/2003. Telecomunicaciones I: Situación del Sector y Propuestas para un modelo estable. José Roberto Ramírez
Garrido y Juan Vega Esquerrá.
40/2003. Telecomunicaciones II: Análisis económico del sector. José Roberto RamírezGarrido y Álvaro Escribano Sáez.
41/2003. Telecomunicaciones III: Regulación e Impulso desde las Administraciones Públicas. José Roberto Ramírez
Garrido y Juan Vega Esquerrá.
42/2004. La Renta Básica. Para una reforma del sistema fiscal y de protección social. Luis Sanzo González y Rafael
Pinilla Pallejà.
43/2004. Nuevas formas de gestión. Las fundaciones sanitarias en Galicia. Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martín
García.
44/2004. Protección social de la dependencia en España. Gregorio Rodríguez Cabrero.
45/2004. Inmigración y políticas de integración social. Miguel Pajares Alonso.
46/2004. TV educativo-cultural en España. Bases para un cambio de modelo. José Manuel Pérez Tornero.
47/2004. Presente y futuro del sistema público de pensiones: Análisis y propuestas. José Antonio Griñán Martínez.
48/2004. Contratación temporal y costes de despido en España: lecciones para el futuro desde la perspectiva del
pasado. Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno.
49/2004. Propuestas de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables. Emilio Menéndez Pérez.
50/2004. Propuestas de racionalización y financiación del gasto público enmedicamentos. Jaume Puig-Junoy y Josep
Llop Talaverón.
51/2004. Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad. Jordi Borja.
52/2004. Una propuesta para un comité de Bioética de España. Marco-Antonio Broggi Trias.
53/2004. Eficacia del gasto en algunas políticas activas en el mercado laboral español. César Alonso-Borrego,
Alfonso Arellano, Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno.
54/2004. Sistema de defensa de la competencia. Luis Berenguer Fuster.
55/2004. Regulación y competencia en el sector del gas natural en España. Balance y propuestas de reforma. Luis
Atienza Serna y Javier de Quinto Romero.
56/2004. Propuesta de reforma del sistema de control de concentraciones de empresas. José Mª Jiménez
Laiglesia.
57/2004. Análisis y alternativas para el sector farmacéutico español a partir de la experiencia de los EE UU. Rosa
Rodríguez-Monguió y Enrique C. Seoane Vázquez.
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59/2004. Políticas de apoyo a la innovación empresarial. Xavier Torres.
60/2004. La televisión local entre el limbo regulatorio y la esperanza digital. Emili Prado.
61/2004. La universidad española: soltando amarras. Andreu Mas-Colell.
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65(I)/2005. La gestión de la demanda de electricidad Vol. I. José Ignacio Pérez Arriaga, Luis Jesús Sánchez de
Tembleque, Mercedes Pardo.
65(II)/2005. La gestión de la demanda de electricidad Vol. II (Anexos). José Ignacio Pérez Arriaga, Luis Jesús Sánchez
de Tembleque, Mercedes Pardo.
66/2005. Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas de reforma legal. Ángel Manuel Moreno
Molina.
67/2005. La regeneración de barrios desfavorecidos. María Bruquetas Callejo, Fco. Javier Moreno Fuentes, Andrés
Walliser Martínez.
68/2005. El aborto en la legislación española: una reforma necesaria. Patricia Laurenzo Copello.
69/2005. El problema de los incendios forestales en España. Fernando Estirado Gómez, Pedro Molina Vicente.
70/2005. Estatuto de laicidad y Acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate. JoséM.ª ContrerasMazarío, Óscar
Celador Angón.
71/2005. Posibilidades de regulación de la eutanasia solicitada. Carmen Tomás-Valiente Lanuza.
72/2005. Tiempo de trabajo y flexibilidad laboral. Gregorio Tudela Cambronero, Yolanda Valdeolivas García.
73/2005. Capital social y gobierno democrático. Francisco Herreros Vázquez.
74/2005. Situación actual y perspectivas de desarrollo del mundo rural en España. Carlos Tió Saralegui.
75/2005. Reformas para revitalizar el Parlamento español. Enrique Guerrero Salom.
76/2005. Rivalidad y competencia en los mercados de energía en España. Miguel A. Lasheras.
77/2005. Los partidos políticos como instrumentos de democracia. Henar Criado Olmos.
78/2005. Hacia una deslocalización textil responsable. Isabel Kreisler.
79/2005. Conciliar las responsabilidades familiares y laborales: políticas y prácticas sociales. Juan Antonio Fernández
Cordón y Constanza Tobío Soler.
80/2005. La inmigración en España: características y efectos sobre la situación laboral de los trabajadores nativos.
Raquel Carrasco y Carolina Ortega.
81/2005. Productividad y nuevas formas de organización del trabajo en la sociedad de la información. Rocío Sánchez
Mangas.
82/2006. La propiedad intelectual en el entorno digital. Celeste Gay Fuentes.
83/2006. Desigualdad tras la educación obligatoria: nuevas evidencias. Jorge Calero.
84/2006. I+D+i: selección de experiencias con (relativo) éxito. José Antonio Bueno Oliveros.
85/2006. La incapacidad laboral en su contexto médico: problemas clínicos y de gestión. Juan Gervas, Ángel Ruiz
Téllez y Mercedes Pérez Fernández.
86/2006. La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social. Francisco Sevilla.
87/2006. El sistema de servicios sociales español y las necesidades derivadas de la atención a la dependencia. Pilar
Rodríguez Rodríguez.
88/2006. La desalinización de agua de mar mediante el empleo de energías renovables. Carlos de la Cruz.
89/2006. Bases constitucionales de una posible política sanitaria en el Estado autonómico. Juan José Solozábal
Echavarría.
90/2006. Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España. Beatriz González López-
Valcárcel y Patricia Barber Pérez.
91/2006. Agencia de Evaluación: innovación social basada en la evidencia. Rafael Pinilla Pallejà.
92/2006. La Situación de la industria cinematográfica española. José María Álvarez Monzoncillo y Javier López
Villanueva.
93/2006. Intervenciónmédica y buenamuerte.Marc-Antoni Broggi Trias, Clara LlubiàMaristany y Jordi Trelis Navarro.
94/2006. Las prestaciones sociales y la renta familiar. María Teresa Quílez Félez y José Luis Achurra Aparicio.
95/2006. Plan integral de apoyo a la música y a la industria discográfica. Juan C. Calvi.
96/2006. Justicia de las víctimas y reconciliación en el País Vasco. Manuel Reyes Mate.
97/2006. Cuánto saben los ciudadanos de política. Marta Fraile.
98/2006. Profesión médica en la encrucijada: hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo y de contrato social.
Albert J. Jovell y María D. Navarro.
99/2006. El papel de la financiación público-privada de los servicios sanitarios. A. Prieto Orzanco, A. Arbelo López de
Letona y E. Mengual García.
100/2006. La financiación sanitaria autonómica: un problema sin resolver. Pedro Rey Biel y Javier Rey del Castillo.
101/2006. Responsabilidad social empresarial en España. Anuario 2006.
102/2006. Problemas emergentes en salud laboral: retos y oportunidades. Fernando G. Benavides y Jordi Delclòs
Clanchet.
103/2006. Sobre el modelo policial español y sus posibles reformas. Javier Barcelona Llop.
104/2006. Infraestructuras: más iniciativa privada y mejor sector público. Ginés de Rus Mendoza.
105/2007. El teatro en España: decadencia y criterios para su renovación. Joaquín Vida Arredondo.
106/2007. Las alternativas al petróleo como combustible para vehículos automóviles. José Antonio Bueno Oliveros.
107/2007. Movilidad del factor trabajo en la Unión Europea y coordinación de los sistemas de pensiones. Jesús
Ferreiro Aparicio y Felipe Serrano Pérez.
108/2007. La reforma de la casación penal. Jacobo López Barja de Quiroga.
109/2007. El gobierno electrónico: servicios públicos y participación ciudadana. Fernando Tricas Lamana.
110/2007. Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las jurisprudencias civil y
penal. José-Pascual Ortuño Muñoz y Javier Hernández García.
111/2007. El sector de la salud y la atención a la dependencia. Antonio Jiménez Lara.
112/2007. Las revistas culturales y su futuro digital. M.ª Trinidad García Leiva.
113/2007. Mercado de vivienda en alquiler en España: más vivienda social y más mercado profesional. Alejandro
Inurrieta Beruete.
114/2007. La gestión de la demanda de energía en los sectores de la edificación y del trasporte. José Ignacio Pérez
Arriaga, Xavier García Casals, María Mendiluce Villanueva, Pedro Miras Salamanca y Luis Jesús Sánchez de
Tembleque.
115/2007. Aseguramiento de los riesgos profesionales y responsabilidad empresarial. Manuel Correa Carrasco.
116/2007. La inversión del minoritario: el capital silencioso. Juan Manuel Barreiro, José Ramón Martínez, Ángeles
Pellón y José Luis de la Peña.
117/2007. ¿Se puede dinamizar el sector servicios? Un análisis del sector y posibles vías de reforma. CarlosMaravall
Rodríguez.
118/2007. Políticas de creación de empresas y su evaluación. Roberto Velasco Barroetabeña y María Saiz Santos.
119/2007. La reforma del acceso a la carrera judicial en España: algunas propuestas. Alejandro Saiz Arnaiz.
120/2007. Renta y privación en España desde una perspectiva dinámica. Rosa Martínez López.
121/2007. La inversión pública en España: algunas líneas estratégicas. Rafael Myro Sánchez.
122/2007. La prensa ante el reto en línea. Entre las limitaciones del modelo tradicional y las incógnitas de su estrategia
digital. Xosé López y Xosé Pereira.
123/2007. Genéricos: medidas para el aumento de su prescripción y uso en el Sistema Nacional de Salud. Antonio
Iñesta García.
124/2007. Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas. José M.ª Contreras Mazarío y Óscar Celador
Angón.
125/2007. Las cajas de ahorros: retos de futuro. Ángel Berges Lobera y Alfonso García Mora.
126/2007. El Informe PISA y los retos de la educación en España. Olga Salido Cortés.
127/2007. Propuesta de organización corporativa de la profesión médica. Juan F. Hernández Yáñez.
128/2008. Urbanismo, arquitectura y tecnología en la ciudad digital. José Carlos Arnal Losilla.
129/2008. La televisión digital terrestre en España. Por un sistema televisivo de futuro acorde con una democracia
de calidad. Enrique Bustamante Ramírez.
130/2008. La distribución y dispensación de medicamentos en España. Ricard Meneu.
131/2008. Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas para un modelo de investigación. Juan Manuel
Vera Priego.
132/2008. Radio digital en España: incertidumbres tecnológicas y amenazas al pluralismo. Rosa Franquet Calvet.
133/2008. Dinámica emprendedora en España. M.ª Jesús Alonso Nuez, Carmen Galve Górriz, Vicente Salas Fumás y
J. Javier Sánchez Asín.
134(I)/2008. Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos de los trabajadores vol. I.
Joaquín García Murcia y María Antonia Castro Argüelles.
134(II)/2008. Negociación colectiva, adaptabilidad empresarial y protección de los derechos de los trabajadores vol.
II (Anexos). Joaquín García Murcia y María Antonia Castro Argüelles.
135/2008. El sindicalismo en España. Andrew J. Richards.
136/2008. La Genómica de plantas: una oportunidad para España. Pere Arús y Pere Puigdomènech.
137/2008. Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma. José Luis Monereo Pérez y Juan Antonio Fernández
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138/2008. Modelos de desarrollo de centros hospitalarios: tendencias y propuestas. Óscar Moracho del Río.
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144/2009. Biotecnología para una química verde, respetuosa con el medio ambiente. José Luis García López.
145/2009. Reinterpretando la rendición de cuentas o accountability: diez propuestas para la mejora de la calidad
democrática y la eficacia de las políticas públicas en España. Eduard Jiménez Hernández.
146/2009. Análisis económico de los efectos de la inmigración en el sistema educativo español. Javier Salinas
Jiménez y Daniel Santín González.
147/2009. Seguridad, transparencia y protección de datos: el futuro de un necesario e incierto equilibrio. José
Luis Piñar Mañas.
148/2009. La protección de la discapacidad en el sistema de seguridad social: propuestas de mejora. Luis Cayo
Pérez Bueno y Miguel Ángel Cabra de Luna.
149/2009. El sistema de relaciones sindicales en España: un balance general del marco jurídico y del funcionamiento
de la práctica sindical en el sistema social. Manuel Carlos Palomeque López
150/2009. El papel del “Derecho” en la crisis.Algunos aspectos de la regulación financiera y de las grandes
empresas en su relación con la Economía. Andrés Recalde Castells.
151/2009. Formación de los comunicadores en la era digital. Manuel Santiago deAguilar Gutierrez y Pedro Soler Rojas.
152/2009. Rescates y reestructuración bancaria: el caso español. Santiago Fernández de Lis , Daniel Manzano
Romero, Emilio Ontiveros Baeza y Francisco José Valero López.
153/2009. Cláusulas sociales, libre competencia y contratación pública. Daniel Martínez Fons.
154/2009. Los efectos de los conciertos sobre la eficiencia y la equidad del sistema educativo español.María
Jesús Mancebón Torrubia y Domingo Pérez Ximénez de Embún.
155/2009. Políticas de vivienda en un contexto de exceso de oferta. Julio Rodríguez López.
156/2010. El modelo de control interno del gasto público estatal. Propuestas de cambio. Ximena Lazo Vitoria.
157/2010. La flexiseguridad laboral en España. Fernando Valdés Dal-Ré y Jesús Lahera Forteza.
158/2010. Cuidado parental en la infancia y desigualdad social: un estudio sobre la Encuesta de Empleo del
Tiempo en España. María José González, Marta Domínguez y Pau Baizán.
